El Partido Verde Ecologista de México se ha comprometido con la protección del medio ambiente y la contención del deterioro ecológico; por lo que su acción política se ha orientado a la promoción de un desarrollo sustentable que permita a los seres humanos vivir en una sociedad justa y libre, pero sobre todo, en armonía con la naturaleza.

México es un país que cuenta con diversidad cultural, que concibe una mezcla de tradiciones y costumbres extraordinarias, que nos hace ser un país excepcional, con una geografía inigualable. Jalisco es un Estado lleno de riquezas naturales, las cuales pueden permitir generar un desarrollo económico y social equitativo para todos. Hoy atravesamos por desafíos que  obstaculizan el crecimiento y desarrollo adecuado de la sociedad. Ante un horizonte de violencia, violaciones de derechos, desigualdad e injusticia, es más urgente que nunca recuperar la confianza en nuestro estado para reconstruir el revestimiento social y lograr un país más armonioso.

Como nación y estado, contamos con fortalezas que pueden hacerle frente a los desafíos existentes como desastres naturales y sismos de gran intensidad. La empatía generada entre los mexicanos a causa de acontecimientos recientes se puede aprovechar para que de manera responsable, esas oportunidades se puedan convertir en logros, con el fin de construir un México más próspero, más libre y más justo.

El Partido Verde Ecologista de México busca construir soluciones mediante el desarrollo e implementación de políticas públicas que tengan como objetivo principal el desarrollo sostenible del país y del estado. Mediante la responsabilidad y el compromiso se podrán  ejecutar las propuestas que contribuyan a mejorar el rumbo.

Atravesamos dificultades sociales, políticas, económicas y culturales que se reflejan en diferentes ámbitos como son la pobreza, la corrupción, la deficiente oferta educativa y de salud, así como la inseguridad que ha derivado en una ola de violencia,  principalmente hacia las mujeres, que se ha ido incrementando con el paso del tiempo. Aunado a esto existe un problema grave de desempleo y falta de oportunidades que afecta a la sociedad en general, pero sobre todo a los jóvenes, quienes enfrentan grandes barreras que les impiden desarrollarse profesionalmente.

Desde sus orígenes, el Partido Verde Ecologista de México ha luchado por convertirse en un instrumento político de representación social de las causas que aquejan a nuestro país. No cabe duda que el esfuerzo, pasión y trabajo del partido se han visto reflejados en las urnas; esto ha sido posible gracias a la confianza depositada por los ciudadanos en la plataforma electoral del Partido Verde.

En este tenor, el Partido Verde propone políticas públicas encaminadas a una mejora en términos de  seguridad,  justicia, crecimiento económico sustentable,  empoderamiento de las mujeres, al desarrollo económico para los jóvenes, una  mejora en la educación,  inclusión social,  seguridad, una oferta de salud dirigida al público infantil y el equilibrio ambiental respetando todas la manifestaciones de la vida, protegiendo al  medio ambiente y la contención del deterioro ecológico. Estas acciones políticas se orientan a la promoción de un desarrollo sustentable que permita a los seres humanos vivir en una sociedad justa, libre y en armonía con la naturaleza.

Con esa convicción, el Partido Verde Ecologista de México presenta esta plataforma electoral, en la cual se toman en cuenta las problemáticas que se tienen en diversos sectores sociales de todas las regiones del Estado. Siempre actuando con responsabilidad y generando una relación de empatía entre la institución política y la sociedad, sin olvidar nuestros principios rectores como lo son el cuidado al medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Es importante resaltar que el Partido Verde Ecologista trabajará en conjunto con la sociedad organizada de manera participativa, democrática y libre, a fin de tomar las decisiones fundamentales de su interés, que favorezcan la protección de los recursos naturales y la protección de cada persona; impulsando también el desarrollo económico, político, social e individual en una sociedad más justa, que respeta la vida y la naturaleza.

No obstante, proteger el medio ambiente es solo una parte, ya que las condiciones sociales y políticas que enfrenta el país, ha propiciado que sea necesario también proteger  la seguridad, la economía, la educación, y la salud de los mexicanos; porque proteger es la naturaleza del Partido Verde Ecologista de México.

Durante las anteriores legislaturas federales y locales, así como con el trabajo en conjunto con las diferentes instancias de gobierno, logramos la implementación y reformas de leyes; con lo cual hemos creado avances reales y significativos en la construcción de un Estado moderno, cercano a la gente y apegado a los principios rectores del Partido Verde, mediante las siguientes acciones nacionales concretas:

• En 2013 aprobamos la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en la cual se establece un sistema de responsabilidad ambiental en el que se hace realidad el principio que el que contamine pague y repare el daño.
• Modificamos la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, con lo cual se lograron duplicar las penas actuales, quedando como sanción máxima 140 años de prisión, de esta manera los delincuentes no volverán a obtener su libertad durante toda su vida.
• Logramos se modificara el artículo 6° de la Ley General de Educación, con el objetivo de que a ningún estudiante se le condicionen los servicios educativos por el pago de alguna cuota escolar.
• Reformamos la Ley General de Educación, con el objetivo de que la educación que imparta el Estado, contemple en sus contenidos la educación ambiental y el Cambio Climático.
• Comprometidos con la protección y el trato digno a los animales, impulsamos una ley que prohíbe el uso de cualquier tipo de animal, en espectáculos circenses. Algunas de las entidades que ya modificaron sus leyes para prohibir la presentación de circos con animales son: Colima, Guerrero, Morelos, Querétaro, Chihuahua, Chiapas, Puebla, Zacatecas, Coahuila, Veracruz y el Distrito Federal.
• Reformamos la Ley de Vida Silvestre con el objeto de prohibir el aprovechamiento extractivo de mamíferos marinos y primates con fines comerciales.
• Logramos incluir en el artículo 4 constitucional, el derecho a un medio ambiente sano para todos los mexicanos.
• Logramos incluir el interés legítimo en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, con el que se faculta a las personas físicas y morales a impugnar los actos administrativos de los programas de ordenamiento ecológico, las declaratorias de ANP’s o los reglamentos y normas en la materia.
• Protegimos a los bosques de manglar restringiendo las actividades que se pueden desarrollar sobre estos ecosistemas, prohibiendo el aprovechamiento de cualquier tipo de manglar.
• Fortalecimos la figura de “Certificación voluntaria de predios destinados a la conservación” con el objetivo de ampliar las áreas naturales protegidas (ANP).
• Propusimos y aprobamos la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. Por primera vez nuestro país cuenta con un marco regulatorio que promueve el financiamiento para la producción de energías alternativas.
• Impulsamos un Fondo Especial en el presupuesto público anual para la generación de electricidad a través de fuentes renovables de energía como la solar, eólica, mareomotriz, biocombustibles y minihidráulica.
• Garantizamos el derecho al agua al conseguir una reforma constitucional que especifica el derecho que toda persona tiene al agua para consumo personal y doméstico además de su saneamiento.
• Propusimos la iniciativa de Ley General de la Calidad del Aire y la Protección a la Atmósfera, que tiene el objetivo de homologar los criterios y políticas públicas para la prevención.

En nuestro Estado de Jalisco se lograron las siguientes acciones:

• En Jalisco, ésta legislatura se propuso el inhibir conductas que dañaran el medio ambiente, para ello se propuso el promulgar la Ley de Responsabilidad Ambiental del estado de Jalisco, así como el aumentar las sanciones previstas en el Código Penal del Estado así como en la Ley de Justicia Administrativa del estado de Jalisco.
• Se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Jalisco para implementar medidas que fomenten el desarrollo sustentable y el aprovechamiento de los recursos naturales.
• Se implementó por primera vez en el presupuesto una partida presupuestal para el saneamiento del Lago de Chapala.
• Logramos reformar diversos artículos de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios que garantizan la protección y el saneamiento del agua en el Estado.
• Generamos una reforma sustancial a la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios para regular el Silencio Administrativo con la finalidad de que ésta figura deje de poner en riesgo nuestras áreas naturales por intereses mobiliarios.
• Logramos el que las empresas ambientalmente responsables, tengan benéficos fiscales por acreditar su certificación que emite el Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario.
• Incluimos en la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente en el Estado de Jalisco, el fomento a la investigación científica para la regulación de actividades tecnológicas que pretendan modificar artificialmente el clima.
• Aprobamos en el 2017 la Ley de Protección, Conservación y Fomento de Arbolado y Áreas Verdes Urbanas del estado de Jalisco y sus Municipios con la finalidad de establecer estándares generales para la protección de árboles plantados o nacidos en áreas urbanas del Estado de Jalisco.
• Modificamos la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo con la finalidad de impedir el que se hagan cambios de uso de suelo cuando se afecten áreas por incendios intencionales.
• Logramos generar incentivos fiscales para quienes implementen jardines verticales y techos verdes en sus viviendas.
• Con la aprobación de nuestra propuesta de reforma a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, apoyamos a 1484 choferes de taxi para que se les otorgara su permiso.
• Logramos reformas a la Constitución local así como a la Ley de Educación del Estado de Jalisco, para que en Jalisco la Educación sea incluyente, en donde se atienda de manera integral a las personas con alguna discapacidad.
• Propusimos el incrementar las becas hasta en un 10% así como eliminar el cobro por conceptos de reinscripción.
• Nos sumamos en el combate a la corrupción del Estado, por ello propusimos diversas reformas que hoy fortalecen nuestro Sistema Estatal Anticorrupción.
• Tipificamos como delito, cuando aprovechándose de una relación sentimental, se difundan fotos y videos de contenido erótico.
• Se logró eliminar el impuesto en materia de negocios jurídicos e instrumentos notariales, incentivando a la ciudadanía a formalizar actos legales.
• Reformamos la Ley para Fomentar la Donación Altruista de Alimentos del Estado de Jalisco, con la finalidad de fomentar la donación de alimentos que no puedan solventar sus necesidades alimentarias.
• Fomentamos el que se les brinden trabajo a los jóvenes recién egresados en empresas a cambio incentivos fiscales.

Estaremos trabajando sin descanso para que se implementen soluciones, en todos los espacios políticos a los que el voto de los mexicanos nos permitan acceder, para construir: un Jalisco seguro, un Jalisco prospero, un Jalisco en el que los jaliscienses tengan acceso a la salud, un Jalisco en el que las mujeres vivan sin miedo, un Jalisco sin hambre, un Jalisco que brinde oportunidades para todos. Con estos objetivos claros y nuestra confianza depositada en la nación y sus instituciones, todos nuestros partidarios, candidatos y simpatizantes, llevaremos a cada espacio del gobierno la siguiente plataforma electoral.

En el 2016, según el Informe sobre Desarrollo Humano (IDH) para América Latina y el Caribe, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentado en el Senado de la República, se informó que la principal amenaza para el progreso, es la recaída de millones de hogares en la pobreza, aunque la ralentización económica no es la única culpable de tal regresión. Asimismo, el Informe sostuvo recomendaciones para que México, en particular, impida retrocesos y siga avanzando en lo social, económico y ambiental, con políticas públicas de nueva generación, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Con la finalidad de no tener retrocesos y avanzar en lo social, económico, ambiental y en seguridad, el Partido Verde Ecologista de México propone en esta plataforma, fortalecer estos temas mediante una agenda de trabajo a corto y mediano plazo, para mejorar la calidad del entorno natural y urbano, garantizando mejores mecanismos de acceso a la justicia, a la salud, a un medio ambiente sano y a los derechos humanos.

Para los jaliscienses un tema importante es el de la alimentación, así que en el 2011 con la reforma constitucional en el artículo cuarto sobre los derechos humanos, incorporó la garantía para todas las personas del derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Con este cambio, se establecieron los fines del desarrollo social para el abasto suficiente y oportuno a la población de los alimentos básicos.

Alimentación y pobreza

En 2008 la población en México presentaba condiciones de pobreza extrema de alimentación se ubicaba en alrededor de 6.6 millones, es decir 5.9% de la población total del país, mientras que en 2010 este número ascendió a 7.8 millones (6.9% del total de la población), para de ahí disminuir a 7.0 millones (6.0%) en 2012. Además de la relevancia que la carencia de acceso a una alimentación adecuada reviste por sí misma, entre la población en pobreza extrema de alimentación se presentan mayores porcentajes de personas que carecen de acceso a los derechos sociales que les corresponden por ley, en comparación con las cifras correspondientes al ámbito nacional.

De acuerdo con la FAO, existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tengan en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.

A nivel teórico, el análisis del derecho a la alimentación ha tenido un desarrollo prolífico gracias a diversos estudios elaborados por la FAO; y a nivel práctico, ha sido un compromiso asumido por la comunidad internacional a raíz de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación realizada en 1996, de la cual México es parte y a través de la cual asumió su compromiso de adecuar su política a fin de combatir y erradicar los problemas de acceso a la alimentación.

Juventud y empleo

Otro tema social es la población de jóvenes, el principal problema de la juventud es su incorporación al desarrollo del estado y en el país en condiciones desfavorables, debido a dificultades para la inserción en el mercado laboral, la desvinculación entre los jóvenes y el entorno que los rodea, la deficiente formación y desarrollo de habilidades que permitan el desarrollo personal y la escasa educación sexual y reproductiva que conduce a una mayor incidencia de embarazos en adolescentes.

Mientras que los efectos más importantes de esta situación son la alta incidencia de pobreza entre la población joven, desaprovechamiento del bono demográfico que actualmente goza el país y elevada victimización de los jóvenes.

Entre los principales factores que dificultan la inserción laboral de los jóvenes destacan la carencia de programas de práctica laboral, una escasa generación de empleo, una desarticulación entre la relación educación – trabajo (demanda y oferta desvinculadas), así como una baja innovación y emprendedurismo.

Economía

Con respecto a lo económico, en el tercer trimestre de 2017 la economía mexicana registró una contracción, la cual reflejó tanto una desaceleración más acentuada de algunos componentes de la demanda agregada, como los efectos adversos aunque temporales, ocasionados por los sismos y por la importante reducción de la producción petrolera que tuvieron lugar en septiembre.

A pesar de lo anterior, las previsiones de crecimiento económico del Banco de México no han cambiado para 2018 donde se pronostica que se ubique entre 2.0 y 3.0 por ciento, en tanto que para 2019 se prevé una tasa de expansión de entre 2.2 y 3.2 por ciento.

En este escenario, se anticipa que continúe la tendencia a la baja de la inflación general anual y que esta trayectoria se acentúe durante el próximo año, conduciendo a la convergencia al objetivo de 3.0 por ciento hacia finales de 2018. Es hasta en 2019, cuando se espera que la inflación fluctúe alrededor de dicho objetivo.

No obstante, es importante destacar que el balance de riesgos para el crecimiento se ha deteriorado, y se encuentra con mayores probabilidades de ir a la baja, principalmente debido a que la incertidumbre asociada a la renegociación del TLCAN ha mantenido en niveles deprimidos la inversión y posiblemente es una de las causas de la desaceleración del consumo.

Por otra parte, el débil desempeño en el empleo refleja la disminución en la participación laboral de los jóvenes y trabajadores de más edad. Las proyecciones de la OCDE indican que el empleo y la participación en México seguirán siendo débiles hasta finales de 2018, un dato interesante es el que da a conocer la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al segundo trimestre de 2017, donde se menciona que en el país existen poco más de 770 mil jóvenes entre 20 y 29 años de edad sin empleo.

De ahí la necesidad de construir un planteamiento hacendario y social, que tome en cuenta la necesidad de establecer una red de protección social básica de alcance universal. Hoy en día existen las condiciones dadas para establecer una red de salud universal, prueba de ello, es el Paquete Económico para 2018 aprobado recientemente por el Congreso de la Unión que refuerza el compromiso del Gobierno Federal de continuar con la consolidación fiscal. Destaca que las finanzas públicas alcanzarían por segundo año consecutivo un superávit primario en 2018 y la deuda pública continuaría con una trayectoria a la baja.

Dado que las condiciones en el mercado laboral se han venido estrechando, de modo que parecería no haber holgura en dicho mercado, la situación de los jóvenes constituye un desafío que puede ser muy delicado en el futuro y que debe ser atendido sin aplazamiento, ante esta situación y el contexto económico adverso que pasa la economía mexicana, la facilitación de recursos para jóvenes para emprender sus propios proyectos de negocio y de vida es indispensable, junto con medidas que permitan incidir en un aumento de la productividad y de la competitividad del estado, así como de un crecimiento económico equilibrado, donde la creación de las Zonas Económicas Especiales vienen a tener un papel fundamental, en el cual se le debe de otorgar a los inversionistas mayores incentivos económicos para contratar y capacitar a los trabajadores originarios de las zonas de influencia, y así lograr un crecimiento económico balanceado a nivel regional.

Medio ambiente

En México y en especial Jalisco, el medio ambiente ha tenido grandes afectaciones, a consecuencia de las diversas actividades humanas que generan contaminación, así como del cambio climático, lo cual ha puesto en riesgo los recursos naturales y la biodiversidad.

El cambio climático, es la variación de temperatura en el planeta, debido a causas naturales y también por la acción del hombre. Uno de los impactos ambientales que ha generado el cambio climático es el aumento de la temperatura, esto ha producidoel aumento del número e intensidad de los ciclones tropicales, ya que existe evidencia que la intensidad de los huracanes ha sido influenciada directamente por el incremento de la temperatura de los océanos. En México diferentes fenómenos meteorológicos de este tipo han sucedido, mientras que en 27 años, de 1970 a 1997 ocurrieron 12 huracanes con categorías H3, H4 y H5, en tan solo 13 años, del 2002 al 2015 hubo 10 ciclones con las mismas categorías.

Otro efecto del cambio climático, es el aumento en el nivel del mar, causado por el deshielo de los glaciares, esto es visible en las costas del Golfo de México, como en Veracruz, donde el incremento anual fue de 1.9 milímetros y el de Ciudad Madero, Tamaulipas llego a los 9.16 milímetros. En el pacífico sobresalieron anualmente Guaymas, Sonora con 4.23 milímetros y Manzanillo, Colima con incrementos de 3.28 milímetros.

Asimismo, el cambio de temperatura y las acciones realizadas por el humano ha repercutido en el suelo. Dentro de los principales factores que repercuten en el deterioro ambiental, es la generación de residuos, la afectación a la calidad del aire, agua y suelo, problemas que provocan severos problemas de salud y afectaciones en los ecosistemas naturales. Un claro ejemplo de ello en nuestro Estado es  la contaminación atmosférica que hoy en día representa, por sus efectos en la salud humana, uno de los problemas ambientales más importantes de las ciudades tanto en los países desarrollados y en vías de hacerlo.

Tan sólo en nuestro Estado, el crecimiento acelerado de los centros de población, de las actividades industriales, así como del parque vehicular, han propiciado el aumento de la concentración de contaminantes en la atmósfera generando una destacada problemática ambiental para los habitantes de en Jalisco, tal es el caso del Área Metropolitana de Guadalajara en donde los niveles de contaminantes nocivos del aire están excediendo en muchos casos los recomendados por la Organización Mundial de la Salud, afectando directamente el desarrollo económico y social.

Así, en la Área Metropolitana de Guadalajara, por sus características y población, existen problemas relacionados con la emisión y generación de aerosoles atmosféricos, así como episodios de elevadas concentraciones de ozono troposférico, el cual es generado por emisiones primarias de óxidos de nitrógeno (NOX) y compuestos orgánicos volátiles (COVs).

Además, los efectos se manifiestan también a nivel regional como lo es la afectación de los bosques y ecosistemas acuáticos debido a la lluvia ácida o, incluso, a nivel mundial, en el proceso de calentamiento global y en la reducción del espesor de la capa de ozono estratosférico.

Estas afectaciones han incitado el que se tomen medidas que abonen en el combate al Cambio climático, como la implementación de un nuevo Programa de verificación vehicular en el Estado, la creación de una Agencia de Energía así como la creación del Plan Estatal de Desarrollo de Jalisco (PED 2013-2033)[1], cuyo fin es el de enfocar esfuerzos para mitigar los efectos del cambio climático y la huella ecológica del desarrollo.

No obstante aún con las medidas antes mencionadas,  la problemática ambiental hoy en día afecta severamente a esta mega diversidad así como a los ecosistemas a causa de la producción de sustancias contaminantes producidas por las actividades del hombre, de ahí la necesidad de seguir abonando en éstos temas que repercutan positivamente en nuestro entorno, aprovechando responsablemente el potencial de los recursos renovables que tenemos en el Estado y desde luego maximizando la eficiencia energética eléctrica en todos los sectores productivos, que nos permita el desarrollo e implementación de la política pública, estrategia, proyectos y programas estatales con una Estrategia Estatal en coordinación con los municipios, en total apego a las competencias de los tres órdenes de Gobierno.

Un ejemplo de contaminante, es el bióxido de carbono que se concentra en el aire, generado por las altas emisiones vehiculares provocadas en los congestionamientos que se generan en los horarios pico, entrada y salida de los trabajos y el traslado largo al trabajo origina estrés en las personas y desgaste físico por el tiempo que se pierde en intentar llegar al trabajo. Estos acontecimientos afectan principalmente la calidad del aire y la productividad en los centros de trabajo.

Otra problemática es la gestión integral de los residuos, como es la acumulación en los rellenos sanitarios sin cumplir con la aplicación de la legislación vigente o sin aprovechar los gases de efecto invernadero para generar energía, afectando de forma directa las propiedades físicas y químicas del suelo, también se contamina el aire y el manto freático, ya que al dejar la basura al aire libre se genera mal olor y gases tóxicos que afectan al medio ambiente.

Por otro lado, actualmente la generación de energía eléctrica a partir de las fuentes tradicionales como carbón, petróleo y gas es muy costosa y contaminante, ya que tienen un impacto ecológico negativo. Ante esto, una de las ventajas de los avances tecnológicos es la generación de energía limpia, una opción sencilla es la colocación de paneles solares para aprovechar la radiación solar.

Por otro lado, el consumo de agua es un tema que siempre está en la agenda pública. México es el quinto país en consumo de agua, con un promedio de 380 litros al día, este promedio refleja la falta de conciencia en la población, lo que ocasiona la sobreexplotación del acuífero para satisfacer la demanda del vital líquido.

Otro problema, es el maltrato animal, como es la captura de animales silvestres y la venta en malas condiciones de estas especies, como de los animales de compañía que no reciben un trato digno cuando se ponen a la venta o a la exhibición.

México forma parte de un selecto grupo de naciones a los que se les considera Mega diverso, ya que concentran el 70% de la biodiversidad a nivel mundial y Jalisco cuenta con  el lago más grande de la República Mexicana, el tercero en tamaño en América Latina y el segundo en altura de América. La falta de interés de la población en la preservación del medio ambiente y de su potencial, es una consecuencia de falta de cultura para entender la importancia del cuidado del planeta Tierra. Sin olvidar la falta de la aplicación de la normatividad por parte de la autoridad.

Seguridad

Finalmente, los retos que enfrenta México en materia de seguridad estriban principalmente en erradicar la disparidad institucional existente entre los niveles federal y local. Instituciones como el Ejército, la Marina y la Policía Federal, se caracterizan por su profesionalismo notable, mientras que las instituciones de seguridad local adolecen de elementos tanto humanos como estructurales para cumplir su cometido.

A manera de ejemplo, es preciso destacar que aunque en el Estado de Jalisco  los 125 municipios cuentan con corporaciones de seguridad pública propias, a partir de 2015 se desarmaron a 6 corporaciones municipales, con la finalidad de impulsar e implementar eficazmente el mando único, lo anterior derivado de la aprobación del Consejo Estatal de Seguridad Pública a principio del actual sexenio, para la inversión de 129 millones de pesos en programas encaminados a la prevención social de violencia y delincuencia.

Por otro lado, las condiciones laborales tampoco son las mejores para nuestros policías. Desde hace cinco años se han buscado generar condiciones de uniformidad en los sueldos, mayores y mejores prestaciones para los elementos de seguridad,  pues con la creación de la fuerza única, según datos del Gobierno del Estado se comenzó a consolidar esta visión, al garantizar que los policías en nuestra entidad fueran los mejores pagados del país con un sueldo de 22,400 pesos menos impuestos.

Acerca de la incidencia delictiva la situación en Jalisco es preocupante, pues se ha informado de manera oficial que diversos delitos van al alza. De manera particular debe destacarse que en nuestra entidad, durante el último año se registraron de manera oficial  más de 108,388 denuncias por la comisión de diversos delitos,  además de un incremento alarmante en el número de homicidios alcanzado la preocupante cifra de 1922  durante el pasado 2017, lo que nos coloca como una de las entidades federativas más violentas del país. 

Otro de los aspectos que forma parte de la problemática en materia de seguridad lo encontramos en los niveles de confianza y la percepción de la ciudadanía de las instituciones encargadas de procurarles seguridad y perseguir los delitos. Acerca de las cifras de personas que identifican a las instituciones de seguridad pública según la percepción de corrupción, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017, muestra que en Jalisco el 60 % de la población de 18 años y más, considera a la inseguridad como el problema más grave de la entidad federativa, y considerando como los más corruptos a los policías de tránsito,  jueces y a las policías preventivas municipales con un 77% 76 y 62% respectivamente.

En materia de evaluación, encontramos que las pruebas de control de confianza son un requisito de ingreso y permanencia en las instituciones de seguridad, acerca de las cuales encontramos que la mayoría de los policías fueron evaluados hace menos de un año en las siguientes pruebas: Psicológica (64%), entorno socioeconómico (58%), poligráfica (57%), toxicológica (74%) y médica (72%); De los 20 mil 536 elementos en nuestra entidad que han realizado el examen de control y confianza, 17 mil 277 lo aprobaron; es decir, 84.14%, pero tres mil 259 reprobaron (15.86%).

Por último, acerca de la percepción de seguridad por parte de los policías tenemos que 4 de cada 10 policías consideran que la situación a nivel estatal y nacional sigue igual y 1 de cada 10 considera que la situación en el país ha empeorado (respecto a años anteriores), y 8 de cada 10 policías entrevistados consideran que el número de policías en sus corporaciones es insuficiente.

En tal virtud, es imperativa la revisión profunda de los esquemas de seguridad tanto a nivel federal, como a nivel local, a fin de unificar el andamiaje legal, administrativo y presupuestal en esa materia, para lograr policías con capacidad de respuesta, capacitación, infraestructura y equipamiento, y con ello revertir las alarmantes cifras de incidencia delictiva en nuestro país y en nuestro estado.

Por otro lado, es necesario atender la problemática de la portación de armas, la cual ha derivado en la generación de un ambiente de violencia en distintas zonas del país y que va en crecimiento.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno Federal, tan solo en el año 2016 y a octubre de 2017, se han cometido un total de 13,596 lesiones con arma de fuego, y un total de 26,746 homicidios con arma de fuego; de las cuales tan sólo en el Estado de Jalisco, entre el 1 de enero de 2012 y el 20 de febrero de 2017, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) practicó seis mil 591 autopsias a personas que murieron por causas violentas, como heridas de arma de fuego, complementariamente la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017, muestra que una tasa del 43.1% de la ciudadanía fue víctima de un delito que implicó la portación de armas, lo cual magnifica lo informado de manera oficial por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues en esos conteos falta la cifra negra que a nivel general supera el 90%. Por lo tanto, es vital garantizar, por medio de controles efectivos que la portación de armas en el país sea específicamente para dar seguridad y permitir la legítima defensa de los ciudadanos, pero con políticas y sanciones precisas para evitar la comisión de delitos con ese tipo de artefactos que únicamente influyen a empeorar el clima de violencia en México.

Cabe mencionar que Jalisco, ocupa el onceavo lugar de desarme voluntario según los registros de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Entre 2008 y 2015, los jaliscienses regresaron voluntariamente tres mil 769 armas cortas y largas. Con la base de datos de la SEDENA se destaca que entre los 36 municipios de Jalisco que participaron en el programa, el que más armamento entregó fue Zapopan (858 unidades), San Cristóbal de la Barranca (678), Ameca (603), Guadalajara (414) y Sayula (409), entre otros, que intercambiaron sus armas por despensas, medicinas, materiales de construcción, herramientas, dinero en efectivo y artículos electrodomésticos, por citar algunos.

[1] Véase: http://sepaf.jalisco.gob.mx/sites/sepaf.jalisco.gob.mx/files/ped-2013-2033_0.pdf

TÍTULO: JUECES JUZGANDO Y NO ADMINISTRANDO

VISIÓN: Contar con tribunales de justicia eficientes y eficaces, en los que ya no exista rezago judicial, la atención al público sea de calidad, los litigios se resuelvan ágilmente y que los mismos sean debidamente fundados y motivados, que los recursos que se asignen del presupuesto se destinen hábilmente al mejor funcionamiento de los mismos, no exista corrupción, deje de imperar el principio de nepotismo al interior de los mismos, que el Consejo de la Judicatura Estatal se integre de forma imparcial respecto de los otros cargos del Poder Judicial, se garantice el debido proceso en las audiencias y los procesos penales duren máximo un año.

RESUMEN EJECUTIVO:

El tema de impartición de justicia es un tema de relevancia pública, es por ello, que se busca mejorar los procesos y métodos de organización y control de la administración del Poder Judicial en  el Estado con objeto de garantizar la seguridad de los ciudadanos, salvaguardar las garantías constitucionales de las víctimas y de todo proceso penal.

Aún con los diversos cambios recientes de reforma constitucionales y legales en el Estado, en materia de justicia penal y seguridad pública, que buscaron reemplazar el sistema de juicios tradicionales, caracterizado por depositar la revisión del proceso en un solo juzgado, por un modelo de corte acusatorio oral en el cual se encuentran separadas las funciones de investigación, acusación y resolución del hecho ilícito.[1] Actualmente la impartición de justicia sigue siendo un problema de seguridad pública, debido a la desconfianza de la sociedad hacia las instituciones y al aparato de justicia.

Para ello, se propone establecer sanciones a los funcionarios públicos que no cumplan con los términos legales establecidos en las leyes, con la finalidad de salvaguardar el debido proceso.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 93.7% del total de delitos ocurridos en el país en 2015 no fueron denunciados o no derivaron en una investigación por parte de la autoridad; entre los principales motivos que mencionaron las víctimas para no denunciar fueron la desconfianza en las autoridades y por considerar una pérdida de tiempo acudir con el Ministerio Público; en Jalisco en el 2014 el 50.9% no fueron denunciados, por las causas anteriores, además que no se cuenta con la confianza, teniendo un porcentaje de confianza de 43%  en el ministerio público  y un 46%  jueces.

La sociedad, en constante y permanente cambio, enfrenta problemas cada vez más diversos y de rápida ocurrencia[2]. Si bien el desarrollo tecnológico ha permitido una mayor eficiencia en el desempeño de las actividades humanas a nivel global[3], el acceso a la justicia aún puede y debe mejorar, así como la atención al público, la calidad en la atención brindada, el rezago judicial que se experimenta en los tribunales, la tardanza en la solución de los litigios, la opacidad en la transparencia y rendición de cuentas en el desempeño del encargo de los servidores públicos.

 La integración parcial del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y el funcionamiento integral de los tribunales; son problemas que podrán ser resueltos con las técnicas de organización y control modernas.

Un ejemplo de países que han modificado su marco en materia de sistema de justicia penal son: Argentina, Chile y El Salvador, en los cuales, se ha empleado el principio de división del trabajo para modernizar y volver más eficiente el Poder Judicial, mediante el establecimiento de un administrador por tribunal, que organiza y controla la gestión administrativa para que los jueces se aboquen por entero a la impartición de justicia.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS A NIVEL FEDERAL:

• Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial De la Federación, para mejorar el funcionamiento y la impartición de Justicia Con esta reforma se mejorará el funcionamiento de los tribunales, permitiéndole a los jueces encargarse enteramente de sus tareas, lo que modernizará el servicio y mejorará su calidad; se agilizarán los litigios y se utilizará el recurso público de la forma más eficiente. Además, se dotará de autonomía al Consejo de la Judicatura Estatal, pues sus integrantes serán imparciales respecto de otros cargos del Poder Judicial.
• Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para modificar el artículo 97, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito cuenten con administradores, los cuales nombrarán y removerán a los respectivos funcionarios y empleados, conforme a lo que establezca la ley respecto de la carrera judicial.
• Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para reformar el artículo 100, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal sean imparciales y se limite el principio de nepotismo al dejar la contratación del personal en manos del personal de contratación del tribunal, bajo la siguiente propuesta de reforma:

El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, cuatro Consejeros serán designados por el Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, quienes no podrán seguir siendo jueces al aceptar el cargo, para garantizar su imparcialidad respecto de otros cargos del Poder Judicial; dos Consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente de la República.

• Establecer en el artículo 211, fracción III, tercer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, que el proceso comenzará con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme; bajo ninguna circunstancia podrá durar más de un año contado a partir de la fecha en la cual se admitió el procedimiento.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS A NIVEL  LOCAL:

• Reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial Del Estado de Jalisco, para mejorar el funcionamiento y la impartición de Justicia Con esta reforma se mejorará el funcionamiento de los tribunales, permitiéndole a los jueces encargarse enteramente de sus tareas, lo que modernizará el servicio y mejorará su calidad; se agilizarán los litigios y se utilizará el recurso público de la forma más eficiente. Además, se dotará de autonomía al Consejo de la Judicatura Estatal, pues sus integrantes serán imparciales respecto de otros cargos del Poder Judicial.
• Se propone establecer sanciones a los funcionarios públicos que no cumplan con los términos legales establecidos en las leyes, con la finalidad de salvaguardar el debido proceso.
• Reforzar al consejo de la judicatura del estado como un ente administrador del Poder Judicial, para garantizar una plena impartición de justicia por parte de jueces y magistrados.

TÍTULO: MÉXICO SIN ARMAS.

VISIÓN: Sanciones estrictas por la portación de armas de fuego.

RESUMEN EJECUTIVO:

Se deben endurecer las penas por el delito de portación ilícita de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, derivado de su potencial, en virtud de ello el Partido Verde Ecologista de México propone reformar el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, adicionar al artículo 82 a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y modificar los artículos 81 y 83 de la misma Ley, ello con la finalidad de proteger a la colectividad de la inseguridad y de los abusos de quienes usan armas con el ilícito propósito de atentar contra la vida o el patrimonio de las personas.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Las armas están intrínsecamente ligadas a los delitos, en particular el robo y el homicidio, en este rubro las armas de fuego son las que más se usan, dado su alto nivel de letalidad y dan cuenta de 4 de cada 10 homicidios a nivel global^[4].

Asimismo, el mercado negro ha aumentado el flujo de armas en México, por ello se ha incrementado la posibilidad de morir incluso en hechos delictivos cuyo propósito no era en principio privar de la vida a una persona, como las riñas y robos.^[5]

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó en 2016, que de los 23,953 homicidios ocurridos en ese año, 15,581(65%) fueron perpetrados con un arma de fuego^[6].

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS PARA QUE A NIVEL FEDERAL SE REFORME LAS SIGUIENTES DISPOSCIONES:

• Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la prisión preventiva oficiosa al delito de portación de armas de fuego para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
• Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de que el delito de portación ilícita de armas de fuego para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea amerite prisión preventiva oficiosa, con la finalidad de contribuir a la seguridad pública de los estados de la República.
• Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para adicionar un artículo 82 Bis a la Ley Federal de Armas de Fuego, con el objetivo de que el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea amerite prisión preventiva oficiosa.
• Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para los artículos 81 y 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con la finalidad de aumentar la pena mínima a 5 años de prisión para el delito de portación ilícita de armas de fuego previstos en los artículos 9, 10 y 11 de la citada Ley. Sin duda, este refuerzo a la regulación constituirá un incentivo mayor para no portar armas de fuego sin el permiso correspondiente.

De acuerdo a que este tema es de propiamente Federal  se realizara lo acuerdos señalados en concordancia a las propuestas Federales, todo ello para dar apoyo y reforzar la seguridad de los Jaliscienses y como miembros del Partido Verde Ecologista de México, en el Estado consideramos que los ciudadanos verán favorable y necesario las propuestas para nuestra seguridad.

TÍTULO: MODELO ÚNICO DE POLICÍA

VISIÓN: Un México y un Jalisco más seguro, sin impunidad, en el que la población pueda confiar en la policía, por su efectividad en la prevención de los delitos.

RESUMEN EJECUTIVO:

En México y en nuestro Estado  enfrenta un grave problema de inseguridad que no ha podido resolverse con la actual heterogeneidad de cuerpos policiacos. Por ello, se proponen distintas reformas a la Constitución y a las leyes correspondientes para crear un modelo único de formación policial, a efecto de que todas las corporaciones del país sigan el mismo cúmulo de requisitos para la formación y profesionalización de sus elementos, con los máximos estándares de control de confianza y capacitación; de esta forma la policía será efectiva y el ejército podrá volver a sus funciones ordinarias. La operación de modelos únicos de formación policial ya ha funcionado en países como Chile; que encabezó los índices de confianza ciudadana en la policía nacional en 2011^[7], fue segundo lugar en menos corrupción en 2016^[8]de América Latina y está veinticuatro lugares delante de México en el Índice Global de Impunidad del 2016^[9].

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

México es el cuarto país con más impunidad en el mundo^[10], el sexto con más corrupción en América Latina^[11] y el noveno en el que los ciudadanos menos confianza le tienen a los cuerpos policiales^[12]. Esta situación refleja las dificultades que genera la existencia de modelos dispares de preparación y requisitos para las policías en los tres niveles: Federal, Estatal y Municipal. Algunas de esas dificultades son: la falta de coordinación entre mandos, la desconfianza entre los distintos cuerpos policiacos; y, la deficiencia en adoptar un mismo modelo de selección y capacitación. El incorrecto funcionamiento de la policía en tres niveles ha causado que el ejército se encargue de lo que no le corresponde para suplir sus deficiencias.

En contraste con México, Chile figura entre los países con menor corrupción e impunidad; y mayor confianza de la ciudadanía en su policía. Los logros de Chile en materia de seguridad se deben a sus políticas de prevención y persecución de los delitos, que operan a través de una policía con jurisdicción nacional altamente preparada con un mejor sueldo que la policía en México^[13].

En Chile la policía se unificó en un cuerpo nacional llamado los Carabineros en el año 1927. Antes de eso, en 1881, había dos policías municipales en las ciudades de Santiago y Valparaíso, y una policía rural para las zonas rurales.^[14] “El principal problema de estos servicios policiales era su dependencia en las decisiones del alcalde que la usaba para sus fines políticos”.^[15]En este sentido, aunque no existen estadísticas de la impunidad y corrupción de aquellos años, el funcionamiento de las policías que respondía a la arbitrariedad del alcalde, y del cual sí se tiene documentación; demuestra un progreso en comparación con los alentadores resultados que ahora consigue la Policía Chilena, que está en las mejores posiciones de confianza ciudadana en América Latina.

Un oficial de Carabineros gana un sueldo bruto de $17,664.60^[16], y para que una persona pueda ocupar este puesto de trabajo requiere acreditar haber cursado satisfactoriamente un plan de estudios que abarca las áreas: institucional, profesional, jurídica, de formación general, profesional aplicada y educación física; además que se les incorpora el inglés como segunda lengua. Una vez terminada su capacitación básica se les sigue instruyendo a opción en cursos de especialización, ingenierías y postgrados^[17], con ello se demuestra que la unificación de salarios y modelos de preparación dan mejores resultados. En Jalisco los oficiales de policía estatal y municipal en muchas ocasiones solo cuentan con estudios de secundaria o preparatoria y sus salarios varían según el municipio a en la que ejercen sus funciones, siendo el mínimo de un policía municipal $2,983.00 pesos brutos.[18]

Policía bien remunerada:

Según datos de la SEGOB ^[19], la PGR ^[20]y la página de transparencia de los Carabineros de Chile ^[21]se elaboró la siguiente tabla comparativa de los salarios brutos en pesos mexicanos de las policías en México y los Carabineros en Chile:

En Jalisco varían los salariaos de la policía Estatal y aun mas entre los Municipios, ya que un policía del estado su salario es de $7,163 y de un policía investigador B su salario es de $17,012, asimismo existe en el estado la policía de la fuerza Única el cual su salario es de $22,400. En cuanto a los municipal el ayuntamiento peor pagado es Atengo con $2,983, en cambio el Municipio de Zapopan $17,012 que corresponde al mejor pagado en nuestro Estado,

Como se observa la diferencia de salarios tanto en policías Estatales como Municipales es abrumadora. Los bajos sueldos que pueden percibir policías Estatales y Municipales son un incentivo para que participen de la corrupción y colaboren en el crimen organizado. Si en Chile los índices de corrupción y confianza en la policía se han mantenido positivos es recomendable seguir este ejemplo para evitar que el salario sea un incentivo para corromperse.

Policía altamente capacitada

Se propone seguir el ejemplo chileno y que los elementos de las corporaciones policiacas del país acrediten satisfactoriamente un plan de estudios que abarque las áreas: institucional, profesional, jurídica, de formación general, profesional aplicada y educación física. Así, la policía estará debidamente instruida para desarrollar las actividades propias de su cargo.

Las reformas no impactarán a las autoridades administrativas de los centros penitenciarios.

Un informe de Salvador Moreno, para el CESOP de la Cámara de Diputados, menciona que en México hay 17 penitenciarías federales, 278 estatales y 17 locales^[22], la pregunta pertinente al respecto es si surtiría algún cambio la administración de estas prisiones con la creación del Código Penal Nacional y de un modelo único de formación policial. Al respecto, debemos señalar que el artículo 124 constitucional establece que todas las facultades que no le son asignadas expresamente a la Federación en el texto fundamental se entienden reservadas a los Estados. El artículo 73 constitucional enumera las facultades expresas de la federación y en virtud de que sólo se reforma la relativa a expedir las leyes en materia penal, no se alteraría el ámbito competencial de estados ni municipios en cuanto a los reclusorios. Concluimos entonces que las autoridades administrativas de las cárceles Federales, Estatales y locales no se verían impactados por tal reforma.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS PARA QUE A NIVEL FEDERAL SE REALICE LO SIGUIENTE:

• Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para reformar el artículo 21 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para alinear su contenido con la existencia de un modelo único de formación policial.
• Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para reformar el artículo 21 constitucional para que en las bases mínimas para cumplir los objetivos de la seguridad pública, exista un modelo único de formación y capacitación, con los mismos requisitos para todas aquellas personas que quieran ser policías en municipios, Estados y a nivel federal, y con una mejor remuneración.
• Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para reformar el artículo 115 constitucional para alinear las responsabilidades de los gobiernos locales con la implementación de un modelo único de formación y capacitación policial, para todas las corporaciones del país.
• Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para modificar la Ley de la Policía Federal, para establecer el modelo único de formación y capacitación policial, para todas las corporaciones del país.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS PARA QUE A NIVEL LOCAL SE REALICE LO SIGUIENTE:

Como parte del sistema de seguridad publica los miembros del partido verde ecologista de México a nivel local estimamos loable y  necesario el que todos los elementos seguridad pública  se dirijan a la población  Jalisciense de manera digna. si bien es  cierto la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) brinda capacitaciones sobre la formación básica indispensable para ser policía, así como aquella específica para desempeñar adecuadamente las funciones y responsabilidades. No podemos dejar de lado la participación del ejecutivo, por lo que además será necesario para poder laborar en cualquier dependencia de seguridad publica ya sea municipal o estatal, buscar y garantizar un sistema de seguridad pública que pueda brindar el trato correcto a la población basada en los derechos humanos.  Por lo que nuestra propuesta a nivel estatal en materia de seguridad es:

• Reformar la Ley de Seguridad Pública y reglamentos en la materia para establecer la obligatoriedad de la implementación de formación especializada para los elementos de seguridad, cursos que deberán de tener un enfoque en derechos humanos, garantías constitucionales y conocimiento del marco jurídico que les permita realizar sus funciones de manera correcta y legal.
• Reformar las legislaciones legales aplicables con la finalidad que los reclutados de las áreas de reacción, cuenten mínimo con el bachillerato terminado.

[1] INEGI.  Estadísticas judiciales en el marco del nuevo sistema de justicia penal en México. 2017

[2] Luz María Palma, Modernización judicial, gestión y administración en América Latina, Acta Sociológica núm. 72, enero-abril de 2017, p. 152.

[3]Ídem.

[4] Estudio Mundial sobre el Homicidio. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 2013

[5]González, Guillermo. El incremento de la mortalidad por armas de fuego y su relación con el estancamiento de la esperanza de vida en México. Ciência & Saúde Colectiva. Brasil. 2016

[6]. Datos Preliminares revelan que en 2016 se registraron 23 mil 953 homicidios. Comunicado de prensa núm. 298/17. INEGI. 2017

[7] Darío Mizrahi, Los 10 países de América en los que la policía responde más rápido a las emergencias, infobae,2015. Consultado en http://www.infobae.com/2015/03/13/1715701los10paisesamericalosquelapoliciarespondemasrapidolasemergencias, el 30 de septiembre de 2017. [Se omiten las referencias internas]

[8] Según un análisis detallado de los datos de Transparency International, Corruption preceptions index 2016.

Consultado en https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016, el 30 de septiembre de 2017.

[9] Índice Global de Impunidad, Dimensiones de la impunidad global, UDLAP, México, 2017, p 34.

[10] Idem.

[11] Transparency International, op. cit

[12] Darío Mizrahi, op. cit.

[13] Juan Carlos, Ruiz, Colombian police policy: pólice and urban policing, 1991-2006, Doctoral thesis in politics, University of Oxford, 2009.

[14] América S.A., Aniversario Carabineros de Chile, 89 años al servicios del país, 2016.

[15] Idem.

[16] Según la conversión a pesos mexicanos del salario de los Carabineros en Chile, consultado en http://www.carabineros.cl/transparencia/sueldo/pni.html,el 25 de octubre del 2017.

[17] Escuela de Carabineros de Chile, Formación del oficial de carabineros, s.f. Consultado en: http://www.escuelacarabineros.cl/index.php/pagina/id/1, el 24 de octubre del 2017.

[18]http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/transparencia/Resultados_diagnostico_sueldos_prestaciones%20Policiales_SESNSP.pdf

[19] SEGOB, Resultados del diagnóstico de salarios y prestaciones de policías estatales y municipales del país, Mayo 2016, pp. 14, 19, 22 y 26.

[20] Según la suma del sueldo base bruto y la compensación por riesgo y mercado bruta mensual. Consultado en: http://www.pgr.gob.mx/administracionrecursos/Documents/PERSONAL/TABULADORES.pdf, el 25 de octubre de 2017.

[21] Según la conversión a pesos mexicanos del salario de los Carabineros en Chile, consultado en http://www.carabineros.cl/transparencia/sueldo/pni.html, el 25 de octubre del 2017.

[22] Salvador Moreno, Los centros penitenciarios en México. ¿Centros de rehabilitación o escuelas del crimen?, Centro de estudios sociales y de opinión pública, Cámara de Diputados LXIII legislatura, 2017.

TÍTULO: INGRESO DIGNO^[1]

VISIÓN: El trabajo está dejando de funcionar como medio para la distribución de la riqueza. Ésta se acumula cada vez más en el capital, y, como cada vez hay más capital y menos trabajo, uno de los temas sobre los cuales versa la discusión de la renta universal básica es sobre la posibilidad de gravar más al capital (anteriormente había más trabajo que capital, por lo que se justificaba un mayor gravamen al trabajo).

El trabajo es un mal y se acepta sólo como un medio para obtener ingresos. En la medida en que el trabajo ya no es suficiente para obtener una vida digna (las remuneraciones están, cuando mucho, estancadas en comparación con el crecimiento de las ganancias del capital), es necesario implementar mecanismos para asegurársela a todas las personas, independientemente de su relación con el trabajo.

En el caso de México, no sólo sucede que las personas con trabajo formal no ganan, en promedio, suficiente para tener una vida digna; además, más del 27^[2] por ciento de la población ocupada lo hace en el sector informal, con lo que es menos probable que reciba beneficios relacionados con el trabajo y, por consiguiente, tengan menores probabilidades de acceder a una vida digna.

Al implementar un esquema de renta mínima básica (la garantía de que toda persona cuente con un ingreso mensual mínimo), se obtendría para todas las personas un piso mínimo de ingresos, independientemente de su condición laboral, y se acabaría, en principio, con la pobreza.

Adicionalmente, la disposición libre de recursos adicionales para todas las personas fomentaría su libertad de elección y el funcionamiento de las fuerzas de mercado.

Por otro lado, existe la idea de que con ello se puede evitar el clientelismo electoral por la dependencia de lo que los candidatos dan a cambio del voto, así como el eliminarla burocracia que actualmente se ocupa de la operación de los programas sociales sobre el combate a la pobreza, además de los altos costos administrativos que conlleva la discriminación (focalización) de beneficiarios elegibles de estos programas.

La Constitución Política de la Ciudad de México establece ya el derecho a un mínimo vital a todas las personas para asegurar una vida digna (artículos 9, 10, 17).

RESUMEN EJECUTIVO:

Los ingresos generados por el trabajo no son suficientes en México para garantizar una vida digna a todas las personas. El trabajo cada vez participa menos de la riqueza del país.

El gasto en desarrollo social y, particularmente el relacionado con el combate a la pobreza, es considerable, sobre todo en relación a los magros resultados alcanzados a la fecha.

Se considera que existen recursos suficientes dentro del presupuesto de egresos para financiar una política de renta mínima, sin necesidad de aumentar los gravámenes, pero sí con adecuaciones presupuestarias fuertes (Desarrollo Social y recursos transferidos a las entidades federativas vía participaciones y aportaciones), debiendo plantearse un cambio a la Ley de Coordinación Fiscal.

Sería recomendable realizar un estudio de factibilidad y una prueba piloto rigurosa previo al cambio de política pública.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

De acuerdo con información publicada por el INEGI^[3], en México la proporción que representa la remuneración de los hogares respecto de la producción total cayó del 15.7 por ciento en 2003 al 12.2 por ciento en 2015, es decir, una disminución de 3.5 puntos porcentuales en 12 años. En Jalisco el porcentaje de la población económicamente activa en el 2015  es del 53.3 por ciento, según la página oficial del INEGI[4]

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo a 7 de cada 10 jaliscienses que trabajan y que el patrón los registra ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ganaron tres salarios mínimos o menos al día en el primer trimestre de 2017, es decir 7 mil 203 pesos mensuales o menos y que la cantidad aproxima que requiere un jalisciense es de 240 pesos para cumplir las necesidades básicas.

Es importante mencionar que los dos millones 671 mil 224 jaliscienses remunerados, 920 mil 260(34.4%) ganan entre dos y tres salarios mínimos; 734 mil 063 trabajadores (27.48%) perciben un sueldo de uno a dos salarios mínimos, es decir, de dos mil 400 a cuatro mil 800 pesos al mes. Finalmente, 175 mil 362 jaliscienses se las tienen que arreglar con 80 pesos diarios o menos al día.[5]

De allí que una necesidad apremiante, para los organismos oficiales de la materia laboral, sea incrementar el salario mínimo, actualmente valorado en 80.04 pesos diarios.

Por otro lado, el salario promedio disminuyó 19.1 por ciento en términos reales de 2005 a 2016, a pesar del incremento de los salarios mínimos (1.1 por ciento en términos reales) y del número de personas trabajadoras. El hecho es que cada vez hay más trabajadores, pero cada vez ganan menos.

De acuerdo con el CONEVAL^[6], el costo mensual de una canasta básica alimentaria urbana (línea de bienestar mínimo) ascendió, en diciembre de 2016, a 1,370 pesos mensuales por persona, mientras que el valor de la canasta no alimentaria urbana (que incluye transporte, educación, vivienda, entre otros) ascendió a 1,395 pesos mensuales por persona. Con ello, el valor de la canasta alimentaria más no alimentaria urbana (línea de bienestar), ascendió a 2,765 pesos por persona al mes.

Si una persona generadora de ingresos promedio ganaba en 2016 cerca de 5 mil pesos al mes y, considerando que en cada hogar hay cuatro personas, dos de las cuales son generadoras de ingresos, se tiene que los 10 mil pesos no alcanzan para cubrir las necesidades alimentarias y no alimentarias de ese hogar (11,060 pesos al mes).

Lo anterior confirma la teoría respecto de que cada vez el trabajo es menos remunerador y que cada vez sirve menos como medio para distribuir la riqueza de un país.

Desde hace ya varios años, en México se gasta un monto considerable de recursos en programas de combate a la pobreza que son complicados y tienen altos costos de administración.

El gasto en desarrollo social (como función de gobierno) representó en 2016 el 55.3 por ciento del total de gasto programable^[7] o 2.3 billones de pesos. El gasto del Ramo 20 Desarrollo Social ascendió a 106,133.3 millones de pesos (mdp), de los cuales el 98.0 por ciento se destinó a Protección Social (Prospera, INAPAM, estancias infantiles, Liconsa, empleo temporal, entre otros, destinados principalmente al combate a la pobreza).

Sin embargo, la pobreza no logra disminuir como se hubiera esperado. El número total de personas que vive en condiciones de pobreza sigue aumentando (aunque con relación al total de la población sí se ha logrado disminuir).

El número total de personas que viven en condiciones de pobreza pasó de 52.8 millones de personas en 2010 a 53.4 millones de personas en 2016^[8].

Por su parte y de acuerdo con el análisis realizado por el CONEVAL^[9], de los 148 programas vigentes en 2017 del Listado CONEVAL de Programas y Acciones de Desarrollo Social 2017, 111 no fueron prioritarios en cuanto a su contribución a la disminución de pobreza por ingresos. Sin embargo, de éstos, cinco fueron prioritarios para mejorar el acceso a la salud, cinco para mejorar la calidad y espacios de la vivienda, dos para combatir el rezago educativo y cuatro para mejorar el acceso a los servicios básicos de vivienda, tres de los cuales son los mismos que contribuyen a mejorar la calidad y espacios de vivienda. Así, se tiene que, de los 148 programas del listado del CONEVAL, hay en principio, 98 que no fueron prioritarios para el combate a la pobreza ni por la dimensión de ingresos, ni por la dimensión de carencias sociales^[10]. Cabe señalar, que una revisión más a detalle de la documentación del propio CONEVAL hace suponer que de esos 98 no prioritarios, 45 programas sí contribuyen a la garantía de algunos de los derechos sociales, lo que hace a 53 programas de desarrollo social (no sólo operados por la Sedesol) irrelevantes para el combate a la pobreza o para la garantía de derechos sociales.

Es evidente la necesidad de revisar y, en su caso, adecuar las políticas públicas relacionadas, para que en el País y en el Estado de Jalisco contemos con un ingreso digno, que pueda contribuir a una mayor comodidad y una vida laudable para los jaliscienses, asimismo fortalecer las condiciones de inversión, seguridad, legislación laboral de nuestro Estado, para que se fortalezcan los empleos

Si se buscara que todas las personas tuvieran al menos un ingreso igual a la canasta básica alimentaria, es decir, que no hubiese personas en situación de pobreza extrema por este motivo, se tiene que debieran erogarse cerca de 154,097.1 mdp al año (personas en condición de pobreza extrema -9.3 millones- recibiendo el valor de la canasta básica alimenta- 1,369.7 pesos al mes).

Si se buscara que todas las personas tuvieran al menos un ingreso igual a la canasta básica alimentaria más la no alimentaria, es decir, que no hubiese personas en situación de pobreza por este motivo, se tiene que debieran erogarse cerca de 1,048,393.5 mdp al año (9.3 millones de personas en condición de pobreza extrema recibiendo el valor de ambas canastas – 2,764.8 pesos al mes– más 44.1 millones de personas recibiendo el valor de la canasta básica no alimentaría de -1,395.1 pesos al mes).

Ni siquiera la suma total de presupuesto del Ramo 20 Desarrollo Social alcanza para cubrir alguno de los escenarios (106 mil mdp en 2016). Podrían sustituirse algunos de los programas de desarrollo social (no sólo los del Ramo 20) que, de acuerdo con el CONEVAL no contribuyen a mejorar los ingresos o a garantizar alguno de los derechos sociales y cuyo presupuesto aprobado 2017 suma poco más de 272 mil mdp. Sin embargo, es necesario llevar a cabo una revisión a detalle de estos programas, para evitar la desaparición de aquéllos que podrían estar beneficiando a la población. Cabe resaltar, que los programas de desarrollo social generalmente no se determinan por alguna Ley, pero por Reglas de Operación o Lineamientos, los cuales pueden ser modificados por el Ejecutivo (ver artículos 10, 17, y 26 de la Ley General de Desarrollo Social.

Para modificar la política de desarrollo social en el sentido propuesto no sería estrictamente necesario modificar la Ley General de Desarrollo Social, ya que ésta se encuentra redactada en términos generales. Es posible modificar la política y los programas de desarrollo social a través de la Comisión Nacional de Desarrollo Social (ver artículo 50 de la LGDS) o del Consejo Consultivo de Desarrollo Social (ver artículo 56 de la LGDS), aunque su definición corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social (ver artículo 43 de la LGDS) y la propuesta de recursos a destinarse a la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social (ver artículo 52 de la LGDS).

Como fundamento legal de la propuesta se podrían mencionar los artículos 9; 11, fracción II; 14, fracción I; 21; 29 a 32 de la LGDS. Sin embargo, sí se podría reforzar esta propuesta de política agregando una fracción (X) al artículo 19 de la LGDS para incluir los programas de distribución del ingreso o bien agregando especificidad a la fracción III de ese mismo artículo. También agregando un numeral (5) al artículo 31 para establecer la entrega de recursos para mejorar los niveles de ingresos de las personas que habitan en las Zonas de Atención Prioritarias. Sería posible también adecuar la redacción del artículo 25 de la LGDS para que el Fondo a que se refiere el mismo se pueda establecer también con el objeto de erradicar la pobreza o la pobreza extrema (como fenómeno económico).

Para la obtención de los recursos que sirvan para financiar esta propuesta de política, se podría revisar la Ley de Coordinación Fiscal a fin de que se destinen recursos que actualmente se entregan a las entidades federativas como parte de la coordinación fiscal, con el objetivo de erradicar la pobreza o la pobreza extrema. Se podría proponer la creación del Fondo a que se refiere el artículo 25 de la LGDS (ya modificado el artículo).

Se podrían a su vez utilizar algunos de los recursos de participaciones o aportaciones previstos en la Ley de Coordinación Fiscal para reorientar el gasto, por ejemplo, del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) de 21 mil mdp y/o del Fondo General de Participaciones, con 528 mil mdp. El argumento es sencillo, se regresan recursos a las entidades federativas a través del beneficio directo de las personas que habitan en ellos y la erradicación de la pobreza extrema.

Sin embargo, sería altamente recomendable realizar una valoración de factibilidad y una prueba piloto rigurosa previo a la modificación de la política pública (como sucede ya en varios países), preferentemente en conjunto con el Consejo Consultivo.

Impacto presupuestal

• 154,097.1 millones de pesos (mdp) al año (9.3 millones de personas en condición de pobreza extrema recibiendo el valor de la canasta básica alimentaria- 1,369.7 pesos al mes); o,
• 1,048,393.5 mdp al año (9.3 millones de personas en condición de pobreza extrema recibiendo el valor de ambas canastas – 2,764.8 pesos al mes– más 44.1 millones de personas en condición de pobreza recibiendo el valor de la canasta básica no alimentaria -1,395.1 pesos al mes).
• En el caso de la prueba piloto, el costo dependerá del enfoque y del tamaño de la muestra.
• El costo operativo puede ser absorbido por la infinidad de programas en materia de desarrollo social que existen y que, en su caso, sean suprimidos o sustituidos. Recordar que para diversos programas se establece actualmente un límite, generalmente en sus reglas de operación (por ejemplo, en PROSPERA es del 4.61 por ciento de su presupuesto total asignado, ver Reglas de Operación, numeral 5.3.3, en el Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 2016).

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS PARA QUE A NIVEL FEDERAL SE REALICEN LAS SIGUIENTES ACCIONES:

• Revisar la política de desarrollo social, particularmente la de combate a la pobreza y valorar sus resultados.
• Analizar la posibilidad de modificar o intercambiar ciertas políticas de desarrollo social por un esquema de renta mínima básica.
  • Llevar a cabo un estudio de factibilidad.
  • Realizar una prueba piloto rigurosa y controlada, de tal manera que se puedan valorar todos los aspectos necesarios (carencias, patrones de consumo y de inversión, por ejemplo).
• En caso de que tengan éxito los estudios y pruebas, promover las siguientes modificaciones:
• Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para reformar la Ley General de Desarrollo Social
  • Artículos 19, para incorporar los programas de distribución del ingreso o financiamiento de una vida digna;
  • Artículo 31, para establecer la entrega de recursos para mejorar los niveles de ingresos (o asegurar una vida digna) de las personas que habitan en las Zonas de Atención Prioritaria;
  • Artículo 25 para adecuar el objeto del Fondo a que se refiere el mismo (incluir el financiamiento de una vida digna).
• Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para reforma la Ley de Coordinación Fiscal

• • • Artículos 2 y 6 para cambiar la integración y fórmulas de distribución del Fondo General de Participaciones;
    • Artículos 25, 39 a 41 y 52 para
      • Cambiar de nombre al FAM, incrementar el monto destinado a este Fondo (los recursos provendrían del Fondo General de Participaciones modificado arriba) y ajustar su objeto y destino;
      • Incluir un nuevo Fondo, relacionado con el artículo 25 de la LGDS, destinado al combate a la pobreza y pobreza extrema a través de la entrega de recursos de manera directa a las personas que así lo requieran, ambos para el financiamiento del derecho a una vida digna de todas las personas.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS PARA QUE A NIVEL LOCAL SE REALICEN LAS SIGUIENTES:

• Exhortar a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) a efecto de impulsar el aumento salarial  de los jaliscienses, para un ingreso digno.
• Reformar la Ley de Hacienda Estado de Jalisco, a fin de otorgar incentivos fiscales a los patrones, con el propósito de impulsar un salario digno a los trabajadores.
• Modificar diversos artículos del Presupuesto de Egresos del Estado para otorgar apoyos a los ciudadanos y estén en condiciones de obtener un ingreso suficiente.
• Reformar la Ley de Desarrollo social para el Estado de Jalisco

TÍTULO: GENERA TU PROPIO EMPLEO

VISIÓN: Disminuir el desempleo y mejorar las condiciones económicas y sociales de los jóvenes menores a 29 años con actitud emprendedora.

RESUMEN EJECUTIVO:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho al trabajo digno y socialmente útil, así como la promoción para la creación de empleos y la organización social del trabajo (artículo 123, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

Las personas jóvenes tienen derecho a un desarrollo integral, que incluye el desarrollo humano, social, económico, político y cultural, y a ser consideradas como sujetos prioritarios. Sin embargo, de acuerdo con el Diagnóstico de la Situación de los Jóvenes en México, el principal problema que enfrenta la juventud en México es que se incorpora al desarrollo del país en condiciones desfavorables, lo que se debe, entre otras causas, a dificultades para la inserción en el mercado laboral y a una deficiente formación y desarrollo de habilidades que permitan el desarrollo personal.

Es por esto y con la finalidad de coadyuvar a un aprovechamiento del bono demográfico a favor del crecimiento económico que en el Partido Verde proponemos reformar la Ley de Coordinación Fiscal donde se busca crear el Fondo de Fomento a las Incubadoras de Bienes y Servicios para los Jóvenes Empresarios, dando un mayor impulso a los planes y programas que permitan el desarrollo de la juventud, así como a la generación de empleos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

La falta de competitividad y las ineficiencias han limitado el crecimiento económico, haciendo que la creación de empresas y las inversiones en México sean incipientes, lo cual provoca los millones de desempleados, sin garantizar una generación de empleos suficientes para la oferta laboral.

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2016) se estimó para ese año un total de 19.9 millones de jóvenes entre los 20 y 29 años de edad  y, con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al segundo trimestre de 2017, en el país existen poco más de 770 mil jóvenes sin empleo abarcando el mismo rango de edad antes señalado.

De igual forma, en el país se han puesto en marcha diversos programas en apoyo a la juventud con el objetivo de impulsar el desarrollo de dicho sector de la población. Un ejemplo de ello es el Programa Crédito Joven, cuyo objetivo es fomentar la inclusión financiera de los jóvenes mediante productos y servicios financieros con tasas preferenciales. A través de dicho programa se otorgan créditos a personas físicas sin historial crediticio para proyectos emprendedores por montos que van desde los 50 mil hasta los 2.5 millones pesos. Sin embargo, a pesar de que este programa constituye un sistema de facilidades bancarias para personas jóvenes, así como una modalidad para fomentar el auto empleo, la innovación y el emprendimiento, los apoyos a los jóvenes son insuficientes, en la actualidad millones de ellos no consiguen empleo.

Es por esto que se pretende reforzar las acciones llevadas a cabo en esta materia mediante la creación de un Fondo de Fomento a las incubadoras de Bienes y Servicios.

JUSTIFICACIÓN

Se prevé la creación de un fondo que alcance un monto equivalente al 0.25% de los ingresos generados por concepto de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Esto significaría que, con datos aprobados y publicados en la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2018 , el monto sería de alrededor de 1,054.4 millones de pesos y, considerando un monto para los vales de 50 mil pesos, se tiene que se estarían beneficiando más de 21 mil jóvenes de la población objetivo cada año.

Deben para ello considerarse los montos que actualmente se destinan para los jóvenes cada año. En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, aprobado por la Cámara de Diputados, (específicamente en el anexo 17), se tiene que existen erogaciones para el desarrollo de jóvenes por la cantidad de poco más de 244 mil 587 millones de pesos, dividido en diferentes ramos como Defensa Nacional, Agricultura, Educación, entre otros. Lo que se busca con esto es lograr una reasignación de los recursos que se destinan a los jóvenes y canalizarlos a este nuevo fondo que habrá de construirse (ejemplo de estos pueden ser el programa de Apoyo a Pequeños Productores y Fondo de Nacional del Emprendedor).

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS PARA QUE SE REALICEN LAS SIGUIENTES ACCIONES:

• Modificar los artículos 25 y 53 de la Ley de Coordinación Fiscal para que se incluya el Fondo de Apoyos Económicos para Jóvenes Egresados, que beneficiará a jóvenes recién egresados en un lapso no mayor a 5 años a la fecha de solicitud del recurso y que éstos sean destinados al impulso o establecimiento de actividades relacionadas o afines a la profesión determinada en la cédula profesional del solicitante y además se garantice que las actividades a realizarse con cargo al fondo se realicen en el lugar donde haya constituido su domicilio y acreditado una residencia de al menos 7 años.
• Crear un programa de apoyo con el fondo que se propuso crear con el 25% de los ingresos generados por concepto de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). para apoyar a las empresas con incentivos fiscales a los que contraten a jóvenes recién egresados,

TÍTULO: MÁS EMPLEOS PARA EL DESARROLLO REGIONAL

VISIÓN: Mayores oportunidades de empleo para los habitantes pertenecientes a las Zonas Económicas Especiales.

RESUMEN EJECUTIVO:

En 2016, la inversión extranjera directa (IED) alcanzó a nivel mundial 1.75 billones de dólares, representando una caída del 2 por ciento respecto de 2015 y un nivel muy por debajo del observado en 2007^[11]. De entre las principales economías receptoras de IED, México se posicionó en el lugar 16 en 2016 (con 27 mil millones de dólares -mmdd), después de haber ocupado el lugar 13 en 2015 (con 33 mmdd).

En la búsqueda de propiciar una mejor dispersión de la inversión y de propiciar un desarrollo económico más equitativo, el 1 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, que se creó con el objeto de regular la planeación, el establecimiento y la operación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) para impulsar el crecimiento económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la provisión de servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas saludables y productivas, en las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social, a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población^[12].

Las ZEE se definen en la Ley como áreas geográficas del territorio nacional, sujetas a un régimen especial, en las cuales se podrán realizar diversas actividades. Las ZEE se establecen con el objeto de impulsar, a través de la inversión productiva, el crecimiento económico sostenible, sustentable y equilibrado de las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social y que cumplan con ciertos requisitos^[13].

Las ZEE se crean a partir de la emisión de una declaratoria por parte del Ejecutivo Federal, misma que se publica en el DOF una vez que se cuenta con un dictamen emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Si bien tanto en la Ley como en los decretos de creación de cada una de las ZEE de busca la promoción del empleo de calidad, es posible que las ZEE generen movimientos migratorios hacia las mismas que resulten en la contratación de personas no originarias de la zona, pero de otras zonas del país e, incluso, extranjeras.

El estado de Jalisco cuenta con zonas de pobreza extrema como lo son los municipios de Santa María del Oro, Chimaltitan, y Jilotlan de los dolores, sin embargo estos municipios cuentan con una gran variedad de recursos los cuales pueden ser aprovechados si se realiza una inversión para el aprovechamiento de estas tierras.  Por tanto, estos municipios se pueden considerar como ZEE en los cuales se podría  impulsar el crecimiento económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la provisión de servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas saludables y productivas  en las regiones del estado que tengan mayores rezagos en desarrollo social como las antes mencionas, a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población. Con ello el estado buscara reducir de manera gradual el alto índice de pobreza y desempleo que se tienen actualmente en estas zonas del estado de Jalisco.

Lo que pretende el Partido Verde es que se aproveche la coyuntura de las ZEE para fomentar el empleo de las personas que habitan en las zonas que las conforman, en la idea de favorecer su empleo y no el de personas foráneas, lo que contribuirá a la generación de más y mejores oportunidades de desarrollo para las personas locales.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Las ZEE se enfrentan a distintos problemas. La decisión de una empresa para invertir no sólo toma en cuenta los aspectos comunes del modelo planteado por el gobierno (facilidades fiscales y de infraestructura), pero también considera toda una serie de características como el marco regulatorio, el tipo de capital humano disponible y los requisitos burocráticos para establecerse, desarrollarse y poco a poco expandirse. Dentro de los problemas se detecta el marco regulatorio (principalmente el cumplimiento de las NOMS y NMX) y el capital humano radicado en las ZEE.

El establecimiento de las ZEE da incentivos en términos de desarrollo de capital humano. Se prevé un incentivo fiscal para la capacitación (deducción del 25 por ciento del costo de la misma^[14]). Sin embargo, no se detecta en el marco normativo aplicable algún ordenamiento o incentivo específico para la contratación de personal radicado en las propias ZEE lo que permita a los habitantes de las mismas mejorar sus capacidades y oportunidades.

El Partido Verde busca aprovechar la coyuntura de las ZEE para incentivar el empleo formal de las personas que habitan las regiones en las cuales se establezcan las mismas, con ello promover su capacitación y contribuir así a un desarrollo económico y social más equitativo en el país.

IMPACTO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR LA CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES ORIGINARIOS DE LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

Uno de los principales objetivos de la creación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) en México es que los habitantes tengan las mismas posibilidades de desarrollo y bienestar que el resto del estado, con la finalidad de cerrar las brechas regionales mediante la creación de nuevos polos de desarrollo industrial que atraigan inversiones, generen empleos, eleven la presencia de actividades económicas de alta productividad y traigan beneficios a la población en las zonas de influencia.

Dentro de los estímulos en términos de desarrollo de capital humano que prevé la actual normatividad de las ZEE, está el de otorgar un incentivo fiscal que consta de una deducción del 25 por ciento del gasto que erogaránlas empresas por concepto de la capacitación su personal laboral.

Sin embargo, no se detecta en el marco normativo aplicable algún ordenamiento o incentivo específico para la contratación de personal radicado en las propias ZEE, que permita a los trabajadores de las Áreas de Influencia de las ZEE, mejorar sus capacidades técnicas y oportunidades y; establecer procesos productivos y de servicios a la altura del contexto internacional; en ese sentido, la fuerza laboral es el principal factor para que esto sea posible, con capacitación constante se logrará contar con una industria calificada en los más altos estándares técnicos y tecnológicos.

Ante tal situación, se propone que cuando se trate de la contratación de un trabajador originario del Área de Influencia de la ZEE, la capacitación que se le proporcioné por la empresa sea totalmente deducible ante la Hacienda Federal en un 100 por ciento.

Para conocer el impacto presupuestario que tendría dicha propuesta, a las Finanzas Públicas de país, se considera lo siguiente:

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público con base a sus diagnósticos y evaluaciones internas, en enero de 2017, mediante comunicado, dio a conocer, que las Zonas Económicas Especiales generarían 280 mil empleados en 10 años^[15], es decir, 28 mil empleos en promedio anual.

De acuerdo con la revista Training Industry Report, las empresas se gastan aproximadamente 1,200 dólares por empleado al año en su capacitación^[16] cubriendo los estándares internacionales de calidad.

Dicho anterior, la estimación presupuestaria de la propuesta en comento sería la siguiente:

             Fuente: Elaborado con información de la SHCP y de la Revista Training Industry Report

El gasto fiscal que representaría para la Hacienda Pública Federal cubrir por completo la capacitación de los trabajadores originarios de las Áreas de Influencias donde estén establecidas las ZEE, ascendería en su límite máximo, a un monto estimado de 478.8 millones de pesos en promedio anual.

Con este estímulo fiscal, las empresas tendrían un incentivo muy atractivo en contratar a un trabajador originario de cada una de las Zonas Económicas Especiales, pero más aún, otorgarle una capacitación con los máximos estándares internacionales de calidad, al ser ésta cubierta por el Estado Mexicano, lo cual repercutirá en un incremento significado en la productividad laboral de cada una de las regiones beneficiadas.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS PARA QUE SE REALICEN LAS SIGUIENTES ACCIONES:

• Modificar los artículos 33, fracción XIII y 35, fracción VII de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales para promover el empleo/contratación de las personas que habitan los territorios en donde se establezcan las ZEE.
• Incluir las zonas de Santa María del Oro, Chimaltitan, y Jilotlan del estado de Jalisco como Zonas Económicas Especiales, brindando la oportunidad de promover el empleo y el crecimiento económico de las zonas en donde se realice inversión.

TÍTULO: MÉXICO SIN HAMBRE

VISIÓN: Evitar el desperdicio de alimentos mediante la generación de esquemas de recuperación, a efecto de garantizar el derecho humano a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, a aquellos sectores de la población que por diferentes causas no pueden satisfacer esa necesidad básica, así como aminorar las afectaciones ambientales por la producción de alimentos que no sean consumidos.

RESUMEN EJECUTIVO:

Según datos del Banco Mundial, en todo el mundo se pierde o desperdicia entre un cuarto y un tercio de la producción de alimentos para el consumo humano^[17]. La Organización de las Naciones Unidas  para la Alimentación y la Agricultura (FAO) coincide con lo anterior al afirmar que en América Latina y el Caribe se desperdicia el 35% de los alimentos que se producen. La recuperación de éstos permitiría alimentar a la población en situación de hambre en México, que según cifras del CONEVAL de 2016^[18], asciende a 24.6 millones de personas.

Un estudio realizado por el Banco Mundial toma una muestra de 79 alimentos desperdiciados, de cuyo análisis se concluye que se generan 36 millones de toneladas de CO² eq., la misma cantidad de emisiones generadas por 15.7 millones de vehículos.

Además, el agua utilizada en la producción de la misma muestra, asciende a cerca de 40 billones de litros de agua que finalmente se pierden. Este volumen sería suficiente para proveer a todos los mexicanos durante 2.4 años.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

La merma, pérdida^[19] y desperdicio de alimentos en México, es equivalente al 35% de los alimentos producidos. El desperdicio se puede dar en las etapas de producción, pos-cosecha y procesamiento de alimentos, así como de venta minorista y consumo final.

En nuestro país, la problemática de pérdida de alimentos es mayor en los primeros eslabones de la cadena de producción de alimentos (desde la pre-cosecha).

En la fase de producción primaria la cosecha no compensa el costo del transporte e incita a los productores a dejar los productos en el campo, debido a la volatilidad de precios del mercado. También se pierden alimentos en esta etapa porque en ocasiones no cumplen con estándares de calidad exigidos por el mercado. Lo mismo sucede con el producto cosechado, que se pierde por no alcanzar los criterios de calidad. En la industria de la transformación la pérdida se debe a envases o embalajes dañados (caja de cereal dañada), o errores de envasado (errores de impresión).

En la etapa de distribución y comercialización, se pierden alimentos por mal manejo, principalmente de los perecederos, por tener una fecha próxima de caducidad o por que exceden la misma.

Finalmente, en la fase de consumo se desperdicia gran cantidad de alimentos debido a los malos hábitos de planificación al comprar los alimentos o falta de comprensión de las etiquetas, entre otros factores. En hoteles, restaurantes, comedores escolares y hogares, se desechan alimentos ya preparados, por no ser del agrado del consumidor.

Las actividades de recuperación son realizadas mayormente por los bancos de alimentos que hoy en día son iniciativas privadas que atienden la problemática en distintas entidades federativas. A la fecha, la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos de México, de Alimentos es la segunda más grande del mundo y tiene la capacidad de recuperar alrededor de 125 mil toneladas anuales de alimentos alimentando así a 1.2 millones de personas, a través de sus 60 bancos afiliados. Sin embargo la cantidad recuperada sigue siendo mucho menor a lo que se desperdicia.

El problema de carencia alimentaria que existe en México, no es un tema de insuficiencia de alimentos, sino de aprovechamiento y distribución ineficiente de  los mismos.

La pérdida de alimentos tiene impactos sociales, económicos y ambientales. Implica la utilización de recursos naturales e insumos agrícolas que también acaban desperdiciándose y generando impactos innecesarios, reduce la disponibilidad local y mundial de alimentos, genera pérdidas de ingresos para los productores, aumenta los precios para los consumidores e impacta de manera negativa en la salud y nutrición de la población. También genera contaminación del aire (emisiones de GEI durante el proceso de producción y en la disposición final de residuos orgánicos), del suelo y agua (uso ineficiente de agroquímicos).

IMPACTO PRESUPUESTAL

Actualmente en América Latina y el Caribe se desperdicia el 35 por ciento de los alimentos, cuya recuperación permitiría alimentar a la población en situación de hambre en México (alrededor de 24.6 millones de personas).

Desde 1995 existe en México la asociación civil Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, A. C. (BAMX), que cuenta actualmente con más de 60 puntos de distribución en el país y atiende a 1.3 millones de personas que tienen carencia alimentaria. Su labor ha permitido el rescate, en 2014, de 117 millones de kilos de alimento aptos para el consumo humano^[20]. Sin embargo, la cantidad recuperada sigue siendo mucho menor a lo que se desperdicia.

En el siguiente cuadro se analizan los aspectos más relevantes y su posible impacto presupuestario.

Cuadro 1. Análisis de los aspectos relevantes de la propuesta

Fuente: elaboración propia.

En el estado de Jalisco no se cuenta con alguna ley que tenga alguna de las facultades que se mencionan sobre los bancos de alimentos a nivel federal, solo se cuenta con el  Código de asistencia social del estado de Jalisco. Art. 256 a 272 el cual regula a los bancos de alimentos tanto su integración, como los estímulos y sanciones que pueden tener.

1. Gasto de operación

Se tienen los siguientes supuestos:

• Se colaboraría con DICONSA, aprovechando su infraestructura para generar economías de escala.
• DICONSA cuenta con la red de abasto social más grande en toda América Latina, con 300 almacenes, más de 27 mil tiendas comunitarias fijas, 295 móviles y 151 centros de atención a beneficiarios, instalados a nivel nacional. Tiene amplia presencia en los municipios que son atendidos a través de la Cruzada Nacional Contra el Hambre y lleva productos que procuran una alimentación sana, variada y suficiente en los comedores comunitarios de todo el país^[22].
• Se cuenta con la posibilidad de dotar de instalaciones físicas a los bancos de alimentos en cada uno de los municipios del estado sin erogar recursos adicionales.
• No se sustituye la labor de la red de BAMX, pero se complementa. Ello significa que los gastos que actualmente realiza el Estado y los donativos que se reciben por la Red no se desplazan hacia los bancos de alimentos de nueva creación (podría crear conflictos con la sociedad civil y el sector privado que la apoya).

Dado que no se cuenta con información a detalle sobre la operación de los bancos de alimentos, se utiliza como un aproximado el gasto anual que realiza BAMX. De acuerdo con el Informe 2015 de BAMX^[23], la red cuenta con 58 bancos de alimentos, una oficina de servicio nacional y un centro nacional de acopio y distribución. La red de bancos de alimentos del Estado propuesta estaría, en principio, conformada por 32 bancos de alimentos y, posiblemente, una oficina central y un centro nacional de acopio y distribución. En caso de requerirse de un mayor número de centros de acopio, se estaría bajo el supuesto de la colaboración con DICONSA.

Actualmente los bancos que se encuentran dentro del estado de Jalisco manifiestan que  solo se recupera el uno por ciento del alimento que se desperdicia (los bancos de alimentos recabaron en 2016 más de cuatro mil 500 frutas y verduras, principalmente) dejando en evidencia que la cifra de alimentos que se desperdician es elevada y que cada vez mayor, sin embargo no se cuenta con las medidas necesarias para poder elevar el porcentaje de alimentos que se pueden recuperar en el estado.

De acuerdo con el Informe 2015^[24]de la institución, en ese mismo año se erogaron 263.8 mdp por concepto de apoyos (239.8 mdp) y operación (24.0 mdp). Considerando que cuenta con 58 bancos de alimentos, se podría estimar que, si fueran sólo 32, el gasto por concepto de apoyos se reduciría de manera proporcional. Ello resultaría en un gasto equivalente a 132.3 mdp por concepto de apoyos que, sumado al gasto de operación de 24.0 mdp, equivaldría a 156.3 mdp. Actualizando esta cifra a 2018, se tiene un estimado de impacto presupuestario por la operación de los bancos de alimentos de 178.9 mdp^[25].

2. Gastos fiscales

Los gastos fiscales son estimaciones de ingresos que el erario deja de percibir por la auto aplicación por parte de los contribuyentes de los tratamientos diferenciales contenidos en los ordenamientos legales de los diversos impuestos^[26], es decir, no corresponden a un egreso, pero sí a la disminución de los ingresos.

En la propuesta bajo análisis es posible que los gastos fiscales por concepto del ISR aumenten. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)^[27], los donativos se incrementaron de 2010 a 2015 a una tasa promedio anual real de 3.9 por ciento. El total de donativos presentados para deducción por los contribuyentes en 2015 ascendió a 9,714 mdp de 2017. Este monto no corresponde al total de impuestos deducidos, es decir, al gasto fiscal por este concepto.

En principio, el monto de los donativos que se puede deducir asciende al 7 por ciento ya sea de la utilidad total de las empresas o de los ingresos de las personas físicas^[28]. Dado que no se conocen los montos totales relacionados con la utilidad o los ingresos de los donantes, no se puede estimar el gasto fiscal relacionado de esta forma.

Se tienen entonces los siguientes supuestos para calcular la relación existente entre el monto total de los donativos y lo que se deja de pagar por concepto de ISR:

• La tasa media de crecimiento anual real de los donativos deducidos se mantiene en 3.9 por ciento.
• La estimación de SHCP del gasto fiscal por donativos en 2018 (4,879 mdp, ver cuadro abajo) es consistente con la estimación del monto total de los donativos que se busca deducir (crecimiento del 3.9 por ciento real anual de donativos).

Cuadro 2. Estimación de gastos fiscales relacionados con los donativos, 2017 y 2018

(Cifras en millones de pesos.)

Fuente: elaboración propia con base en el Presupuesto de Gastos Fiscales 2017, de la SHCP.

Si en 2015 el total de donativos declarados ascendió a 9,714 mdp de 2017, para 2018 se estima un total de donativos declarados de 10,895.4 mdp de 2018. Si la SHCP estima que el gasto fiscal derivado de los donativos ascenderá a 4,879 mdp, ello equivaldría a que, del total de donativos declarados, se deduce el 46.6 por ciento.

Una vez que se tiene una relación entre los montos donados (o que se presentan ante la SHCP para considerar una deducción) y la cantidad de impuestos que no se paga, que equivale al 46.6 por ciento, se procede a estimar el monto de donativos que se espera recibir por parte de la red de bancos de alimentos a crearse.

En 2015 BAMX recibió por concepto de donativos la cantidad de 63.9 mdp en efectivo y 203.7 mdp en especie^[29]. Considerando que hasta 2018 estos montos se hubiesen incrementado 3.9 por ciento real cada año, se tiene un total de 300.1 mdp de donativos a recibir.

Si se toma esta cifra como base de cálculo para los donativos a recibirse por la red de bancos de alimentos a crearse por la propuesta (adicionales a los que actualmente recibe BAMX), incluyendo como donativos el transporte de los alimentos (en especie) y que tanto los donativos en especie como los que son en efectivo pueden deducirse, se esperaría un gasto fiscal relacionado del 46.6 por ciento de esta cifra, es decir, de 139.8 mdp.

3. Total

En caso de implementarse la propuesta y dados los supuestos explicados arriba, se tiene que el impacto presupuestario estimado de la propuesta asciende a cerca de 320 mdp al año.

Cuadro 3. Estimación del impacto presupuestario anual de la propuesta 2018

(Cifras en millones de pesos.)

Fuente: elaboración propia con base en diversos supuestos e información de BAMX y SHCP.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS PARA QUE A NIVEL FEDERAL SE REALICEN LAS SIGUIENTES ACCIONES:

• Creación de la Ley General para la Prevención y Recuperación de Alimentos en México que precise los objetivos y líneas de acción a implementar para garantizar el derecho constitucional a la alimentación, prevenir el desperdicio de alimentos, fomentar su rescate y recuperación, así como la reutilización de los alimentos. De manera específica se propone:

1. Obligación de todas las entidades federativas de tener al menos un Banco de Alimentos y después tantos como requiera su población.
2. Generar el andamiaje legal para que los bancos de alimentos puedan recibir donativos de acuerdo a la Ley del Impuesto sobre la Renta y apoyos y subsidios por parte de las entidades públicas.

• Establecer mecanismos obligatorios para que centrales de abasto, mercados, tiendas de autoservicio, hoteles, restaurantes e industria de la transformación transporten y entreguen los alimentos que no serán comercializados o utilizados, pero que (y que por su valor nutrimental y condiciones sean susceptibles para el consumo humano) a Bancos de Alimentos, o a las organizaciones civiles o comunitarias que éstos les indiquen, a través del Comité que para tal efecto se conforme.

1. Regular el tratamiento comercial en las tiendas de autoservicio de los alimentos perecederos, enlatados y envasados a efecto de recuperar alimentos que son susceptibles de ser consumidos y aprovechados aunque no cumplan con requisitos comerciales.
2. Establecer mecanismos obligatorios para que los alimentos que no serán comercializados, utilizados o entregados directamente a Bancos de Alimentos o a las organizaciones civiles o comunitarias, puedan ser entregados a los municipios o localidades con un mayor índice de marginación, a través del Comité que para tal efecto se conforme.
3. Establecer mecanismos obligatorios para que centrales de abasto, mercados y tiendas de autoservicio, permitan que personas beneficiadas por algún programa de asistencia social (migrantes, jornaleros agrícolas, comedores comunitarios, estancias infantiles, estancias infantiles, adultos mayores, madres solteras, Prospera, etcétera) puedan recibir la ayuda directamente en sus instalaciones.

• Prohibir acciones que hagan que los alimentos ya no puedan ser consumidos o reciclados.
• Regular el etiquetado de caducidad.
• Reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta a fin de:

1. Autorizar a los bancos de alimentos como donatarias.
2. Establecer deducciones de los costos de traslado de alimentos de las instalaciones de los obligados por la Ley General para la Prevención y Recuperación de Alimentos en México a Bancos de Alimentos y organizaciones civiles o comunitarias. Hacer eficiente la entrega directa en sus instalaciones.

• Reformar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable a efecto de:

1. Incluir a los Bancos de Alimentos como miembros del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.
2. Establecer que, dentro de los objetivos del Programa Especial Concurrente, se incluya el fortalecimiento y desarrollo de los mismos.

• Se propone que el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, sea el encargado de integrar y difundir la información sobre la existencia de mermas y pérdidas en la cadena de valor, desde la producción hasta la etapa de venta o comercialización al consumidor final.

1. En el Capítulo XVII, denominado De la Seguridad y Soberanía Alimentaria, se adiciona una fracción al artículo 183 para que el Gobierno Federal realice la identificación de factores sociales y demográficos, en coordinación con los gobiernos locales, a efecto de promover la instalación de bancos de alimentos en las entidades federativas, y con ello garantizar el derecho a la alimentación a los sectores menos favorecidos de la población.

• Se proponen tres esquemas de entrega de alimentos, que funcionarán mediante reglas de operación claras, con la finalidad de garantizar que los alimentos lleguen a las poblaciones en situación de pobreza alimentaria. En términos generales consistirán en lo siguiente:

1. Esquema de entrega a Bancos de Alimentos o en las instituciones de beneficencia que éstos les indiquen.
2. A través del portal del SAT: “Sistema de avisos de destrucción y donación de mercancías”^[30], los bancos de alimentos realizarán la solicitud de la cantidad y tipo de alimentos que pueden recibir ya sea directamente o a través de organizaciones de beneficencia.
3. Se establecerá la obligación de entregar los alimentos seleccionados en las instalaciones de los Bancos o donde éstos indiquen.
4. Los costos que el cumplimiento de esta obligación genere serán deducibles de ISR.
5. Entrega en municipios o localidades con un mayor índice de marginación.

• Entrega en instalaciones del donante.

1. Centrales de abasto, mercados, y tiendas de autoservicio deberán tener una sección de alimentos que no puedan ser comercializados pero que todavía sean aptos para consumo humano o animal.
2. Los beneficiarios de cualquier programa social federal o estatal^[31], podrán solicitar a los donantes la entrega de estos alimentos previa acreditación con credencial o tarjeta que demuestre el programa del que son beneficiarios.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS PARA QUE A NIVEL LOCAL SE REALICEN LAS SIGUIENTES ACCIONES:

Reformar el código de asistencia social del estado de Jalisco para que en el articulado se establezca:

• Establecer mecanismos obligatorios para que centrales de abasto, mercados, tiendas de autoservicio, hoteles, restaurantes e industria de la transformación transporten y entreguen los alimentos que no serán comercializados o utilizados, pero que (y que por su valor nutrimental y condiciones sean susceptibles para el consumo humano) a Bancos de Alimentos, o a las organizaciones civiles o comunitarias que éstos les indiquen, a través del Comité que para tal efecto se conforme.
• Regular el tratamiento comercial en las tiendas de autoservicio de los alimentos perecederos, enlatados y envasados a efecto de recuperar alimentos que son susceptibles de ser consumidos y aprovechados aunque no cumplan con requisitos comerciales.
• Establecer mecanismos obligatorios para que los alimentos que no serán comercializados, utilizados o entregados directamente a Bancos de Alimentos o a las organizaciones civiles o comunitarias, puedan ser entregados a los municipios o localidades con un mayor índice de marginación, a través del Comité que para tal efecto se conforme.
• Prohibir acciones que hagan que los alimentos ya no puedan ser consumidos o reciclados.
• Regular el etiquetado de caducidad.
• Que el estado sea el encargado de comenzar con aquellas comunidades catalogadas como de alta marginación por el INEGI.
• Se deberá conformar un Comité para la recepción de alimentos, el cual solicitará a los donantes los alimentos que de acuerdo al número de habitantes requieran.
• El donante señalará  fecha y hora para la entrega de los alimentos.
• Las entregas deberán hacerse, de preferencia, cada semana en el lugar que para tal efecto señale el Comité.
• El donante podrá deducir ISR por los costos generados de esta actividad. 

TITULO: GASTA EN LO QUE QUIERES, NO EN ESTACIONAMIENTO

VISIÓN: A fin de fortalecer a la economía familiar así como de fomentar el mercado interno.Jalisco debe de contar con estacionamientos gratuitos en los Centros Comerciales.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

El uso de los automóviles en recientes años ha incrementado la demanda del servicio de estacionamientos. En los últimos 40 años, los centros comerciales han surgido debido al crecimiento poblacional y buscando satisfacer las necesidades de recreación y esparcimiento de la ciudadanía, sin embargo, en su mayoría este tipo de establecimientos pertenecen a la iniciativa privada.

INEGI

1980 – 2016

De acuerdo a la Suprema Corte de Justicia, “El deber impuesto en la norma de brindar de forma gratuita el servicio de estacionamiento no impide a los establecimientos mercantiles ejercer su actividad comercial, ni afecta su fin primordial que se traduce en obtener una ganancia lícita, máxime que se trata de una obligación cuyo objeto es contribuir al orden vial y que, a su vez, se traduce en beneficio para sus clientes”  

Por lo que la legislación mexicana contempla que para las edificaciones y espacios abiertos, tanto públicos como privados, se deberá establecer dentro de los reglamentos municipales las garantías mínimas de acceso, entre las que destacan el contar con espacios de estacionamiento, así como los instrumentos de control vial.

Cabe señalar que una de las razones principales de la inconformidad que deriva de estos cobros, está dada principalmente por falta de seguridad y vigilancia, las tarifas injustas, la falta de responsabilidad en caso de percance, daño, robo parcial o total del vehículo. De tal manera que es incongruente que se exija el cobro de un “servicio” que es ineficiente.    

De tal manera que es imperante la necesidad de frenar los cobros que realizan los centros comerciales por el uso de los lugares de estacionamiento que ofrecen a los visitantes.

Este tipo de pagos, lastiman a la economía de los ciudadanos que quieren disfrutar las plazas comerciales quienes, ya que de por sí, deben pagar productos y servicios caros, además de tener que erogar un excedente injusto con el cobro del estacionamiento.

En 2014, se abrieron al menos 23 centros comerciales en todo México, por lo que la cifra total de estos establecimientos llegó a 584, ocupando un total de 16.2 millones de metros cuadrados de área rentable.

En el marco de la ReCON Latin América se informó que el crecimiento en este sector continuará durante los próximos 10 años, ya que se espera que, para 2025, existan 760 centros comerciales en México, lo que representaría un crecimiento de 30 por ciento durante la década.

Beneficios

Esta medida ayudará a la economía familiar y beneficiara a los usuarios de los centros comerciales, la prioridad, es que los consumidores de los centros comerciales queden exentos del pago de estacionamiento y de esta forma se contribuya al fortalecimiento del consumo interno.

EN EL PARTIDO VERDE PROPONEMOS:

• Crear reglamentos municipales los cuales garanticen y regulen que los estacionamientos de las plazas comerciales sean gratuitos.
• Eliminar el cobro por el uso de estacionamiento en los centros o plazas comerciales y tiendas Departamentales, siempre y cuando se compruebe que se realizó una compra mínima dentro de las instalaciones.
• Debido a lo anterior es fundamental que el costo por el uso de los estacionamientos comerciales debe de ser cubierto por los establecimientos, de esta manera se haría hincapié que los centros comerciales cumplan con la prestación obligatoria que tienen debido a que son espacios públicos, siendo que se les otorga licencia de giro comercial.
• Además se incentiva que más gente acuda a las plazas, que más comerciantes puedan hacer negocios y reactivar de cierta manera la economía  que se encuentra inhibida por este tipo de gastos extras.

[1] La diferencia entre una renta universal básica y una renta mínima básica refiere a los beneficiarios. En la primera serían todas las personas, en la segunda sólo aquéllas que no cuenten al menos con esa renta mínima básica –focalizado).

[2] http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/

[3] http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/

[4] http://www.beta.inegi.org.mx/app/indicadores/##divFV6207019030

[5] https://www.informador.mx/Economia/Se-comprometen-a-mejorar-salario-minimo-en-Jalisco-20170629-0134.html

[6] Ver CONEVAL (2017). Contenido y valor de las líneas de bienestar 199-2017. http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-canasta-basica.aspx

[7] Ver Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Tomo I. Varios años. http://cuentapublica.hacienda.gob.mx/

[8] Ver CONEVAL (2017). Evolución de pobreza y pobreza extrema nacional y en entidades 2010-2016. http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx

[9] CONEVAL (2017). Consideraciones para el Proceso Presupuestario 2018. Recuperado de: 2018http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Consideraciones_para_el_proceso_presupuestario_2018.pdf

[10] CONEVAL (2017). Resumen_Desempeño_Ficha_Monitoreo_Evaluación_2015_2016. Recuperado de http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/RDPS/Documents/Resumen_Desempeno_Ficha_Monitoreo_Evaluacion_2015_2016.zip

[11]Ver Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, 2017). Informe sobre las Inversiones en el Mundo. Recuperado de: http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/wir2017_overview_es.pdf

[12]Artículo 1 de la citada Ley.

[13]Ver artículos 4, fracción XVII y 6 de la citada Ley.

[14]Ver Decretos de Creación, artículos Vigésimo Quinto y Vigésimo Sexto.

[15] SHCP. Comunicado de prensa de fecha 01/01/2017. 

[16]  The Costs Of Training New Employees, Including Hidden Expenses. Forbes Junio 2017

[17] Banco Mundial, La pérdida y desperdicio de alimentos en el mundo. Consulta realizada el 01 de noviembre de 2017. Disponible en: http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2014/02/27/food-loss-waste-barrier-poverty-reduction

[18] Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).Resultados de pobreza en México 2016 a nivel nacional y por entidades federativas. Consulta realizada el 31 de octubre de 2017, disponible en: http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx

[19]La FAO, se refiere a la “pérdida de alimentos” como la disminución de la masa de alimentos comestibles en la parte de la cadena de suministro que conduce específicamente a los alimentos comestibles para el consumo humano. Las pérdidas de alimentos tienen lugar en las etapas de producción, poscosecha y procesamiento de la cadena de suministro de alimentos (Parfitt et al., 2010). Las pérdidas de alimentos que ocurren al final de la cadena alimentaria (venta minorista y consumo final) se conocen como «desperdicio de alimentos», más relacionado con el comportamiento de los vendedores minoristas y los consumidores (Parfitt et al., 2010).

[20]Ver https://www.gob.mx/sedesol/articulos/bancos-de-alimentos-de-mexico-para-combatir-el-hambre-y-la-desnutricion. Consulta del 25 de noviembre de 2017.

[21] Ver al efecto Banco de Alimentos de México (2016). Informe 2015. Recuperado de: https://bamx.org.mx/wp-content/uploads/2016/09/Informe-Anual-2015.pdf?v=1fda4fa5605d. Consulta del 25 de noviembre de 2017.

[22] https://www.gob.mx/sedesol/prensa/diconsa-se-consolida-como-una-de-las-redes-de-abasto-social-con-mayor-exito-en-el-mundo-meade-kuribrena. Consulta del 25 de noviembre de 2017.

[23]Óp. Cit., p. 5.

[24]Óp. Cit., p. 41.

[25]Se estima con base en un incremento del índice de precios implícitos del 14.5 por ciento de 2015 a 2018.

[26]Ver al efecto SHCP (2017). Presupuesto de Gastos Fiscales 2017, pp. 5 y 6.  Recuperado de:https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/236020/PGF_2017.pdf. Consulta del 25 de noviembre de 2017.

[27]Ibid.., pp. 40 y 41.

[28]Ibid., p. 40 y https://siat.sat.gob.mx/app/destruccion/muestraPdf.jsp?File=Tutorial.pdf. Consulta del 25 de noviembre de 2017.

[29]Ver BAMEX (2016). Informe 2015, p. 41.

[30] Disponible en:

http://www.sat.gob.mx/terceros_autorizados/donatarias_donaciones/Paginas/avisos_destruc_donac_merc.aspx)

[31]De manera enunciativa, más no limitativa: Migrantes, jornaleros agrícolas, comedores comunitarios, estancias infantiles, adultos mayores, madres solteras, Prospera, etc.

TÍTULO: DÍA DE TRABAJO EN CASA

VISIÓN: Incrementar la productividad laboral y disminuir las emisiones móviles, con horarios escalonados permitiendo labora un día en casa, de aquellos empleos que se puedan realizar desde casa.

RESUMEN EJECUTIVO:

En Jalisco, el parque vehicular se ha triplicado desde el año 2000, pasó de tener un millón 300 mil vehículos automotores registrados (entre automóviles, camiones, motocicletas y camiones de pasajeros), a tener 3 millones 429 mil en 2016. En Jalisco, el parque vehicular se ha triplicado desde el año 2000, pasó de tener un millón 300 mil vehículos automotores registrados (entre automóviles, camiones, motocicletas y camiones de pasajeros), a tener 3 millones 429 mil en 2016.

En el caso de los automóviles, se tuvo un crecimiento abismal, ya que hace 17 años, Jalisco contaba apenas con 730 mil 603 unidades, y al año pasado la cifra se había elevado a 2 millones 12 mil 979 autos.

Estas cifras dejan de manifiesto que al menos para los jaliscienses el auto sigue siendo la opción prioritaria para moverse, pese a los esfuerzos por tener cada vez más opciones para dejar el auto en casa.

En los Ayuntamientos, hay vehículos destinados para la prestación de varios servicios, algunos de ellos de emergencia, igualmente los del Estado, pero en su mayoría son vehículos que prestan servicio de ocho horas diarias, con excepción de las patrullas de policía, las de bomberos y otros que prestan servicio las veinticuatro horas del día.

Por otro lado, los vehículos utilitarios de empresas particulares, que prestan servicios de telefonía, reparto de gas, televisión de paga, reparto de multiplicidad de productos y mercancías como agua, refrescos, pan, etcétera, también circulan contribuyendo con la emisión de gases contaminantes

En el Estado de Jalisco SEMADET,  a través de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente lleva cabo las siguientes funciones:

1. Actualizar sistemas de certificación de procesos que sean compatibles ambientalmente o que preserven, mejoren o restauren el medio ambiente.
2. Contar con un sistema de aprobación de promotores y peritos ambientales para llevar a cabo procesos de cumplimiento ambiental voluntario.
3. Capacitar a los sectores involucrados acerca de los procesos de cumplimiento ambiental voluntario.
4. Otorgar reconocimientos que permitan distinguir públicamente a los establecimientos que cumplan en tiempo y forma los compromisos adquiridos dentro del Programa.
5. Promover la instrumentación de un sistema de incentivos fiscales y financieros de competencia estatal, para los establecimientos que cuenten con la certificación vigente de su proceso de cumplimiento ambiental voluntario.
6. Promover el desarrollo de procesos productivos y tecnologías ambientalmente responsables, propuestos por instituciones de investigación científica y tecnológica para su aplicación en los establecimientos sujetos al Programa.

Impacto Presupuestal:

La aplicación de estos esquemas no generará un alto impacto en el presupuesto, pues la PROFEPA ya cuenta con un procedimiento funcional en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental que podría replicar para la implementación de los Esquemas de Reducción de Traslados Vehiculares a los centros de trabajo. En este caso, las instituciones que busquen aplicar un Esquema de manera voluntaria podrán hacerlo de manera sencilla. Además, se puede buscar apoyo de organizaciones internacionales para desarrollar algunos documentos necesarios como la guía de usuario para las entidades obligadas, como ocurrió en el Programa RENE que recibió apoyo del organismo de cooperación al desarrollo del gobierno alemán para el desarrollo de instrumentos.

Justificación:

Las principales razones de implementar esquemas de trabajo en casa, las encontramos en reducir las emisiones por congestionamiento vehicular, para disfrutar de una mejor calidad del aire, así como incrementar y mejorar la productividad laboral. Ejemplo: La Empresa Microsoft aplica esquemas de trabajo en casa que arrojan importantes beneficios, siendo uno de los principales, a consideración de los trabajadores, la posibilidad de tener mayor productividad; razón que representa un 45% de las opiniones en una encuesta que dicha empresa aplicó a 3,500 empleados de tiempo completo.

A nivel administrativo se han estipulado medidas similares, cuya implementación ha sido exitosa con resultados considerables. La SEMARNAT estableció un día a la semana de trabajo en casa y el escalonamiento de horarios distribuyendo la entrada y salida del personal adscrito a la misma, lo cual generó la reducción de emisiones generadas por el personal de dicha dependencia en un 20%, evitándose 75,000 viajes en vehículo al año, así como 185,000 viajes totales al año. Esto por la reducción de emisiones de empleados de SEMARNAT mediante la disminución de demandas de viajes en SEMARNAT.^[1]

Asimismo, el 14 de agosto de 2015, el Gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Acuerdo mediante el cual se da a conocer la implementación de la nueva cultura laboral en la Ciudad de México por el que se estableció la organización del tiempo de trabajo, otorgamiento de licencias especiales y periodos vacacionales, para las y los trabajadores de base, confianza, estabilidad laboral, enlaces, líderes coordinadores, mandos medios y superiores de la Administración Pública del Distrito Federal.

Esta implementación local fue con el objeto principal de la efectividad de la prestación del servicio a la ciudadanía y la conciliación de la vida laboral y familiar, en el cual se establecen medidas como la duración máxima de la jornada laboral diurna de hasta 40 horas a la semana; el horario de atención para la realización de trámites y servicios de las 09:00 y hasta las 19:00 horas; el horario laboral del personal femenino con hijos en estancias maternales o cursando educación básica, no excediendo las 18:00 horas, el horario de atención para los trámites y servicios que se prestan a la ciudadanía en la Administración Pública de la Cdmx, finaliza a las 15:00 horas el segundo y último viernes de cada mes; las madres trabajadoras que tengan hijos en el período de lactancia, podrán disponer de una hora diaria para alimentar a sus hijos; y las madres trabajadoras podrán solicitar una licencia especial con goce de un porcentaje de su salario, contada a partir de su reincorporación por la conclusión de la licencia por maternidad.

Asimismo, los esquemas de reducción de traslados vehiculares hacia los centros de trabajo como obligación de ciertas empresas a combinar opciones como horarios escalonados, semanas comprimidas, trabajo en casa, provisión de apoyos para el transporte público, de taxi en caso de emergencias, entre otros, ha permitido o puede permitir mejorar el medio ambiente, la productividad y la calidad de vida.

Medidas específicas de un esquema de reducción de traslados vehiculares hacia los centros de trabajo:

1. Trabajo en casa: Promueve que empleados seleccionados puedan trabajar desde su casa. Una buena política de teletrabajo incluye un acuerdo de responsabilidades, obligaciones y requerimientos de reporte.
2. Horarios escalonados: Permite a los empleados transportarse a su trabajo durante las horas no pico de tráfico, haciendo su transporte más rápido, menos estresante y reduciendo la demanda de transporte público y en horarios pico.
3. Semanas comprimidas: Permite a los empleados trabajar más horas durante sus días normales de trabajo para tener un día extra libre a la semana o cada cierto número de semanas.
4. Autos compartidos: Promueve, mediante un convenio entre dos o más personas, compartir el viaje al trabajo diariamente. También se pueden utilizar vehículos con capacidad de asientos para grupos de 6 a 15 pasajeros y son proporcionados por alguna agencia del gobierno, una compañía privada o el mismo empleador.
5. Apoyos para uso de transporte público: Fomenta el uso de transporte público a través de apoyos otorgados por el empleador cada semana o mes.
6. Programa para fomentar el uso de la bicicleta: Promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte diario.
7. Programa de estacionamiento preferencial para vehículos compartidos y/o bicicletas: Promueve la sustitución de apoyos a conductores de autos personales por apoyos a conductores de autos colectivos y/o bicicletas.
8. Servicio de taxi gratuito para emergencias: Permite a los empleados, en una situación de emergencia, utilizar el servicio de taxi para poder llegar más rápido a su destino. Este servicio lo provee el empleador.

En el sector público ya se implementan medidas para la disminución de traslados vehiculares hacia los centros de trabajo, esto establecido en los artículos 59, 66 y 75 de las condiciones generales de Trabajo del Gobierno Federal.

Estos esquemas deben ser inicialmente de adopción voluntaria y flexible para buscar que después de un periodo de ejecución voluntaria su aplicación sea obligatoria, logrando así consciencia sobre el medio ambiente sano.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS:

• Modificar el artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con el fin de establecer como parte de las facultades de la SEMARNAT el de diseñar e implementar esquemas de reducción de traslados hacia los centros de trabajo.
• Reformar diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que dentro de las condiciones generales de trabajo se considere la posibilidad de establecer un día de trabajo en casa, horarios escalonados de entrada y salida al centro de trabajo, y horarios comprimidos de trabajo. Así como la posibilidad de que los trabajadores hagan uso de los materiales de trabajo en sus domicilios.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS A NIVEL LOCAL:

• Proponer a SEMADET que en la medida de sus atribuciones establezca un día a la semana de trabajo en casa y el escalonamiento de horarios distribuyendo la entrada y salida del personal adscrito a la misma,
• Incentivar fiscalmente a particulares y servidores de transporte público y privado (escuelas privadas) que inviertan en motores eléctricos o híbridos evitando cualquier tipo de contaminación.
• Establecer horarios definidos que delimiten la circulación y labor que prestan los vehículos utilitarios donde no representen un grave motivo para entorpecer la circulación, poniendo en riesgo a su vez a quienes realicen las funciones como repartidor de productos, recoger basura, podar árboles, cambiar luminarias, regar camellones, entre otros, así como sancionar a quienes incumplan los mismos.

TÍTULO: TRANSFORMANDO LA BASURA EN ENERGÍA

VISIÓN: Utilizar los residuos sólidos urbanos de los Municipios, para generar electricidad que se pueda aprovechar para el alumbrado público, contribuyendo a reducir la contaminación ocasionada por la acumulación de basura en los rellenos sanitarios y así poder regresar el porcentaje del impuesto predial que se haya ahorrado el Municipio por el pago de luz.

RESUMEN EJECUTIVO:

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi);  indican que los ciudadanos de la capital del Estado de Jalisco producen al día 1.06 kilogramos de desechos sólidos, mientras que el promedio estatal es de 0.888 kilogramos por habitante al día.

A Guadalajara le siguen en la tabla Zapopan (con 1.031 kilos por persona), Puerto Vallarta (0.907 kilos por persona), Tlaquepaque (0.740 kilos por persona), Tonalá (0.719 kilos por persona) y Tlajomulco (0.504 kilos por persona).

La información captada a través del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2011 indica que, en promedio, en Jalisco se recolectan diariamente seis mil 524 toneladas de basura, lo que representa el 7% de la recolección nacional diaria.

En seis municipios, en los que reside más de la mitad de la población estatal, se recoge el 63% de todos los residuos; Guadalajara registra la mayor proporción con mil 590 toneladas (24%); le sigue Zapopan con mil 282 toneladas (20%); Tlaquepaque con 450 toneladas (7%); Tonalá con 344 toneladas (5%); Puerto Vallarta con 232 toneladas (3%) y Tlajomulco de Zúñiga con 210 toneladas (3%)”, señala el documento.

En Jalisco existen 108 sitios de disposición final para los residuos sólidos urbanos, pero de ellos el 70% son tiraderos a cielo abierto y el 30% restante son rellenos sanitarios “que reducen los riesgos ambientales; además, sólo 23 municipios, donde reside el 63% de la población, le da tratamiento al menos a una parte de sus desechos.

Por su parte, la generación de energía eléctrica a partir de combustibles fósiles también implica un alto costo ambiental y económico para el país; siendo las fuentes energéticas de mayor impacto al ambiente, el carbón mineral y los hidrocarburos; los cuales afectan principalmente a los cuerpos de agua, suelos y vida silvestre, así como a la salud humana.

Un Jalisco sin basura, se puede lograr a través de la transformación de los residuos sólidos en energía eléctrica, reduciendo así los costos por degradación ambiental proveniente de residuos y generando energía eléctrica más económica para alrededor de 14.26 millones de usuarios, de ahí el que el Estado necesita aprovechar su potencial de recursos renovables, maximizar la eficiencia energética eléctrica en todos los sectores productivos, contar con un ente que permita el desarrollo e implementación de la política pública, estrategia, proyectos y programas estatales con una Estrategia Estatal que establezca el potencial renovable de Jalisco y para desarrollar acciones coordinadas en los municipios, en total apego a las competencias de los tres órdenes de Gobierno.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

En Jalisco existen 108 sitios de disposición final para los residuos sólidos urbanos, pero de ellos el 70% son tiraderos a cielo abierto y el 30% restante son rellenos sanitarios “que reducen los riesgos ambientales; además, sólo 23 municipios, donde reside el 63% de la población, le da tratamiento al menos a una parte de sus desechos.

Cabe destacar que mediante Decreto 25419 se expidió la Ley para la Acción ante el Cambio Climático del Estado de Jalisco, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 27 de agosto de 2015, la cual tiene entre sus objetivos definir los principios, criterios, instrumentos y órganos para la aplicación de la Política Estatal en materia de cambio climático; así como establecer la concurrencia de competencias, atribuciones y facultades del Estado y sus municipios, y con la federación, a fin de que se apliquen de manera coordinada y concertada en todas las etapas de planeación de las políticas públicas para la adaptación y mitigación ante los efectos adversos del cambio climático.

Dicha norma en su numeral 114 establece que son de interés público la investigación, desarrollo e innovación tecnológica que sirvan de base para transitar hacia un modelo de desarrollo sustentable, la toma de decisiones para acciones que lleven a una mejor protección de la población, de los ecosistemas y de los sistemas de producción del estado ante los efectos negativos del cambio climático, y aporten al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Estado y de los problemas sociales particulares que se viven en la entidad, atendiendo a las necesidades de la colectividad y a problemáticas locales o regionales asociadas al cambio climático y sus efectos.

El consumo estatal se concentra en el Área Metropolitana de Guadalajara con un total de 8.3 TWh, mientras que en el resto de los municipios del estado se consumieron 4.7 TWh. Sin embargo, en la entidad solamente se generó 1.4 TWh, lo cual representa aproximadamente un 10.8% de la electricidad que se requiere anualmente, por lo cual aproximadamente el 89.2% de la energía eléctrica es importada de centrales eléctricas externas.

En virtud de lo anterior se colige que Jalisco actualmente tiene una baja generación de electricidad con respecto a su consumo y una economía de alto consumo energético; por lo que el promover la generación de electricidad mediante el aprovechamiento del recurso renovable, como el solar, eólico y geotérmico, resultaría benéfico para la economía del Estado.

Así mismo recordemos que el año pasado se aprobó la Ley Orgánica de la Agencia de Energía, con la finalidad de crear un organismos Público autónomo denominado la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, la cual contribuye con el liderazgo innovador y competitivo en el ámbito energético; fortaleciendo las condiciones competitivas del estado a nivel nacional e internacional, para alentar y consolidar la utilización de energías limpias, para alcanzar así una transición energética sustentable.

Toda vez que existe un enorme potencial para transformar los millones de toneladas de residuos en giga watts-hora anuales de electricidad a través de biodigestión y tratamiento térmico proponemos que se inicie con la generación de electricidad a partir de la basura a través del aprovechamiento de los residuos orgánicos, los cuales producen biogás, un gas combustible que se genera por la descomposición de los residuos orgánicos.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS:

• Reformar la Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de Jalisco así como incrementar las facultades de la Ley Orgánica de la Agencia de Energía a efecto de que el Estado de Jalisco y nuestros municipios tengan la obligación de producir electricidad utilizando los residuos sólidos urbanos que se generan en sus territorios.
• Proponer una reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos para que el Ejecutivo Federal elabore y publique una norma oficial mexicana en la que se establezcan los requisitos para el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos y los orgánicos, a través de la biodigestión o de la termo valorización.

TÍTULO: REUSANDO EL AGUA, PARA QUE NUNCA TE FALTE

VISIÓN: Que Jalisco cuente con una gestión adecuada del recurso hídrico enfocada al tratamiento de las aguas residuales y de reúso.

RESUMEN EJECUTIVO:

Tan solo en lo que ve a las cifras del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) revelan una tendencia alcista: el volumen de agua que utilizan los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara se incrementó 617 litros por segundo en lo que va de este año, mientras que el consumo per cápita de agua se disparó, entre 2016 y 2017, de 191 a 203 litros diarios.

Destaca que mientras el año pasado el volumen de agua que se consumía en la ciudad era de 9.7 metros cúbicos por segundo, hoy son 10.3 metros cúbicos. De acuerdo con el organismo del agua, el crecimiento se debe a que hay más demanda: en un año 20 mil 500 usuarios nuevos se conectaron al sistema, conformado por un millón nueve mil cuentas.

Por lo que, es necesario comprender que existe la disponibilidad de agua en todo el Estado de Jalisco la cual aparentemente es suficiente para abastecer a toda la población, sin embargo la mala distribución, el desperdicio, el escaso tratamiento de las aguas residuales y reúso, y la casi nula infraestructura verde, no permiten regularizar el  abastecimiento continuo y adecuado a toda la población,  ya que muchas veces las personas no tiene la conciencia del cuidado de la misma y permiten que la misma se desperdicie la cual regularmente se da por fugaz.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

La concentración de la población y la actividad económica han creado zonas de alta escasez, no sólo en las regiones de baja precipitación pluvial. Además de que el 68% del agua disponible se encuentra en regiones donde vive el 23% de la población por lo que factores como el crecimiento de la población y de la actividad agropecuaria; el establecimiento de nuevas fábricas, así como la sobreexplotación y contaminación de los recursos hídricos del Estado han generado grave escasez de agua y conflictos sociales en diversos Municipio, problemática que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y las autoridades locales deben resolver urgentemente.

Además, a falta de concientización de las empresas, así como la construcción de obras hidráulicas inadecuadas ha generado el agotamiento de los mantos acuíferos, por  lo que es importante el que se haga un llamado urgente a los municipos de la entidad, respetando su autonomía para que vigilen la escasez de agua potable a través de políticas públicas encaminadas a garantizar este recurso a todos los habitantes.

De ahí el que entre los mayores desafíos a los que se enfrenta el estado de Jalisco está el de lograr el manejo de sus limitados recursos hídricos con claros criterios de sustentabilidad y  con base en una gestión integral del agua, bajo la corresponsabilidad de los órdenes de  gobierno y de la sociedad organizada, que como resultado de la generación de  acuerdos se ejecuten proyectos prioritarios, que induzcan a la sustentabilidad de los  servicios y garanticen, la calidad del agua y el medio ambiente. Los criterios de  sustentabilidad incluyen la reducción de la contaminación en los ríos y cuerpos de agua, la disminución de riesgos, la atención a las causas y los efectos de inundaciones y sequías, y el manejo integrado de agua, bosques y suelo.

Aunado a lo anterior, el agua residual que se trata no se aprovecha normalmente en otros usos, sino que se descarga en cuerpos de agua nacionales.

Lo anterior, sumado a la escasa infraestructura verde como captación de agua pluvial, también nos ha llevado a la sobreexplotación de 105 acuíferos que representan el 15.6% de los 653 que hay en el país. Los acuíferos sobreexplotados se concentran en las regiones hidrológicas Lerma-Santiago-Pacífico, Cuencas Centrales del Norte, Río Bravo, Noroeste y Península de Baja California.

Un ejemplo claro de lo anterior es el Sistema Cutzamala, que es uno de los sistemas de suministro de agua potable más grandes del mundo. Aporta el 17% del abastecimiento para todos los usos de la Cuenca del Valle de México, se complementa con el Sistema Lerma (5%), con la extracción de agua subterránea (68%), con ríos y manantiales (3%) y reúso del agua (7%) (BM 2013). La cuenca Lerma-Santiago-Pacífico es la que tiene mayor presión en el país, está catalogado como presión muy alta,^[2] que junto con las regiones VI Río Bravo, y X Golfo Centro, concentran el 40% de los títulos de concesión y asignación de agua.

La utilización de agua residual tratada implica menor costo en el consumo, que disminuye las presiones sobre las fuentes y satisface demandas que no exigen calidad potable.

La utilización de agua tratada implica menor costo en el consumo, que disminuye las presiones sobre las fuentes y satisface demandas que no exigen calidad potable. Del 100% que se extrae, el 63% proviene de ríos, arroyos y lagos (aguas superficiales) y el 37% restante de aguas subterráneas. 

Aunado a lo anterior, se debería invertir en más infraestructura verde la cual ayuda a evitar que el agua de lluvia llegue al sistema de drenaje. Absorbe y almacena agua, mimetizando los procesos que ocurren en la naturaleza. Algunos ejemplos de infraestructura verde son los siguientes: desconexión de canales de recolección de agua de lluvia del drenaje pluvial, recolección de agua de lluvia, canteros de infiltración, pavimentos permeables y techos verdes.

El desafío es lograr incorporar, progresivamente, elementos de infraestructura verde en proyectos de infraestructura tradicional.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS:

• Propuestas de reformas y adiciones en la Ley de Aguas Nacionales, para:
• Definir agua pluvial.
• Utilizar agua tratada para uso industrial cuando existan fuentes disponibles propias o de terceros, a excepción de los procesos industriales que requieran agua potable, lo que deberá justificarse cabalmente. Mediante una adición en la Ley de Aguas Nacionales.
• Exceptuar del pago de cuotas de garantía de no caducidad, a los concesionarios que utilicen agua tratada.
• Eliminar como causante de extinción en la concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, cuando el concesionario realice mejores prácticas o use agua tratada, pero no utilice el volumen de agua concesionado o asignado o solo utilice una parte.
• Adicionar como un derecho a los concesionarios el de utilizar parcialmente los volúmenes de agua concesionada.
• Adicionar como obligación que los asignatarios utilicen agua tratada o agua pluvial para panteones, calles, parques y jardines y demás usos que no requieran agua de primer uso, cuando existan fuentes disponibles propias o de terceros.
• Adicionar como obligación para los asignatarios la instalación de infraestructura verde para la captación, almacenamiento y aprovechamiento de agua pluvial para disminuir la sobreexplotación de aguas nacionales superficiales o del subsuelo.
• Adicionar como obligación para los asignatarios, la utilización de tecnologías que promuevan el uso eficiente del agua, considerando invariablemente los rubros de: Doble abastecimiento para casa habitación e industria: agua de primer uso (consumo humano, baño, cocina, etc.), agua de segundo uso (descargas sanitarias, riego de áreas verdes, lavado de autos). Así como incentivar el uso de sistemas de captación de aguas pluviales en la planeación urbana de zonas metropolitanas.
• Deducción del 100% por las inversiones para uso de aguas tratadas y captación de agua pluvial. Mediante una reforma en el artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
• Deducciones para quienes arriendan inmuebles e inviertan en infraestructura para el tratamiento y uso de aguas residuales y pluviales. Mediante una reforma en el artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
• Deducciones para aquellos que enajenen inmuebles e inviertan en infraestructura para el tratamiento y uso de aguas tratadas y uso de agua pluvial. Mediante una reforma en el artículo 121 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
• Programas estatales que permitan tomar las medidas necesarias para garantizar el abasto de agua potable, y cumplir así lo previsto en el Artículo 4 de la Constitución Mexicana.

TÍTULO: PROHIBICIÓN DE DELFINARIOS

VISIÓN: Garantizar que los mamíferos marinos vivan en su hábitat natural.

RESUMEN EJECUTIVO:

En la actualidad es común el uso de animales para fines de espectáculos públicos y comerciales, lo cual ocasiona situaciones de maltrato físico y psicológico, que atentan en contra de su propia naturaleza.

Es de conocimiento público que diversas especies de mamíferos marinos son utilizadas para ese tipo de actividades, las cuales únicamente satisfacen intereses ajenos e implican la privación de la libertad de ejemplares de esas especies, en especiallos delfines y los leones marinos.

Para que los animales acuáticos puedan realizar actos como saludar, dar beso y el famoso foot push, son sometidos a un duro entrenamiento, en el cual se les condiciona el alimento, incrementando su estado de estrés y provocando enfermedades gástricas.

Otra actividad que se lleva a cabo es la delfinoterapia, la cual encontramos dentro de los múltiples tipos de terapias asistidas con animales, destacada por el trabajo en el medio acuático y alude a la inteligencia de estos animales que aporta variedad de recursos para la intervención. Quienes trabajan con delfines defienden su capacidad para detectar personas con problemas físicos o psíquicos, lo cual ha sido desvirtuado desde el ámbito académico.

Toda vez que se necesita erradicar todo tipo de actividad que perjudique la salud y la vida de otras especies animales, es imperativo modificar el marco jurídico vigente, a efecto de prohibir su realización, así como imponer las sanciones respectivas para quien violente esa disposición.

Además, hay países que llevaron a cabo importantes reformas en sus políticas en esta materia, donde quedó prohibido tener cetáceos en cautiverio, con lo cual se han reducido actos ilegales y lucrativos que atentan contra la vida animal.

El primer país que logró prohibir el cautiverio de delfines y ballenas, así como el nado con delfines fue Costa Rica, continuaron Hungría, Chile e India, donde quedó prohibido a nivel nacional tener delfines en cautiverio para ser utilizados en espectáculos.

Países como Brasil, Noruega, Reino Unido establecen estrictos estándares para los delfinarios que en muchas ocasiones resulta difícil de conseguir.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

En México, desde los años 70, encontramos los primeros delfinarios en el acuario Aragón y el Parque Atlantis, ubicados en la Ciudad de México, actualmente sin servicio.

A la fecha se siguen llevando a cabo los espectáculos con mamíferos marinos por distintas empresas. Tenemos como ejemplo al Grupo Dolphin Discovery, propietario de aproximadamente el 40% del mercado en México, que hasta el momento cuenta con los siguientes 16 delfinarios:

• Capital Mexicana: Six Flags México.
• Caribe Mexicano: Cancún – Isla Mujeres, Costa Maya, Cozumel, Tulum – Akumal, Dolphin Palace, Dreams Puerto Aventuras, Riviera Maya – Puerto Aventuras, Dolphin Playa del Carmen.
• Pacífico Mexicano: Los Cabos, Vallarta.
• Islas del Caribe: Anguila-St. Maarten, Gran Caimán, Tortola, Punta Cana, Saint Kitts.
• Costa Este (EUA): Gulf World By Dolphin Discovery.

De acuerdo con la publicación “Delfinarios” escrita por Yolanda Alaniz y Laura Rojas, existen riesgos para los humanos y para los defines en este tipo de actividades acuáticas, como conductas agresivas por los cetáceos, mala interpretación de la señalización o expectativas no cumplidas en la interacción, competencia sexual por la dominación, esfuerzos por controlar los elementos del ambiente, o bien, las zoonosis, entre otros.

Por otro lado, la delfinoterapia es otra actividad que se lleva a cabo con mamíferos marinos en cautiverio, la cual aún carece de fundamento científico y de autorización por parte de las autoridades sanitarias. A pesar de la propagación de las terapias para las personas que padecen de autismo, síndrome de down, bulimia, ansiedad, depresión, déficit de atención e hiperactividad, anorexia o inclusive trastornos de sueño, no existen datos que garanticen la eficacia de las terapias.

Cabe resaltar que la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud ha afirmado que la terapia asistida con delfines no es una terapia reconocida dentro de la Guías de Práctica Clínica avaladas por el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC).

Se argumenta que los delfines curan mediante los pulsos de ultrasonido que ya en sí mismos son curativos. Estudios recientes han demostrado que para que el ultrasonido emitido por los defines tengan algún efecto sobre los tejidos debe emitirse por tiempos suficientes, lo cual no puede controlarse, además de que en los padecimientos que se describen con anterioridad y que están relacionados con trastornos cerebrales, deben de transmitirse de manera directa sobre la cabeza del paciente, lo cual no sucede, ya que la cabeza del paciente se mantiene siempre por encima de la superficie del agua. Esto hace que sea cada vez menos realista la hipótesis de que los delfines curen a través del ultrasonido.^[3]

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS:

• Reformar el artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, para prohibir la celebración de espectáculos públicos o privados, incluyendo los espectáculos a domicilio, fijos o itinerantes, con cualquier especie de mamíferos marinos, así como el uso de mamíferos marinos con fines económicos de manejo, adiestramiento, entrenamiento y terapia.
• Reformar el artículo 122 de la Ley General de Vida Silvestre para establecer en el catálogo de infracciones el incumplimiento de la prohibición de espectáculos públicos o privados, incluyendo los espectáculos a domicilio, fijos o itinerantes, con cualquier especie de mamíferos marinos, así como el uso de mamíferos marinos con fines económicos de manejo, adiestramiento, entrenamiento y terapia.
• Reformar el Código Penal para el Estado de Jalisco, sanciones dentro de los delitos contra el ambiente, a quienes infrinjan la prohibición de realizar espectáculos o terapias que impliquen el uso de mamíferos marinos, tanto particulares como servidores públicos que lleguen a involucrarse.
• Establecer en el artículo 9 de la Ley General de Vida Silvestre, la facultad de la autoridad ambiental federal a emitir una política preventiva para evitar la realización de esas actividades, así como amplias facultades para vigilar y verificar el cumplimiento de la prohibición.

TITULO: ESPACIOS DIGNOS PARA LOS ANIMALES EN VENTA

VISIÓN: Mejorar las condiciones de los establecimientos mercantiles de compra-venta de mascotas o animales de compañía, a fin de determinar los parámetros básicos para el bienestar animal durante el proceso de comercialización.

Al regular las actividades de comercialización de animales de compañía en establecimientos mercantiles, permitirá prevenir y reducir el maltrato físico de animales domésticos, provocado por los espacios o jaulas que no son los adecuados para su estancia.

Endurecer el marco legal que protege a los animales, para prohibir su venta en la vía pública, tianguis, puesta semifijos, puestos permanentes, temporales o ambulantes, y con ello evitar el maltrato de animales, así como su venta ilegal.

RESUMEN EJECUTIVO:

En Jalisco las prácticas de comercialización de mascotas o animales de compañía,  la mayor parte no cuentan con alguna restricción sanitaria, legal ni ética. Debido a ello, es necesario se amplié el marco legal que se contempla en la Ley de Coordinación en Materia de Sanidad Animal para el Estado de Jalisco, para garantizar que los animales no cuenten con alguna enfermedad, plaga o cualquier circunstancia que cree un contagio a los mismos así como a sus propietarios y  toda vez que algunos animales son víctimas de maltrato o tortura por parte de los comercializadores, se cree necesario reformar la Ley de Protección y Cuidado de los Animales, a fin de garantizar el bienestar y trato digno para los animales.

Asimismo, el mayor porcentaje de la venta de animales domésticos y de fauna silvestre se realiza de manera ilegal y en situaciones insalubres, en la vía pública, tianguis y puestos semifijos. A pesar de los operativos llevados a cabo por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), es bien sabido que en Jalisco existe dicha ilegalidad respecto a la venta de animales, lo cual se busca erradicar.

Ante esta situación, se debe reforzar el marco legal que protege a los animales en Jalisco, a través de la prohibición de la comercialización de animales domésticos y de fauna silvestre en la vía pública, y con ello evitar que estas especies se vean afectadas en su salud por falta de un control sanitario.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Los animales de compañía, al ser comercializados carecen de alojamientos acorde a su especie y tamaño, viven en espacios o jaulas tan reducidos que no les permiten cambiar de posición o permanecen completamente aislados, inclusive imposibilitados para expresar comportamientos que son necesarios para ellos, desarrollando como consecuencia conductas patológicas.

Los espacios en donde son exhibidos los animales, para su comercialización, les producen lesiones, caídas, luxaciones e incomodidad. Mientras que algunos encargados de estas tiendas de animales solo persiguen intereses económicos, que atentan con el trato digno y la responsabilidad del cuidado de las especies que son vendidas para ser domesticadas.

En los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco reportan que desde que se modificó la Ley de Protección a los Animales en el 2014, recibieron siete mil 221 denuncias por maltrato animal, de las cuales cinco mil 036 se documentaron a partir del 2016.

Las denuncias en cifras

De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del Instituto Nacional de Estadística (INEGI) existen 7,190 comercios al por menor de mascotas a escala nacional.^[4]

Existen países que han buscado mejorar las condiciones de los animales domésticos, como ejemplo tenemos al Consejo Municipal de Los Ángeles (California, EE UU) ha aprobado por unanimidad una moción del concejal Paul Koretz^[5] que pondría fin a los criaderos de gatos y perros, prohibiendo la crianza comercial de perros, gatos, conejos y pollos, y su venta en tiendas de animales. En su lugar, los refugios de animales trabajarán con tiendas de animales con licencia para que éstas den en adopción a los animales de los refugios.

Otro ejemplo, es España ya cuenta con un borrador de anteproyecto de Ley por el que se establece la normativa básica del comercio y la tenencia responsable de perros y gatos que incluye la no exhibición para venta de los mismos.

En el 2016, la Comunidad de Madrid, puso en vigor la Ley de Protección de los Animales de Compañía, prohibiendo la exhibición de mascotas en establecimientos, con algunas excepciones, como lo señala su artículo 18, que a la letra dice:

Artículo 18.Condiciones de la cría con fines comerciales y de la venta de animales.

1. […]
2. La venta de perros y gatos en los centros antes citados, se deberá realizar a través de catálogos y medios similares que no requieran la presencia física de los animales en la tienda. No obstante, la Consejería competente podrá autorizar la presencia de perros y gatos en aquellos centros de venta que cumplan las condiciones de salubridad, espacio, etc., que se determinen reglamentariamente en el plazo de seis meses desde la aprobación de esta Ley. Dichos centros tendrán un plazo máximo de adaptación de 24 meses a dichas condiciones.
3. Los centros de venta podrán disponer para su venta de peces, reptiles, roedores, conejos, hurones y pájaros de jaula criados en cautividad, siempre que cumplan con los requisitos de espacio que se establecerán reglamentariamente. La Consejería competente revisará el listado de especies y los requisitos y condiciones para la venta de cada una de ellas en el plazo de dos años.

…

Debido al maltrato que padecen los animales durante el proceso de comercialización, se busca mejorar las condiciones de la compra-venta de animales domésticos, a través de un estricto control, y supervisión por parte de las autoridades. Una de las medidas a considerar durante el proceso de compra, es la propuesta de la impresión de un catálogo o de la utilización de herramientas tecnológicas, esto ayudaría a prevenir el maltrato que sufren, dado que los establecimientos comerciales no cuentan con las condiciones adecuadas, ya que muchos de los animales se encuentran en vitrinas de vidrio o jaulas muy reducidas.

Asimismo, se propone que la ley de Protección y Cuidado Animal del Estado de Jalisco regule y verifique la comercialización de los animales de compañía en los establecimientos comerciales, esto toda vez que los ayuntamientos regulan y proporcionan los permisos para este tipo de giros de igual forma, que la Ley de Coordinación en Materia de Sanidad en el Estado verifique las condiciones en las que se encuentran los animales  domésticos en los establecimientos comerciales.

Su comercialización no aplica protocolos de higiene y cuidado, derivado de esto, los animales se contaminan con parásitos que pueden derivar en enfermedades zoonóticas, es decir, infecciones que se transmiten de forma natural de los animales a humanos.

De las 174 enfermedades infecciosas transmisibles de animales a humanos, 53 las transmiten los perros^[6]. Ejemplos de las infecciones que se pueden contraer son, la giardiasis, por medio del giardia lamblia, el cual es un parásito zoonótico frecuente en niños y adultos causantes de gastroenteritis; por otro lado, tenemos a el dipylidium caninum, es un parásito del intestino delgado de los animales y en ocasiones afecta al hombre, este céstodo tiene una distribución mundial y es frecuente en perros, los huéspedes intermediarios son las pulgas^[7].

Debido a que los niños constituyen la población con mayor riesgo de exposición a parásitos de potencial zoonótico^[8], es que la venta de mascotas en estos lugares debe ser prohibida y así evitar poner en riesgo la salud de los infantes y de los animales.

Además, en la vía pública y en los establecimientos, no se encuentran en óptimas condiciones, ya que se improvisan jaulas o cajas para ahí exhibir a las especies, sin considerar el bienestar animal.

A pesar de estas condiciones, los animales domésticos^[9] han tenido un repunte en las preferencias de las personas, esto se refleja con el aumento de los productos y servicios dirigidos a este sector de consumo; como lo es alimento, medicinas, servicios veterinarios especializados, juguetes y accesorios, que alcanzan un valor entre 500 y mil millones de pesos anuales^[10].

En lo que respecta a la venta ilegal de fauna silvestre, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, es la tercera actividad ilícita más redituable en el mundo^[11], en México el comercio ilegal de fauna silvestre es perseguido por la PROFEPA, y en 2016 informó que derivado de sus recorridos de vigilancia y operativos, se aseguraron precautoriamente 16,744 ejemplares de fauna silvestre^[12]. Esto es una muestra del tamaño del mercado ilegal de especies en el país.

En la República mexicana, resalta el caso de la Ciudad de México, donde está prohibida la venta de animales en la vía pública o vehículos, así como el de Chihuahua que establece la prohibición de venta, rifas, u obsequio de mascotas en vía pública.

Ante este contexto, en el Partido Verde Ecologista de México estamos preocupados por esta situación y por ello buscamos generar conciencia entre las personas para hacer efectiva la protección a los animales, a través de la prohibición del comercio ilegal de animales domésticos y de fauna silvestre.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS:

Reformar la Ley de Coordinación en Materia de Sanidad Animal Para el Estado de Jalisco y la Ley de Protección y Cuidado de los Animales en el Estado de Jalisco,  bajo las siguientes propuestas:

• Incorporar el concepto de mascota o animal de compañía.
• Que los Municipios regulen y verifiquen de manera eficaz y adecuada el control de establecimientos que promueven la comercialización de mascotas o animales de compañía.
• Establecer tiempos máximos de exhibición para los establecimientos comerciales y que cumplan con las condiciones de salubridad y espacio.
• Generar catálogos impresos o la utilización de herramientas tecnológicas para la comercialización de animales de compañía.
• Establecer disposiciones necesarias durante los procesos de comercialización de los ejemplares de fauna doméstica, como es el trato digno, evitar el maltrato, y que las áreas donde se encuentran resguardados los animales sean en óptimas condiciones, de lo contrario se deberá sancionar por violar dichas disposiciones.
• Definir la forma, procedimientos y requisitos para el manejo de los que posean mascotas o animales de compañía, incluidas las especies domésticas.
• Asegurar que las especies domesticas estén resguardadas, previo a su comercialización, en lugares que cuenten con áreas e infraestructura necesaria para su manejo, así como de quienes lleven a cabo la comercialización, tengan capacidad técnica y operativa suficiente.
• Reformar la Ley de Coordinación en Materia de Sanidad Animal Para el Estado de Jalisco y la Ley de Protección y Cuidado de los Animales en el Estado de Jalisco, para prohibir la comercialización de animales de compañía o animales silvestres en la vía pública, mercados, tianguis, puestos semifijos, puestos permanentes temporales o ambulantes.
• Reformar la Ley de Protección y Cuidado de los Animales en el Estado de Jalisco, para que regule y verifique la comercialización de los animales de compañía en los establecimientos comerciales,
• Reformar la Ley de Coordinación en Materia de Sanidad en el Estado verifique las condiciones en las que se encuentran los animales domésticos en los establecimientos comerciales.

TÍTULO: PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

VISIÓN: Un Jalisco con respeto hacia los animales no humanos, a su hábitat, a su bienestar y protección, así como al cumplimiento o adaptación de las obligaciones y derechos de la Declaración Universal de los Derechos del Animal.

RESUMEN EJECUTIVO: En Jalisco las prácticas de maltrato y tortura a los animales han sido notorias cada vez más, ejemplo de ello son los videos que se publican en las redes sociales, donde algunas personas graban a los animales cuando los están torturando o ciudadanos que graban hechos de maltrato animal como una llamada de atención a la población y a las autoridades de las practicas inhumanas a las que son sometidos. Ante tales hechos de maltrato animal es que se propone reformar la Constitución Política de Jalisco, a fin de facultar al Congreso para legislar en materia de protección y bienestar animal.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Actualmente, el Congreso tiene facultad para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Estado y sus Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente, de preservación y restauración del equilibrio ecológico. Pero, es preciso facultar al Congreso para legislar en materia de protección y bienestar animal, a fin de evitar el maltrato animal.

Ya que ha ido en aumento el número de casos denunciados de prácticas violentas hacia los animales, de acuerdo a datos del INEGI, México ocupa el tercer lugar en maltrato animal, se estima que un millón de mascotas sufre maltrato, mala alimentación, son golpeados o abandonados en entre otros tipos de maltrato, siendo Jalisco uno de los Estados en los que existe un gran índice de denuncias recibidas, siete mil 221 por maltrato animal, de las cuales cinco mil 036 se documentaron a partir del 2016, por lo que va a dicha problemática se estima necesaria regular la protección de animales, pues a pesar de las mejoras ya realizadas para castigar el maltrato a los animales, sigue existiendo peligro para los mismos por lo que es conveniente sea por medio de la Constitución del Estado la que garantice la protección y bienestar de los animales.

Ante esta situación de maltrato animal, es fundamental trabajar el tema de protección y bienestar animal, el cual debe estar relacionado con el cuidado y el respeto de todos los animales, no obstante a la gran lucha que el Estado ha venido realizando para dar mejor calidad de vida a los animales, es necesario se sigan creando mejores condiciones pues los mismos nacen iguales ante la vida por lo que se debe el respeto a su desarrollo natural mismo que es contemplado en la Ley de Protección a los Animales.

La tortura y maltrato a los animales fomenta en las personas sentir desprecio hacia ellos, inclusive se puede tornar como algo normal y una costumbre, donde los animales son vistos como objetos de diversión y de sufrimiento. Es por ello, que la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, tiene como fin el de proteger a estos seres vivos, por ello establece la obligatoriedad de respetar a los animales.

En 1977 esta Declaración Universal de los Derechos de los Animales se aprobó por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con objeto de proveer a la humanidad de un código de ética biológica y de comportamiento moral, tendiente a concientizar al ser humano; además precisa que todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia; razón por la cual, entre otros artículos, señala : “Que los animales deberán ser tratados con dignidad y respeto durante toda su vida, y no serán sujetos de diversión o entretenimiento de la sociedad”, es decir, prohíbe que cualquier animal sea sometido a malos tratos o actos crueles o que sea explotado para esparcimiento del hombre.

A pesar de contar con los instrumentos legales a nivel mundial no es suficiente, en Jalisco, la protección de los animales continúa siendo un problema, ya que falta fortalecer los instrumentos legales en materia bienestar y la protección de los animales, a fin de prohibir las prácticas donde se utiliza instrumentos punzocortantantes que causan daño a un animal o cualquier otro tipo de tortura o maltrato a los que son sometidos.

Actualmente, en países de Europa como Austria, Alemania y Suiza tienen contemplado en sus Constituciones Políticas, el tema de la naturaleza y de la protección a los animales. Asimismo en América Latina, el caso de Bolivia que estipula las competencias de los gobiernos municipales autónomos en materia de protección de la fauna silvestre y animales domésticos.

Estas conductas de maltado, tortura y de crueldad a los que son sometido los animales por parte de las personas, son originadas en muchas ocasiones por resentimientos que guardan las personas, que buscan desquitar sus frustraciones con los animales o porque crecen en un ambiente familiar donde la falta de valores y cultura no es fomentado. Lo que conduce a prácticas crueles hacia los animales privándolos de su derecho a una vida sana y digna.

También, estas conductas pueden afectar el entorno social porque al generar prácticas de maltrato en los animales, produce conductas violentas hacia las demás personas. Por otro lado la falta de valores éticos y culturales hace que las personas pierdan el respeto a la vida de los demás seres vivos. Es por ello, la necesidad de establecer en la Constitución Política del Estado las facultades del Congreso en materia de protección y bienestar animal, ya que es parte esencial contar con un marco jurídico que regule el comportamiento de las personas hacia los animales.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS:

• Reformar la Constitución Política del Estado de Jalisco, para facultar al Congreso del Estado, para legislar en materia de protección, bienestar y maltrato animal.

TÍTULO: ENERGÍAS LIMPIAS ACCESIBLES

VISIÓN: Aprovechar la radiación solar, a través de tecnologías como son los paneles solares que permiten energía limpia y accesible para todos. Su aprovechamiento es para producir calor y calentar agua y producir electricidad (energía solar).

RESUMEN EJECUTIVO:

Las energías limpias, no dañan el medio ambiente, ya que no provocan la emisión de gases contaminantes a la atmósfera o, en su defecto, las emisiones son mínimas. Por tanto, no contribuyen a efectos como el cambio climático, el calentamiento global o el agujero de la capa de ozono, algunos de los principales problemas medioambientales de la actualidad.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

El cambio climático causado por el aumento en la emisión y en la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, es hoy una de las amenazas más grandes a las que se enfrenta la humanidad. La emisión de dichos gases provenientes principalmente de la quema de combustibles fósiles para la generación de electricidad y el transporte, así como del cambio de uso de suelo, han ocasionado severos impactos en el clima causando afectaciones que van desde sequías, inundaciones, alteración del ciclo hidrológico, eventos hidrometeoro lógicos más fuertes y frecuentes, aumento del nivel del mar, derretimiento de glaciares, extinción de especies animales y vegetales, así como innumerables pérdidas humanas.

Por ello, las energías limpias se vuelven cada vez más atractivas y necesarias. Ya que los residuos forestales o biomasa sólida representan la mayor fuente de energía, alcanzando consumos de 78.8 millones de toneladas equivalentes de petróleo (MTEP) como energía primaria de la cual se generan 72.8 twh eléctricos y 64.9 MTEP térmicos.

Las reservas petroleras probadas durarán poco más de 20 años y para 2030 se proyecta que se habrá terminado el petróleo de fácil extracción y más barato. Los bajos precios del petróleo también nos han afectado, el 24 abril de 2015, el barril mexicano llegó a los 54.65 dólares, que equivale a una caída de 43 por ciento con relación a los 96 dólares que costó el mismo mes de 2014, lo que nos indica que si continúa la misma tendencia de un precio menor a los 60 dólares por barril y con una producción de 2.35 millones de barriles diarios, las contribuciones petroleras en México pasarían del 16 por ciento del presupuesto federal en 2016 al 8 por ciento en 2020, lo que debe motivar a dar el salto a la utilización de fuentes de energía renovables, limpias y accesibles.

De acuerdo al estudio “Plan integral para el desarrollo de las energías renovables en México 2013-2018” de Price Waterhouse Coopers (PwC), si en nuestro país se generaran 10 mil gigavatios por hora (GWh), a través de energías renovables, al año se daría un incremento en el Producto Interno Bruto (PIB) de 346 mil millones de pesos, se podrían crear hasta 15 mil empleos y se lograría una recaudación fiscal de 23 mil millones de pesos. Por ello, se estima que México podría generar 90 mil empleos directos en el 2024, se bajarían las emisiones de gases de efecto invernadero entre 30 y 50 millones de toneladas de bióxido de carbono y se limitaría hasta en un 65% la explotación de los hidrocarburos.

La meta de México es que el 35% de la energía que se use en el 2024 sea renovable, por lo que el crecimiento requerido es de 120 TWh por año; esta si se da mediante una generación combinada de 77.5 TWh por año con energías limpias y 42.5 TWh por año con gas natural, el costo aproximado estaría en un rango de 8.2 y 9.7 mil millones de dolores.

México cuenta con un enorme potencial en recursos renovables. En 2016, el 20.31% de la energía eléctrica fue generada con fuentes limpias. Las tecnologías que mostraron mayor crecimiento fueron: la eólica, la fotovoltaica y cogeneración eficiente. La Generación con Energías Renovables en el 2016 fue del 15.41% (49,206.20 GWh), siendo la hidroeléctrica la que contribuyo con un 9.68%, seguida de la energía eólica con un 3.28% y al final la fotovoltaica con un 0.07%; mientras que el 4.90% fue contribuido por otras energías limpias tales como la nuclear, cogeneración eficiente, frenos regenerativos y licor negro.

De acuerdo al Primer Informe Bienal de Actualización ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. INECC/SEMARNAT, 2015, la generación de energía contribuye con un 19% de emisiones de gases de efecto invernadero mientras que el autotransporte con un 23%.

Por lo que se requiere una reducción considerable en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), un vehículo de gasolina con un consumo anual de 4.800 litros de gasolina emite 2,196 kg CO2.

El PVEM busca garantizar que, frente a las nuevas realidades en el contexto ambiental y en apego a las nuevas tecnológicas, el sector energético y Petróleos Mexicanos, minimicen las emisiones generadas por el uso hidrocarburos.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS:

• Incentivar fiscalmente la instalación de tecnologías que permitan el uso de la radiación solar como son los paneles solares en edificios públicos, hospitales, escuelas, viviendas, industrias y empresas e infraestructura pública. Mediante una reforma en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
• Promover el uso de biocombustibles de segunda y tercera generación así como otras fuentes de energía renovable en los procesos productivos, generación de electricidad y en servicios como el transporte.
• Reducir y en algunos casos eliminar los impuestos para la importación de tecnologías de energías renovables. Mediante una reforma en el Código Fiscal de la Federación.

TÍTULO: EDUCACIÓN AMBIENTAL EN TODOS LOS NIVELES ESCOLARES

VISIÓN: Implementar la materia de educación ambiental en todos los niveles escolares para crear consciencia del daño ambiental, así como de la necesidad de adoptar nuevos hábitos para contaminar menos y, generar medidas para disminuir el daño ambiental que se genera en el presente. Respetar y proteger el medio ambiente, permitirá que el propio medio ambiente se recupere, ofreciendo mejores condiciones de vida y salud a la población.

RESUMEN EJECUTIVO:

Una de las formas en las que la sociedad en general tiene la oportunidad de crear y mantener una buena relación con el entorno que nos rodea es a través del cuidado, preservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales.

En la medida en que la educación ambiental logre modificar hábitos y conductas ambientales negativas que afectan la calidad del medio ambiente, habrá un mayor bienestar para la población, así como la salud de los ecosistemas.

A pesar que en México se han tenido avances importantes en educación ambiental, ha quedado rezagado internacionalmente en la materia, dado que varios Países como Estados Unidos, Chile, Australia, de la Unión Europea y entro otros, desde la década de los noventa comenzaron con la transformación de sus planes y programas de estudio obligatorios en educación ambiental dentro de la currícula escolar.

Actualmente para el País, los costos totales a causa del agotamiento y degradación ambiental representa uno de sus grandes retos, ya que han mostrado un crecimiento notable y por ende un mayor gasto público cada año en la materia.

Por ello, es fundamental que el Estado Mexicano incorporé la educación ambiental como parte integral de la educación que imparta, para que desde una cultura de la prevención se puedan mitigar los impactos negativos de la actividad económica al medio ambiente.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Los problemas asociados con el medio ambiente en México implican cada vez más, una reflexión más profunda, pues sin duda, los retos en materia ambiental se han agudizado.

Desacoplando el deterioro ambiental de la actividad económica en México, desde el 2003 hasta el 2016, se puede observar que siguen una misma tendencia hasta el año 2013, pero vuelve a retomar su pronunciamiento en el 2015. Lo hace plantear que mientras que la económica mexicana siga creciendo, repercutirá en un mayor deterioro ambiental, tal y como se pueden apreciar en la siguiente gráfica:

Fuente: Elaborado con datos del INEGI.

En términos absolutos los costos totales por agotamiento y degradación ambiental en México para el año 2016, representaron; 921 mil 814 millones de pesos, es decir, 4.6% del Producto Interno bruto para ese mismo año. Desde el 2003 hasta el 2016, éstos han tenido una tendencia positiva conforme crece la economía, tal y como se puede apreciar en la siguiente gráfica:

Fuente: Elaborado con datos del INEGI.

Con base en la metodología del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) los costos por deterioro ambiental en el 2016, se conformaron de la siguiente manera:

           Fuente: INEGI

Como se puede apreciar en el recuadro los costos por deterioro ambiental se componen por una gama de fuentes, que van desde el agotamiento de los recursos naturales como los recursos forestales y el agua, hasta la contaminación del aire, los residuos sólidos y la degradación del agua.

Política comparada en Educación ambiental

La educación ambiental es una las mayores herramientas que han utilizado diversos países en el mundo, para hacer frente al cambio climático, al agotamiento de recursos naturales y degradación ambiental. Solo por citar unos ejemplos se enlistan los siguientes:

Estados Unidos

Estados Unidos desde 1990, incluyó dentro de su legislación la Ley Nacional de Educación Ambiental, en donde se plasma el actuar del Gobierno Federal, de las instituciones educativas estatales, instituciones ambientalistas y del sector privado; para el desarrollo de planes de estudios y proyectos especiales en materia medio ambiental, en todos los niveles educativos e incentivando a los estudiantes de posgrado a seguir carreras relacionadas con el medio ambiente a través de becas y premios medioambientales^[13].

Chile

En la República de Chile las reformas educativas de 1990 ya consideraban a la educación ambiental como un objetivo fundamental de forma transversal del currículum escolar^[14].

España

El auge de la educación ambiental en España comienza a finales de los años sesenta, llegándose a constituir en la década de los ochenta gracias al esfuerzo de profesores y a la aportación de los movimientos de renovación pedagógica, que crearon el clima adecuado para que el medio ambiente y sus problemas se incorporaran a la escuela, con la elaboración de materiales y organizaciones de cursos, jornadas y congresos en la materia^[15].

Australia

La educación ambiental empezó a desarrollarse a mediados de los años sesenta, siendo hasta 1984 cuando los departamentos de los ministerios a cargo del Medio Ambiente crearon un Grupo de Trabajo en Educación Ambiental con la finalidad de proteger la Naturaleza y el Medio Ambiente austriaco, con lo cual siguieron iniciativas como el Decreto sobre Educación Ambiental en los centros escolares publicado, por el Ministerio Federal de Educación y Arte en 1985.

Francia

Las acciones a favor de la educación ambiental han estado orientadas a su integración en la escolaridad obligatoria. Su implantación se ha ido apoyando en los diversos textos normativos del Ministerio de Educación Nacional tales como:

La Carta Constitutiva de la Educación Ambiental, publicada en 1977, la cual establece la Instrucción General sobre educación ambiental de los alumnos en materia de Medio Ambiente.

El Protocolo de 1983, firmado por el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Medio Ambiente, el cual tiene la finalidad de fomentar una mayor integración de los aspectos medioambientales en los programas de estudios y en la organización pedagógica de los centros, con el fin de facilitar las actividades interdisciplinares sobre el Medio Ambiente.

El Protocolo de 1993, en el que se integraron las aportaciones de la Conferencia de Río de Janeiro de 1992, con la intención, que al concluir la enseñanza obligatoria a los 16 años, los alumnos tengan conocimientos medioambientales básicos para desenvolverse en sociedad.

Reino Unido

Ha situado el Desarrollo Sostenible en un lugar preponderante de la política británica, creando organismos para la defensa del Medio Ambiente, tales como el Comité del Gobierno Británico en materia de Desarrollo Sostenible.

Pero es a partir de la reforma de la enseñanza de 1988, cuando se establecen una serie de objetivos para los centros escolares con respecto a la implantación de la educación ambiental, en donde los problemas medioambientales pueden abordarse desde varias disciplinas obligatorias.

Del estudio internacional descrito, no hay duda de ser difícil, y en México es necesario e inaplazable que dentro del proceso de formación de los estudiantes, se contemple una materia con visión más amplia de la problemática ambiental, que concientice a las generaciones futuras de la gravedad del deterioro del medio ambiente y del impacto que este trae a la calidad de vida y al bienestar social.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS:

• Reformar mediante iniciativa de acuerdo legislativo el artículo 7 de la Ley General de Educación para incorporar la materia de educación ambiental como parte integral de la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización.

Donde se contemple un artículo transitorio, en el cual se determine la obligatoriedad, para que la Secretaría de Educación Pública Federal en coordinación con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y demás autoridades competentes, hagan efectiva una materia específicamente sobre educación ambiental, en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional.

• Reformar la Ley de Educación del Estado de Jalisco y los reglamentos respectivos de la materia con el fin de garantizar la educación ambiental en todos los niveles educativos en las escuelas públicas de la entidad, para crear conciencia a los estudiantes del cuidado y protección ambiental.

TITULO: POR UNA BUENA CALIDAD DEL AIRE

VISIÓN: Formular acciones para garantizar la calidad del aire, así como la protección y restauración de la atmosfera, bajo el principio de concurrencia. Definiendo cuenca atmosférica para así establecer los principios generales que deben privar en la gestión de la calidad del aire para promover que se asuman responsabilidades iguales, pero obligaciones diferenciadas con el fin de incentivar buenas prácticas y procesos que reduzcan las emisiones de contaminantes a la atmósfera.

RESUMEN EJECUTIVO:

La contaminación atmosférica es uno de los principales problemas ambientales de México y del mundo. Evidentemente es un fenómeno que puede relacionarse con el crecimiento poblacional, pero sobre todo con su concentración en grandes urbes, y la producción industrial en muchos sentidos, ya que esta se ha caracterizado porque en los centros poblacionales, sobre todo en los últimos 70 años se han desarrollado los procesos industriales que emiten contaminantes, alterando la calidad del aire y por ende la atmósfera.

Si bienes intangible, la atmósfera terrestre es el bien común más global en el planeta. Es una muy delgada película, constituida por una masa gaseosa de composición prácticamente homogénea que envuelve la tierra y que se mantiene unida al planeta por la fuerza de la gravedad.

Entre sus funciones más importantes es la de proveer a los seres vivos de gases imprescindibles para la vida, forma parte del ciclo hidrológico, sirve de protección a la vida terrestre  frente a los rayos cósmicos y distribuye la energía del Sol por toda la Tierra.

Tiene un espesor de aproximadamente 1000 kilómetros y a su vez se divide en varias capas concéntricas sucesivas, que se extienden desde la superficie del planeta hacia el espacio exterior. Atendiendo a una clasificación en función de la distribución de temperatura la podemos dividir en troposfera, estratosfera, mesosfera y termosfera.

Esta capa gaseosa y la hidrosfera constituyen el sistema de capas fluidas terrestres, cuyas dinámicas están estrechamente relacionadas, pues protegen la vida de la Tierra absorbiendo en la capa de ozono gran parte de la radiación solar ultravioleta, reduciendo las diferencias de temperatura entre el día y la noche.

Esta delgada capa de nuestro planeta que representa una millonésima parte de su masa, tiene un papel tan importante en la naturaleza, que es incluso fundamental en el sostenimiento de los procesos vitales.

De acuerdo a los estudios conducidos por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el aire está compuesto por la siguiente proporción de gases: nitrógeno en un 78%, oxígeno en un 21% y gases inertes en un 1%, que se mantienen virtualmente constantes en todo el planeta. Además de estos gases presentes en forma permanente, también están otros gases que varían en su concentración dependiendo de las características de los ecosistemas y de las condiciones climatológicas. Entre ellos, se encuentran el vapor de agua (H2O), que puede variar entre 0 a 4%; el dióxido de carbono (CO2) que tiene una concentración media global de 0.035%; y los gases llamados traza, que incluyen al metano (CH4), óxido nitroso (N2O), ozono (O3), material particulado (PM) y clorofluorocarbonos (CFC) que en conjunto poseen menos de 0.00017% por volumen de aire seco en la atmósfera.

La calidad del aire puede ser degradada por la variación significativa de las proporciones en que están presentes sus distintos componentes o por la introducción en la atmósfera de otros componentes gaseosos o de materia en forma de partículas (que es lo que suele llamarse en sentido restringido “contaminación atmosférica”).

En términos generales se reconocen tres tipos de fuentes contaminantes: las fuentes fijas dentro de las que se consideran las fuentes de emisiones que son estacionarias, es decir establecimientos, generalmente de gran tamaño, como pueden ser las plantas industriales; las fuentes móviles, donde se incluyen diversos medios de transporte, que utilizan motores de combustión; las fuentes naturales que son aquellas que pueden generar emisiones de contaminantes pero son de origen natural como volcanes, o fuentes de origen geológico, y finalmente las fuentes de área que son aquellas estacionarias que son demasiado pequeñas para ser registradas individualmente, como tintorerías o gasolineras.

La contaminación del aire genera efectos nocivos no sólo respecto de la atmósfera propiamente, sino también de la salud humana, la flora, la fauna y los bienes generales.

Respecto al impacto que tiene la calidad del aire en la salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha determinado algunas directrices que establecen los parámetros para reducir de modo significativo los riesgos sanitarios. Señalando que la contaminación, tanto en espacios interiores como al aire libre, constituye un grave problema a la salud y al medio ambiente que afecta a los países desarrollados y en desarrollo por igual.

Existen serios riesgos para la salud derivados de la exposición a las partículas en suspensión (PM) en numerosas ciudades, por lo que es posible establecer una relación cuantitativa entre los niveles de contaminación y el aumento de la mortalidad o la morbilidad.

Las PM afectan a más personas que cualquier otro contaminante y sus principales componentes son los sulfatos, los nitratos, el amoníaco, el cloruro sódico, el carbón, el polvo de minerales y el agua. Las PM consisten en una compleja mezcla de partículas líquidas y sólidas de sustancias orgánicas e inorgánicas suspendidas en el aire. Las partículas se clasifican en función de su diámetro aerodinámico en PM10 (partículas con un diámetro aerodinámico inferior a 10 µm) y PM2.5 (diámetro aerodinámico inferior a 2,5 µm). Estas últimas suponen mayor peligro porque, al inhalarlas, pueden alcanzar las zonas periféricas de los bronquiolos y alterar el intercambio pulmonar de gases.

Los efectos de las PM sobre la salud se producen a los niveles de exposición a los que está sometida actualmente la mayoría de la población urbana y rural de los países desarrollados y en desarrollo. La exposición crónica a las partículas aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como de cáncer de pulmón.

El ozono a nivel del suelo que no debe confundirse con la capa de ozono en la atmósfera superior es uno de los principales componentes de la niebla tóxica. Niveles elevados de ozono puede causar problemas respiratorios, como asma, reducir la función pulmonar y originar enfermedades pulmonares.

Por su parte, el dióxido de nitrógeno (NO2) puede correlacionarse con varias actividades. En concentraciones de corta duración superiores a 200 mg/m³, es un gas tóxico que causa una importante inflamación de las vías respiratorias.

Es la fuente principal de los aerosoles de nitrato, que constituyen una parte importante de las PM2.5 y, en presencia de luz ultravioleta, del ozono.

Las principales fuentes de emisiones antropogénicas de NO2 son los procesos de combustión (calefacción, generación de electricidad y motores de vehículos y barcos).

El dióxido de azufre (SO2) que es un gas incoloro de olor penetrante que se genera con la combustión de fósiles (carbón y petróleo) y lo produce la calefacción doméstica, la generación de electricidad y los vehículos a motor. El deterioro de la calidad del aire o bien, la contaminación atmosférica representa no solo un problema de salud pública, sino que tiene un impacto considerable en la economía de todas las naciones.

Dentro de las principales repercusiones económicas de la contaminación del aire podemos identificar las pérdidas por efectos directos o indirectos en la salud humana, en el ganado y en las plantas; pérdidas por la corrosión de materiales y de sus revestimientos de protección; pérdidas por gastos de mantenimiento de las edificaciones y la depreciación de objetos y mercancías expuestos. Este fenómeno ocasiona gastos por la aplicación de medidas técnicas para suprimir o reducir el humo y las emanaciones de las fábricas y, pérdidas indirectas por mayores gastos de transporte en tiempo de niebla contaminada, o de electricidad por la necesidad de encender el alumbrado antes del horario establecido.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Para la Gestión integral de la calidad del aire, es fundamental un esquema de delimitación, caracterización y clasificación de cuencas atmosféricas del territorio nacional a fin de implementar programas, medidas y acciones tendientes a mitigar y reducir emisiones contaminantes al aire.

Con este fin se establecen Instrumentos de política estatal en materia de calidad del aire, que promueva la reducción de emisiones a fin de mejorar la calidad el aire en nuestro Estado y con ello atender al principio de acciones locales para un efecto global en pro de la protección de la atmósfera.

Los principales Instrumentos serán generar un  Programa Estatal de Gestión de la Calidad del Aire y Protección a la Atmósfera, que permitirá establecer una estrategia intermunicipal para dicha gestión y que tendrá como sustento el Diagnóstico que proporcionará información básica de las concentraciones históricas, actuales y tendencias de los contaminantes en cada municipio, a fin de identificar las necesidades en la gestión de la calidad del aire.

Adicionalmente se estructuran otros programas que permitan la adecuada Gestión de Calidad del Aire de la Verificación Vehicular, y de Contingencias Ambientales Atmosféricas, esto con la debida implementación del Fondo Estatal de Protección al ambiente que fue aprobado en el 2016.

Asimismo, es necesario establecer las bases para poder integrar un Sistema de Información de la Calidad del Aire y Emisiones, que reúna y difunda los datos principales para la gestión de la calidad del aire y la protección a la atmósfera con datos generados por los sistemas de monitoreo, así como los inventarios de emisiones a la atmósfera en cada uno de los 125 municipios del Estado, esto para mantener una coordinación que nos permita alertar a la ciudadanía de las condiciones atmosféricas.

Consideramos que es relevante tener Sistemas de Monitoreo de la Calidad del Aire, en el Estado y desde luego mantener no sólo una coordinación en la entidad sino que conjunto con las otras Entidades Federativas, así como con la federación, por lo que buscaremos incidir para  promover el establecimiento y operación de sistemas de monitoreo de la calidad del aire en cuencas atmosféricas, zonas metropolitanas, conurbaciones con poblaciones de más de quinientos mil habitantes, o con emisiones superiores a veinte mil toneladas anuales de contaminantes criterio a la atmósfera.

La atención e intervención en el sector ladrillero en el Estado, es esencial, es por ello que desde Jalisco, trabajaremos para mitigar la contaminación que produce éste sector tan importante en nuestro Estado. Se estima que existen un aproximado de 2,500 ladrilleras artesanales, posicionándonos como  la segunda entidad del país con mayor cantidad de estos giros, y aproximadamente la mitad se encuentran dentro del Área Metropolitana de Guadalajara, por lo que sus emisiones contaminantes abonan al deterioro de la calidad del aire.

Con el objetivo de atender esta problemática, haremos un análisis y diagnóstico que nos permita conocer la actividad, los retos y oportunidades que representa el intervenir a través de una propuesta para transitar a una cadena productiva de bajo carbono, lo que a su vez podría ser replicable en otros sectores productivos para establecer líneas de acción más concretas para atender la problemática asociada a la informalidad de la actividad, así como sus implicaciones ambientales y sociales al emitir contaminantes que afectan la salud de los productores y los habitantes de las comunidades aledañas.

EN EL PARTIDO VERDE PROPONEMOS:

• Incorporar en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente la definición de “Cuenca atmosférica”, para garantizar una gestión de la calidad del aire eficiente y eficaz.
• Incluir en las facultades de la SEMARNAT las siguientes, en materia de calidad del aire y cuencas atmosféricas.
• Formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de gestión de la calidad del aire y protección de la atmósfera, basada en un sistema de cuencas atmosféricas.
• Elaborar el Programa Nacional de Gestión Calidad del Aire y Protección a la Atmósfera.
• Delimitar las cuencas atmosféricas, determinar su capacidad de asimilación y definir los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes al aire en una cuenca atmosférica.
• Elaborar, aplicar y evaluar programas para la reducción de emisiones de contaminantes, con base en la calidad del aire de cada cuenca atmosférica.
• Establecer políticas, programas y lineamientos que permitan reducir las emisiones de las fuentes móviles.
• Desarrollar y fomentar, en coordinación con otras dependencias del Gobierno Federal programas de desarrollo rural, estrategias y programas de eficiencia energética, promoción de energías alternativas, estrategias de adopción de tecnologías limpias y de verificación vehicular para el transporte público federal, así como programas de desarrollo urbano y ordenación del territorio nacional que permitan mejorar la calidad del aire.
• Elaborar, publicar y mantener actualizado el Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire y Emisiones e integrarlo al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
• Incorporar en la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente la definición de “Cuenca atmosférica”, para garantizar una gestión de la calidad del aire eficiente y eficaz.
• Incluir en las facultades de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial el conocer respecto de materia de calidad del aire y cuencas atmosféricas:
• Formular, conducir y evaluar la política pública estatal de gestión de la calidad del aire y protección de la atmósfera, basada en un sistema de cuencas atmosféricas.
• Elaborar el Programa de Gestión de Calidad del Aire y Protección a la Atmósfera.
• Delimitar las cuencas atmosféricas del Estado, para determinar su capacidad de asimilación y definir los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes al aire.
• Elaborar, aplicar y evaluar programas para la reducción de emisiones de contaminantes, con base en la calidad del aire de cada cuenca atmosférica.
• Establecer políticas, programas y lineamientos que permitan reducir las emisiones de las fuentes móviles.
• Desarrollar y fomentar, en coordinación con los municipios y la Agencia de Energía del Estado programas de desarrollo rural, estrategias y programas de eficiencia energética, promoción de energías alternativas, estrategias de adopción de tecnologías limpias y de verificación vehicular para el transporte público federal, así como programas de desarrollo urbano y ordenación del territorio nacional que permitan mejorar la calidad del aire.
• Buscar alternativas sustentables en los municipios del Estado que cuenten con ladrilleras a efecto de mitigar la contaminación que producen.
• Eficientar la aplicación del Fondo Estatal de Protección al Ambiente para que se generen Programas Estratégicos que permitan mejorar la calidad del aire en el Estado.
• Garantizar el que el nuevo programa de verificación vehicular se aplique en el Estado, a efecto de que las fuentes móviles cumplan los más altos estándares de calidad, disminuyendo el impacto ambiental que generen.

TÍTULO: REFORMA FISCAL EN APOYO AL RECICLAJE

VISIÓN: En Jalisco, durante los últimos años las políticas públicas implementadas han sido encaminadas a transitar a lo que comúnmente se conoce como “economía verde”, cuyo objetivo, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente^[16], es contribuir a mejorar el bienestar de las personas y la equidad social, así como reducir la escasez de recursos ambientales.

El reciclaje es un eslabón primordial de la economía verde. Es una industria o sector de la economía que requiere de incentivos para su desarrollo, considerando los beneficios que puede aportar a la sociedad, desde el punto de vista económico, ambiental y social.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), si bien el número de personas empleadas en el sector se ha incrementado 44% desde 2008, las remuneraciones por persona, los ingresos generados y sus gastos erogados han disminuido desde el mismo año en 2.6; 26.1 y16.2%^[17], respectivamente. Lo anterior revela el estancamiento del sector.

Por otro lado, se detectan posibles incentivos perversos en la legislación fiscal actual, particularmente en lo que se refiere al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR). El hecho de que el RIF sea aplicable solamente a personas físicas puede estar generando que no se crean empresas (o personas morales).

RESUMEN EJECUTIVO:

La industria del reciclaje aporta beneficios económicos y ambientales al país. Uno de los primeros pasos para el manejo integral de residuos es su recolección selectiva para su posterior reciclaje, todo en beneficio del medio ambiente. Sin embargo, para el caso del reciclaje en Jalisco, esta práctica presenta algunas dificultades entre las que destacan los pocos u nulos incentivos fiscales para esta industria.

Asi mismo es importante el seguir apostando por la certificación voluntaria de las empresas de nuestro Estado, para ello es importante de dotar de estímulos fiscales para que más empresas se certifiquen y contribuyan al buen ejercicio de la actividad pública.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

En la actualidad, y pese a los beneficios del reciclaje, se detecta una fuerte carga fiscal para la industria, lo que desincentiva su desarrollo, principalmente en lo que refiere al acopio o recolección selectiva de residuos.

Quienes realizan esta actividad deben pagar el 16% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el 5% del Impuesto sobre la Renta (ISR). El IVA le es trasladado al adquiriente (por primera vez), quien lo retiene junto con el ISR y luego lo declara ante el fisco. Lo anterior se hace a través de una “autofactura”, para lo cual el adquiriente debe dar de alta al recolector ante el SAT^[18].

Lo anterior significa que, a pesar de que la recolección selectiva de residuos pudiera considerarse primer eslabón en una cadena de producción (como materia prima), no recibe el mismo tratamiento que otras materias primas, para las cuales la tasa de IVA es del 0%. Además de la carga administrativa que implica el esquema planteado para los adquirientes del material para reciclaje.

A partir de 2014 se reformó la LISR y se crearon nuevos regímenes fiscales, entre los que destacan el RIF y el Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. En principio, se buscó ampliar la base de contribuyentes, lo que se logró.

De acuerdo con información del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al mes de septiembre de 2017 había un total de 65.9 millones de contribuyentes en el país, de los cuales 63 millones se encontraban activos^[19]. Cabe señalar, que según el propio SAT, es posible que un contribuyente tribute en más de un régimen fiscal, por lo que el número real de contribuyentes puede ser menor.

Del total de contribuyentes, el 60.8 por ciento corresponde a asalariados (40.0 millones), el 18.5 por ciento (12.2 millones) se presenta como “sin obligaciones fiscales” y el 9.9 por ciento corresponde a la suma de los contribuyentes dentro del RIF (4.9 millones) más lo que están dentro del Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras(1.6 millones).

En diciembre de 2013, el número de contribuyentes era considerablemente menor, pero con una distribución distinta a la que se observó en diciembre de 2016^[20].

1/ En 2013 incluye también al régimen intermedio de las personas físicas con actividades empresariales, que desaparece para 2014.

Parece haber una tendencia a favorecer la incorporación de personas físicas en comparación con las personas morales. De septiembre de 2013 a 2017 el número de contribuyentes personas físicas creció más del 30 por ciento, mientras que el de personas morales no llegó al 14 por ciento de crecimiento. Se infiere que el RIF ha incidido en este comportamiento, pues solamente permite la incorporación de contribuyentes personas físicas.

De lo anterior, se propone promover el desarrollo de la industria del reciclaje mediante la generación de incentivos fiscales.

Estimación de impacto presupuestario

El impacto se verá reflejado en un aumento de los gastos fiscales, es decir, en una disminución de los ingresos del erario.

Para la estimación se toman como base los datos manejados por la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en el documento Estimación de la evasión por la venta de material para la industria de reciclaje^[21].

Se estima el posible impacto presupuestario de:

Tasa 0% de IVA en venta por primera vez.

Se estima el ingreso por la venta de material reciclado (primera vez) en 8,039.6 millones de pesos (mdp) en 2013. Al traer esta información a 2017, se aplica la tasa de variación que se infiere de los datos publicados por el INEGI de 2013 a 2017. Se tiene que los ingresos del sector han crecido cerca del 4.9 por ciento, lo que significa que los ingresos estimados por estas ventas en 2017 ascenderían a 8,431.8 mdp. Al aplicarle la tasa de 0% a estas transacciones se estarían dejando de ingresar al erario 1,341.1 mdp al año.

Tasa 0% de ISR en venta por primera vez.

Considerando que actualmente se paga el 5 por ciento de ISR, se podría afirmar que al aplicar la tasa de 0% de ISR a los 8,431.8 mdp de ingresos se estaría dejando de percibir el 5% de éstos, es decir, 421.6 mdp.

En total, los gastos fiscales por la aplicación de la tasa cero al IVA y al ISR en venta por primera vez de materia prima para reciclaje ascendería a 1,771 mdp anuales.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS:

• Proponer la reforma al artículo1o A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) para incluir a las personas físicas que adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad industrial o para su comercialización como personas obligadas a retener el impuesto que se les traslade.
• Proponer la reformar la fracción I del artículo 2º.-A de la LIVA, para incluir la enajenación de materia prima para el reciclaje (en compra de primera vez o hasta cierto límite en valor de venta) dentro de la tasa del 0%.
• Proponer reformar el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), para incluir dentro de los ingresos que no causan ISR a los obtenidos por la venta (por primera vez o hasta cierto límite del valor total de venta) de materia prima para el reciclaje.

O bien

• Generar un capítulo nuevo en la LISR que trate sobre un régimen especial para el sector del reciclaje (como el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras del capítulo VIII de la LISR). Esto podría requerir que específicamente se elimine la posibilidad de que las personas físicas que recolectan se adhieran al RIF (artículo 111).

O bien

• Reformar el artículo 111 de la LISR a fin de permitir a las personas morales (con algunas restricciones) su integración a este régimen (RIF).
• Generar una Norma Técnica Estatal que permita conocer los lineamientos para la acreditación de ser una empresa socialmente responsable en cuanto al reciclaje y separación de sus desechos.
• Reformar la  Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, para brindar estímulos fiscales a quienes se certifiquen como empresas ambientales en el Programa de Certificación ambiental Voluntario.
• Reformar la Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco, así como la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la protección al Ambiente, a efecto de que se acredite como una actividad prioritaria para la obtención de estímulos fiscales, el reciclaje de las personas físicas y jurídicas que así lo acrediten.
• Reformar la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, para otorgar estimulas fiscales  a quienes acrediten ser ambientalmente responsables al reciclar sus desechos.

TÍTULO: FINANCIAMIENTO AL MEDIO AMBIENTE

VISIÓN: Garantizar el derecho a un medio ambiente sano en los municipios del Estado

RESUMEN EJECUTIVO:

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, siendo el Estado el encargado de garantizar este derecho, plasmado en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto se conoce como un derecho difuso por ser inmanente a todas sin distinción, todos tenemos derecho al acceso igualitario a un medio ambiente digno.

Dentro de la legislación mexicana en materia ambiental hasta el momento no hay Ley que estipule la obligatoriedad a las Entidades Federativas a destinar recursos específicos a actividades y programas directamente relacionados con la protección y cuidado del medio ambiente, ni mucho menos en hacer frente a los costos de degradación ambiental y agotamiento de los recursos naturales de manera directa. No obstante el artículo 7 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, nos faculta como entidad federativa en la formulación, conducción y evaluación de la política ambiental estatal, así como la aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en la diversidad de leyes con las que contamos en la materia, con la finalidad de fomentar la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realice en bienes y zonas de jurisdicción estatal, la prevención y control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como por fuentes móviles.

En este contexto el gasto destinado a la protección ambiental en comparación con los costos ambientales y por el agotamiento de los recursos naturales generados por la actividad diaria de la sociedad Mexicana es mínimo, por lo que la creciente complejidad de los problemas que afectan al medio ambiente en el mundo, ha obligado a la comunidad internacional a crear un marco jurídico y programático que disponga de herramientas financieras para promover políticas públicas en la materia, con la participación de los gobiernos y los ciudadanos comprometidos con la preservación ambiental, el cuidado de los recursos naturales y fomento del desarrollo sustentable.

Así han surgido un conjunto de mecanismos diseñados para captar y canalizar los recursos económicos necesarios para hacer frente al enorme desafío que representa hoy la falta de racionalidad en la explotación de los recursos naturales en los países en vías de desarrollo y el negativo impacto del crecimiento industrial de los países desarrollados. En este marco es que en los últimos años se han creado una serie de leyes que ya contemplan diversas figuras y herramientas de corte financiero, como es el caso de los Fondos forestales y ambientales, que han venido apoyando diversos programas y proyectos beneficiosos para a la naturaleza y el medio ambiente.

En el Estado de Jalisco no había sido posible avanzar en este sentido, no obstante que desde el año 2007 se modificó la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en cuyo artículo Segundo Transitorio específicamente se contempló la obligación de crear la figura del fondo ambiental como herramienta financiera tanto para el Estado como para los municipios para la investigación, estudio y atención de asuntos en materia ambiental que se considere de interés para el Estado.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Los problemas ambientales como las contingencias ambientales en la Magalopolis; la escasez de los recursos no renovables; la falta de energía limpia-renovable; el manejo de residuos sólidos, entre otros, son de total preocupación tanto para la sociedad civil como de las autoridades. Lamentablemente, esos inconvenientes se han ido acrecentando conforme la población y el proceso de industrialización han aumentado.

Como se puede observar los gastos en protección ambiental realizados en 2014 por el sector público en su conjunto y los hogares alcanzó un monto de 147,666 millones de pesos, lo cual representó el 0.9% del PIB a precios de mercado. Este gasto se destinó principalmente al sector de la construcción con 31.1%; seguido de las actividades de Gobierno 24.6%; la Minería 21.2%; los Servicios profesionales, científicos y técnicos el 8.6%; y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final, 8 por ciento. En conjunto, a estos sectores se destinó el 93.5% del total de gasto en protección ambiental. Mientras que los costos totales por agotamiento y degradación ambiental en el año de 2014 ascendieron a 910,906 millones de pesos, lo cual representa el 5.3% del PIB a precios de mercado.

Es decir del 5.3% de PIB que representan los costos totales por agotamiento y degradación ambiental, solo se compensa con el 0.9% del PIB en gastos para la protección ambiental, lo que conlleva un diferencial de 4.4% del PIB o en términos  monetarios tiene una implicación de 763,240 millones de pesos, los cuales no tienen una compensación de gastos destinados a la protección ambiental para resarcir los costos ambientales. Sin ser Jalisco la excepción.

Si Jalisco destinara por lo menos el 6% de sus ingresos propios a las actividades y programas relacionados con la protección y conservación del medio ambiente, se podrá garantizar la preservación de los recursos naturales y el derecho a un medio ambiente sano, donde el impacto presupuestal sería el siguiente:

Tabla 2.

De acuerdo con los datos que anteceden, se estaría aportando más recursos para el cuidado y protección al ambiente, con un monto total de 1,220.6 millones de pesos. En este sentido, es necesario plantear una “política ambiental donde emerja la posibilidad de prevenir, encausar o corregir el impacto humano sobre el medio ambiente natural; con  una acción deliberada mediante la cual se proyecta un orden social, se proponga un camino y se modela una propuesta de futuro^[22]”.

EN EL PARTIDO VERDE PROPONEMOS:

• Proponemos que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos Anual, se procure por lo menos, el 6% del total de los ingresos propios para actividades y programas relacionados directamente con la protección y conservación del medio ambiente que la entidad federativa requiera.
• Vigilar el destino del Fondo Ambiental para financiar Programas Ambientales que mitiguen el deterioro, así como para la investigación, estudio y atención de asuntos en materia ambiental que se considere de interés para el Estado.

[1] Presentación sobre la reducción de emisiones de los empleados de la SEMARNAT mediante la disminución de demandas de viajes, ejercicio piloto realizado exclusivamente para las condiciones del personal que labora en SEMARNAT. DGGCARETC.

[2] Estadísticas de agua en México, edición a 2016, http://files.conagua.gob.mx/conagua/publicaciones/Publicaciones/EAM2016.pdf

[3]Brensing Karsten, Linke Katrin, Todt Dietmar, “Can Dolphins Heal by Ultrasound?”, en Alaniz P., Yolanda y Rojas Laura, Delfinarios, México, COMARINO, 2007, p.31

[4]http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx

[5]https://permaculturarioja.wordpress.com/2013/08/13/538/

[6] GUERRERO, ANA. Enfermedades Parasitarias que las mascotas pueden contagiarte. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología(CONACYT). México. 2017.

[7]VEGA, SANTIAGO. Parásitos gastrointestinales en cachorros caninos provenientes de la venta comercial en el Cercado de Lima. Salud y Tecnología Veterinaria. Perú. 2014

[8]Ibidem.

[9]De acuerdo con la Ley de Protección a los Animales dela Ciudad de México: Animal Doméstico es el animal que ha sido reproducido y criado bajo el control del ser humano, que convive con él y requiere de este para su subsistencia y que no se trate de animales silvestres.

[10]Hyun-Sook lee Kim. El Mercado Creciente de las Mascotas en México: Beneficios y Oportunidades de Negocios. INCEPTUM. México. 2014

[11]Boletín UNAM-DGCS-054. El tráfico de animales es la tercera actividad ilícita más redituable en el mundo. 2016.

[12]Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Informe de actividades 2016.

[13] https://www.epa.gov/sites/production/files/documents/neea.pdf

[14] Universidad Católica, Chile 2010.

[15] http://ww.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1269276607.pdf

[16] https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/united-nations-environment-programme/

[17] Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/. Fecha de consulta: 30/11/2017 12:49:20

[18] Ver http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/infografia_recicladores.pdf. Consulta del 29 de noviembre de 2017.

[19] http://www.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/inicio.html. Padrón. Consulta del 23 de noviembre de 2017.

[20] Se utilizan fechas comparables para evitar problemas de estacionalidad.

[21] IPN (sin año) Estimación de la evasión por la venta de material para la industria de reciclaje. Escuela Superior de Economía. Recuperado de: http://www.sat.gob.mx/administracion_sat/estudios_evasion_fiscal/Documents/evasion_industria_reciclaje.pdf. Consulta del 30 de noviembre de 2017.

[22]http://2010.colmex.mx/16tomos/IV.pdf

TÍTULO: CÁNCER INFANTIL BIEN ATENDIDO

VISIÓN: Incrementar los recursos asignados para atender el cáncer infantil, y garantizar su actividad laboral de los padres de familia o tutor, ya que son el sustento de los niños con cáncer.

RESUMEN EJECUTIVO:

La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través del proyecto GLOBOCAN de la International Agency for Research on Cancer (IARC), estimó que para el año 2012 la incidencia anual de cáncer en menores de 15 años en el mundo fue de 88 casos por millón de habitantes; por región, las incidencias más altas se identificaron en Europa y América (139 y 126 casos por millón respectivamente.) Las leucemias ocuparon el 1º lugar (31%), seguidos por los linfomas (15%), tumores del Sistema Nervioso Central (SNC) (13%), renales (6%) y hepáticos (2%).

En México se estima que existen anualmente aproximadamente entre 5,000 y 6,000 casos nuevos de cáncer en menores de 18 años y tan sólo en Jalisco en el año del 2016 se presentaron 1, 839 casos de cáncer infantil, de los cuales el 70% de éstos son curables.  Según el registro Estatal del Cáncer, la incidencia de cáncer en Jalisco desde 1992 al 2010, es la siguiente:

El cáncer infantil es la principal causa de muerte por enfermedad en mexicanos entre 5 y 14 años de edad, conforme a las cifras preliminares 2013 reportadas en el Sistema Estadístico Epidemiológico de las Defunciones (SEED), sin embargo en Jalisco se ha logrado reducir la mortalidad, logrando una tasa de curación de casi al 70%, esto es por arriba de la tasa nacional reportado por la Secretaría de Salud Federal, sin embargo es necesario un esfuerzo inminente para superar ésta cifra, por lo que es necesario hacer un diagnóstico oportuno, un tratamiento especializado y desde luego el seguimiento del tratamiento para obtener beneficios sustanciales. Con la finalidad de dimensionar ésta problemática se anexa las siguientes tablas que emite el Registro Estatal del Cáncer para conocer las dimensiones de este problema en cuando a la edad y el sexo, enfatizando la edad pediátrica en el 2010:

A pesar de que la incidencia es alta, lamentablemente, Jalisco cuenta con un déficit de especialistas médicos, esto respecto al promedio que indica la OCDE la cual señala que se necesitan 1.78 expertos por cada mil habitantes, además tan sólo tenemos dos hospitales acreditados para tratar el cáncer en niños y adolescentes, sin embargo ante la alta demanda de servicios médicos, éstos se distribuyen entre el Hospital Civil, el Hospital General de Occidente Zoquipan, y el resto en el IMSS y el ISSSTE, sin mencionar que las camas del Hospital Civil se encuentran sobresaturadas, por lo que debemos abrir espacios para atender a éstos niños que se encuentran con un problema crítico o bien que si se atienden oportunamente tienen una mayor esperanza de vida. Esto quiere decir que aún hace falta mucho por hacer para poder subsanar el déficit que se refleja.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

El cáncer infantil en Jalisco como en México es un grave problema de salud pública que representa un reto multidisciplinario, pero para obtener un óptimo control implica ofrecer educación para la salud; mejorar los programas de prevención y detección oportuna de cáncer; acrecentar la infraestructura de los recintos médicos; y suministrar cuidados paliativos para mejorar la calidad de vida. Debemos considerar que el principal problema del sector salud es la falta de recursos económicos, según el Registro Estatal de Jalisco 2010, los casos diagnosticados en el Estado fueron atendidos de la siguiente forma:

Con base en lo establecido en el Programa de Acción Especifico, “Cáncer en la Infancia y la Adolescencia 2013-2018”, la principal estrategia para disminuir los estragos de una enfermedad una vez diagnosticada, es la prevención secundaria. La posibilidad de sobrevivir al cáncer en estados iniciales sobrepasa el 80%, mientras que esta cifra disminuye a menos del 20% en etapas avanzadas de la enfermedad. Específicamente en cáncer de la infancia y adolescencia, las medidas más eficaces de prevención secundaria consisten en detección temprana, acceso efectivo a los servicios de salud y tratamiento oportuno, integral y efectivo de la enfermedad.

Para lograr el objetivo de disminuir la mortalidad en niñas, niños y adolescentes con cáncer, se deben considerar las siguientes estrategias:

• Diagnóstico temprano.
• Acceso efectivo.
• Tratamiento oportuno, integral y de calidad.
• Capacitación al personal de salud.
• Disminuir el abandono al tratamiento.
• Contar con un registro fidedigno y completo de los casos.
• Campaña de comunicación masiva para conciencia social.

En vista de lo anterior, se considera necesario reforzar la atención temprana y el tratamiento del cáncer infantil; en cualquier unidad médica, sin importar que los padres de familia o en su caso el tutor sean derechohabientes, debido a que son pocas las Unidades Médicas Acreditadas, comparado con el número de pacientes que son tratados.

También debemos tomar en consideración que los jóvenes no realizan una especialidad médica debido a que dichos estudios se financian mediante recursos propios de los profesionales o a través de las becas entregadas por el gobierno que generalmente resultan ineficientes debido al alto costo que implica el estudio de una especialización así. Tomando en cuenta lo anterior  muchos de los egresados con especialidades no laboran en instituciones públicas, debido a que reciben mayores incentivos para trabajar en instituciones privadas.

Además de autorizar a las unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para que se brinde la atención médica oportuna en niños y jóvenes.

A continuación, se enlistan algunos Estados de la República Mexicana para ejemplificar el número de Unidades Médicas Acreditadas.

Unidades Médicas Acreditadas

Asimismo, se muestra en el siguiente cuadro la estadística que se llevó a cabo de acuerdo con el “Comportamiento Epidemiológico del Cáncer en menores de 18 Años. México 2008-2014^[1]

De lo anterior, podemos observar que el número de casos detectados de cáncer, con el número de Hospitales acreditados son insuficientes para atender a la población infantil y adolescente con cáncer, esta situación, provoca para muchas familias, y tutores realizan largos traslados y descuidan su trabajo, poniendo en riesgo el ingreso económico que invierten para el tratamiento del menor de edad, a pesar de que cuentan con el apoyo por parte del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, no es suficiente para cubrir las necesidades de los niños y adolescentes.

Al permitir que las clínicas proporcionen la atención y lleven el control del respectivo tratamiento, facilitará a los pacientes y a los tutores ver una opción más para ser atendidos, ya que a muchos pacientes por sus condiciones económicas se les complica trasladarse a las Unidades Médicas Acreditadas.

Estas eventualidades para muchos padres de familia o tutores ocasiona que pierdan su trabajo por despidos, por lo que se considera oportuno prohibir el despido laboral de las personas que son el sustento de los menores de edad.

Debemos tomar en consideración que el sector salud es unos factores más importantes para el bienestar social y económico, ya que de esta manera se concurre en la formación y conservación  del capital humano. La falta de salud afecta directamente a la fuerza de trabajo y tiene repercusiones en la economía ocasionando la perdida de trabajo.

Se debe garantizar que los trabajadores con hijos con algún tipo de cáncer no pierdan su trabajo, por lo que es necesario garantizar los tratamientos, a través de programas sociales como IMSS-Prospera o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Así como IMSS-PROSPERA que desde 1973, cuando se modificó la Ley del Seguro Social para facultar al Instituto Mexicano del Seguro Social a extender su acción a núcleos de población sin capacidad contributiva, de extrema pobreza y profunda marginación.

En 2017 IMSS-PROSPERA cumple 38 años de trayectoria ininterrumpida, periodo en el que ha consolidado su red de servicios en salud para beneficiar a las personas que más lo necesitan, pero aún es necesario fortalecerlo, ya que el seguro popular no cubre todos los tipos de cáncer, sólo incluye cáncer de mamá, próstata, colón y cérvico-uterino, siendo necesario el tratamiento para cáncer infantil.

Asimismo, la gente trata de buscar la opción terapéutica que el médico recomienda para su estudio en el cáncer. Es decir, cuándo en el seguro social no hay medicamento o tratamiento la gente busca otra opción, como la del seguro popular, pero desafortunadamente como hoy en día se comparte el padrón y si ya cuenta con seguridad social, no se puede tener acceso al seguro popular, esta política pública e interna tiene que cambiar.

Finalmente la enfermedad debe ser tratada, de lo contrario no se está garantizando el derecho a la salud^[3]. Tampoco se garantiza por la falta de médicos, equipo, tratamiento o rehabilitación. Hacen falta especialistas radiólogos, patólogos, colonoscopios, oncólogos para niños. Y los equipos de diagnóstico son muy caros y se requieren tenerlos en instituciones especiales; por ejemplo un mastógrafo cuesta 8 millones de pesos más las reparaciones.^[4]

A su vez, el seguro popular es discriminatorio, si ha salvado muchas vidas, pero también es un sistema discriminatorio que establece pacientes de primera y de segunda, ejemplo claro de esto es la leucemia mieloide crónica, está cubierto sólo para personas mayores de 18 años; y las jovencitas menores de 18 años con cáncer de mamá no tienen cobertura^[5].

Así que aún no es del todo un sistema unificado que garantice atención oportuna a los pacientes^[6].

Con base en la Carta Magna, es necesario garantizar el derecho humano a la protección y a la salud. Sin embargo, no se está cumpliendo por el sector salud, ya que no está cubriendo a sus beneficiados con los medicamentos que se prescriben.

Derecho comparado

Colombia.^[7]

El funcionamiento del sistema depende de los recursos recaudados para su financiamiento, de la gestión que realizan las Entidades Territoriales y las Entidades Promotoras de Salud (EPS) del régimen subsidiado y contributivo, para afiliar a la población.

Las principales fuentes de financiación del sistema se originan en el Sistema General de Participaciones (SGP), en los aportes de los trabajadores y empleadores al régimen contributivo que también aporta a los sistemas de pensiones y riesgos profesionales, administrados por el FOSYGA, y en la explotación de los juegos de suerte y azar a cargo de la Empresa Territorial para la Salud (ETESA), además de la coparticipación que hacen otros recursos de menor cuantía.

Los aportes que hacen las personas al sistema es a través del régimen contributivo que requiere del pago de cotizaciones de forma obligatoria para los asalariados y grupos de población con capacidad de pago con lo cual se extiende la protección al conyugue o compañero(a), a los hijos menores de 18 y hasta los 25 años, si son estudiantes de tiempo completo o presentan alguna discapacidad. La cotización establecida por la Ley 100 pero ajustada por la Ley 1122 de 2007, corresponde al 12.5% del ingreso o salario base de cotización, que no puede ser inferior al salario mensual, siendo provisto en su totalidad directamente por el trabajador independiente y por los pensionados o en el caso de un trabajador asalariado, por el empleado que aporta el 4% y su empleador que contribuye con el 8.5%.

Quienes cuenten con ingresos superiores a dos salarios mínimos legales mensuales, contribuyen además con medio punto adicional como solidaridad con el régimen subsidiado, a través de la subcuenta de solidaridad del FOSYGA.

Las personas sin capacidad de pago (pobres) y aquellas que no tienen suficiente para pagar cotizaciones obligatorias, personas que ganan menos de dos salarios mínimos, son focalizados y seleccionados mediante la aplicación de una encuesta socioeconómica (SISBEN) que aplican las entidades territoriales, para verificar que cumplen con requisitos que les permite recibir subsidios totales o parciales del régimen subsidiado para ellos y sus familiares. Esta afiliación se financia mediante aportes del Estado (Nación, Departamentos y Municipios) como fuente principal, y se complementa con transferencias reglamentadas, de solidaridad del régimen contributivo.

Cuba^[8]

El Sistema Nacional de Salud (SNS) es único, integral, regionalizado y descentralizado. Se estructura en tres niveles administrativos, en correspondencia con la división política del país, y tres niveles de atención. El SNS es financiado casi, totalmente por fondos públicos. El gasto en salud per cápita en el 2000 fue de 159.9 pesos MN. A partir de los presupuestos municipales se financia el 92.7% de los gastos para la salud pública.

El país cuenta con un listado nacional de medicamentos, que abarca 804 productos de uso obligatorio para todos los prescriptores del SNS, teniendo acceso al mismo el 100% de la población tanto desde el punto de vista geográfico como económico.

La Ley de Salud Pública define las acciones que se desarrollan por el Estado para garantizar la protección de la salud de los ciudadanos, de los servicios que tiene que realizar el Estado por medio del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) como organismo rector, de las atribuciones de las direcciones de salud de los órganos locales de la administración pública, así como las funciones básicas y esenciales de la salud pública.

En este país existe una sola modalidad de aseguramiento sanitario que se brinda a través del MINSAP, con una cobertura del 100% de la población, donde todos los ciudadanos tienen derecho a todas las prestaciones sanitarias incluyendo las de mayor complejidad y elevada tecnología. El MINSAP desarrolla una estrategia integral de promoción y educación para la salud, la cual es respaldada por la Ley de la Salud Pública, que establece la obligatoriedad de todo el personal del SNS de realizar acciones de promoción y educación.

Uruguay^[9]

El Sistema Nacional Integrado de Salud de Uruguay está constituido por los subsectores público y privado. Varias instituciones componen el sector público de prestación de servicios de salud. La red de servicios de salud de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) es la principal del país, y comprende hospitales, centros de salud y policlínicas. Sanidad de las Fuerzas Armadas cuenta con infraestructura hospitalaria propia en Montevideo. Sanidad Policial tiene una infraestructura hospitalaria de 132 camas en Montevideo y en el interior contrata servicios de ASSE y de prestadores privados.

El Banco de Previsión Social cuenta con el Servicio Materno Infantil con instalaciones propias ambulatorias y brinda cobertura a cónyuges e hijos de beneficiarios del Seguro de Enfermedad, que no cuenten con cobertura privada. El Banco de Seguros del Estado dispone de un sanatorio propio de 160 camas en Montevideo y contrata servicios en el interior del país. Cubre accidentes laborales y enfermedades profesionales del sector privado de la actividad. La mayoría de las Intendencias Municipales cuentan con atención de primer nivel, mediante convenios con ASSE.

En el sector privado se ubican las instituciones sin fines de lucro (IAMC), con 47 instituciones prestadoras de servicios de salud integrales de prepago, 12 de las cuales tienen su sede principal en Montevideo y las restantes en el interior del país. El Ministerio de Salud Pública (MSP) determina sus prestaciones obligatorias, controla, supervisa la asistencia, su economía y finanzas. La mayoría de estas organizaciones cuentan con servicios de internación propios y sus beneficiarios ascienden a 1.806.750 personas.

Las instituciones tienen entre 3.000 y 240.000 afiliados cada una. Los siete Seguros Privados son empresas privadas (con fines de lucro), que brindan prestaciones asistenciales integrales en régimen de prepago a unas 74.789 personas.

Puerto Rico^[10]

En este país la atención se basa en diferentes modelos, el básico, el medio que cubre enfermedades como el Cáncer y uno contratado por el usuario dedicado a las enfermedades mentales.

En 1993 el gobierno inició un proceso de reforma que cambió dramáticamente la forma de proveer servicios de salud a la población médico indigente del país. Mediante la Ley 72 se transforma el Sistema de Salud, donde el gobierno deja de ser en esencia, el proveedor de los servicios de salud y pasa a contratar a la empresa privada los servicios que ha de recibir la población médico indigente de la Isla. Mediante esta Ley conocida como Ley de Reforma de Salud, se creó la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES). Es a través de esta Administración que se crea un Plan de Salud para las personas médico-indigentes. Esta Administración tiene la responsabilidad de administrar y negociar mediante contrato con las Aseguradoras un sistema de servicios de salud que le brinde a la población médico indigente acceso a un cuidado médico hospitalario adecuado a través de toda la Isla.

Estados Unidos^[11]

Los servicios de atención de salud en los Estados Unidos de América se dividen entre los sectores público y privado. El país no tiene un sistema único nacional de asistencia sanitaria. El proveedor más grande de los servicios de salud es un sector privado competitivo, compuesto por hospitales, médicos, dentistas, hogares para convalecientes, organismos de asistencia domiciliaria, compañías aseguradoras, empresas de suministros médicos y fabricantes de productos farmacéuticos. Aproximadamente, 70% de la población está cubierta por un seguro de salud privado.

El Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS) es el principal organismo del gobierno de los Estados Unidos para proteger la salud de todos los estadounidenses y proporcionar servicios sociales esenciales, especialmente para los que son menos capaces de velar por sí mismos. El HHS forma parte del poder ejecutivo y el Congreso de los Estados Unidos determina su presupuesto.

El gobierno federal es proveedor directo de servicios de salud para el personal militar por medio del Departamento de Defensa, los excombatientes con discapacidades vinculadas con el servicio por medio de la Administración de Veteranos de Guerra, los indios estadounidenses y nativos de Alaska por medio del Servicio de Salud para Poblaciones Indígenas y los presidiarios de las prisiones federales.

Mediante un programa conocido como Medicare, el gobierno federal proporciona seguro de salud a todos los estadounidenses de más de 65 años de edad, los que tienen insuficiencia renal permanente y ciertas personas con discapacidades.

Diagnóstico sobre el presupuesto en cáncer infantil

Desde la perspectiva de la programación del Presupuesto de egresos, no se cuenta con una partida específica de gasto para atender el cáncer infantil. Por lo tanto, no se puede observar una focalización del gasto público para atender esta problemática, como si la tiene, por ejemplo otros tipos de cáncer como el de mama y cérvico uterino, los cuales tienen una planeación de gasto desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los anexos transversales de presupuesto anual, que para el próximo ejercicio fiscal 2018 está planteado de la siguiente manera:

Grafica 1. Presupuesto para el cáncer de mama PPEF-2018

Fuente: Anexos transversales del PPEF-2018

Grafica 2. Presupuesto para el cáncer cérvico uterino PPEF-2018

Fuente: Anexos transversales del PPEF-2018

Para disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad por cáncer cérvico uterino, se han presupuestado 756 millones de pesos, mientras que para el combate del cáncer de mama se contemplan 768 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2018.

Es importante mencionar, que en estos dos rubros citados, no es clara la presupuestación que se hace, ya que es Chiapas el Estado que recibirá el menor presupuesto a pesar de tener de manera significativa un mayor número de defunciones por causa de cáncer de mama y cérvico uterino que el Estado Guerrero, el cual recibirá el mayor presupuesto.

A pesar de que la Cámara de Senadores en diciembre de 2016^[12], solicitó a los titulares de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la firma de un acuerdo de coordinación para la atención integral del mayor número posible de casos de cáncer infantil en México, así como para explorar la posibilidad de llevar a cabo en este mismo rubro la homologación de presupuestos, desarrollo de infraestructura, atención médica y adquisición y dotación de medicamentos. Dicha solicitud no se ve reflejada en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2018.

Impacto presupuestario para la atención del cáncer infantil

Monitorear la evolución de los diferentes tipos de cáncer infantil es de suma importancia, debido a la complejidad de los tratamientos y el alto costo que representan.

El costo promedio total por paciente de cáncer infantil en el ISSSTE es de 147 mil 29 pesos^[13], mientras que Healthcare Cost and Utilizatian Project (HCUP), en Estados Unidos estima el costo por paciente menor a 18 años con cáncer es de 190 mil 865 pesos anuales,^[14] cifra superior en poco más de 43 mil pesos a la estimada para el Instituto.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS:

• Incluir dentro del Anexo transversal denominado para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes del Presupuesto de Egresos de la Federación partidas presupuestales para la prevención, detección, control y tratamiento del cáncer infantil, en materia de infraestructura, investigación, equipamiento y recursos humanos especializados. Mediante una reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
• Incluir dentro del Anexo transversal denominado para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes del Presupuesto de Egresos del Estado, partidas presupuestales para la prevención, detección, control y tratamiento del cáncer infantil.
• Crear políticas sociales que faciliten a personas de escasos recursos la incorporación a sistemas de salud gubernamentales. Mediante una reforma a la Ley de Salud del Estado de Jalisco.
• Emitir convenios con instituciones privadas para reducir el costo de medicamentos a aquellos que se encuentre incorporados a un sistema de salud gubernamental. Mediante una reforma a la Ley de Salud del Estado de Jalisco.
• Promover campañas sobre los hábitos de alimentación para una disminución de la incidencia de cáncer infantil. Mediante una reforma a la Ley de Salud del Estado de Jalisco.
• Garantizar el tratamiento de todo tipo de cáncer infantil de manera gratuita a través de todo el sistema de salud pública del país, mediante una reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco y reformas a la Ley de Salud del Estado de Jalisco.

TÍTULO: GARANTIZAR SALUD INFANTIL

VISIÓN: Garantizar el goce efectivo del derecho humano a salud de las niñas y niños mexicanos, es un reto importante que requiere de la realización de acciones correctas. Un aspecto relevante es el del gasto público en esa materia, por lo cual es necesario garantizar anualmente la suficiencia de recursos económicos para atender los diferentes padecimientos que aquejan a la niñez de nuestro estado. De manera adicional, se debe impedir que los servidores públicos cuyas funciones se relacionen con aspectos de salud infantil, realicen actos de corrupción que perjudiquen esta importante tarea.

RESUMEN EJECUTIVO:

Actualmente el estado de Jalisco a generado políticas publicas que han permitido una disminución en lo que respecta a la mortalidad infantil, pues en años anteriores la tasa de mortalidad era mucho mayor, sin embargo estimamos loable y necesario el redoblar esfuerzos con la finalidad de disminuir aun  más la actual tasa de mortalidad infantil del estado.

JALISCO

Tasa de mortalidad por cada 1 000 niñas(niños)

Fuente: CONAPO, Proyecciones de la Población de México 2005-2050. Indicadores demográficos básicos 1990-2030

CONAPO, Proyecciones de la Población. Nacional 2010-2050. Proyecciones de la Población de las Entidades federativas 2010-2030

Uno de los retos que tiene nuestro estado es otorgar el aseguramiento a la salud  de la totalidad de la población infantil, toda vez que porcentaje de las defunciones de ese grupo de población no contaba con alguna afiliación a los servicios de salud.

Con respecto a lo anterior estimamos la necesidad de reformular la planeación de la política presupuestaria a fin de que sea integral y, por lo tanto cubra la totalidad de los gastos médicos de las niñas y niños mexicanos, y así revertir aún más los altos índices de mortalidad infantil y con esto salvaguardando el derecho más importante que es el derecho a la vida y a la salud.

Aspecto relacionado con lo anterior es el institucional, acerca del cual encontramos que de acuerdo con una evaluación realizada por México Opina publicada en marzo de 2017, la calificación media de los ejecutivos locales es de 28.6%, es decir, todos están reprobados, de acuerdo con la percepción de la ciudadanía; situación delicada, pues en los gobernadores radica la titularidad del ejercicio público y la ejecución de los presupuestos en cada entidad federativa en las diferentes materias, incluido el rubro de salud, razón por la cual es imperativo revisar y modificar el marco jurídico con la finalidad de no vulnerar los derechos de niñas y niños por un mal ejercicio de funciones públicas en el tema de salud.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

A pesar de que en Jalisco en los últimos diecisiete años se redujo en un 19.8 la tasa de mortalidad infantil, al pasar de 40.9 en el año 2000, a 19.8 en el año 2017 por cada mil menores, nuestro estado enfrenta un enorme reto y rezago para garantizar que todas las niñas y los niños sin importar su nivel socioeconómico, ubicación geográfica y raza tengan acceso efectivo y eficaz a los servicios de salud públicos que pueden salvaguardar el derecho a la vida de cada menor.

Derivado de lo anterior, se entiende que nuestro estado no cuenta con el aseguramiento del 100% de los infantes al nacer, ya que según la información que brinda la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición solo el 3.5% de los menores no cuenta con Cartilla Nacional de Vacunación (CNV) o con la Cartilla Nacional de Salud (CNS) lo que indica que este porcentaje es el que no tiene acceso salud infantil ya que la misma se expide en la mayoría de los casos al momento de nacer por lo que el porcentaje en Jalisco es mayor que en el resto del país pues en el país el promedio de los menores que no cuentan con este documento representa el  2.5%[15]

A razón de lo anterior entendemos que es necesario reconocer que la universalización de la salud en los infantes es un objetivo que puede tardar varios años en conseguirse, sin embargo  se han implementado  acciones para focalizar en la población infantil y es que a partir de 2006, se ha garantizado la cobertura completa y de por vida en servicios de salud a los niños nacidos a partir del 1 de diciembre de 2006. Esto último se llevó a cabo con el Seguro Médico para una Nueva Generación, ahora denominado Seguro Médico Siglo XXI, en el que a través de este todos los niños tienen ahora derecho a un seguro médico que cubra 100% de los servicios médicos que se prestan en los centros de salud de primer nivel y 95% de las acciones hospitalarias, así como a los medicamentos asociados, consultas y tratamientos. 

En lo que concierne al estado este cuenta con la secretaria de salud Jalisco, misma que brinda dicho programa y esta está dirigido a población beneficiaria menor de cinco años, pues este además conjunta acciones con otros programas con el fin de asegurar el financiamiento de la atención médica y preventiva a los infantes; con esto se pretende lograr las mejores condiciones posibles de salud y las mayores oportunidades para que una nueva generación esté más capacitada, preparada y activa por lo que sería necesario expandir más aun el servicio con la finalidad de llegar al 3.5% que aun no es beneficiario de dicho programa buscando garantizar la salud infantil.

OBESIDAD INFANTIL

México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, y el segundo en obesidad en adultos, precedido sólo por los Estados Unidos. Problema que está presente no sólo en la infancia y la adolescencia pues según datos brindados por el Hospital Civil de nuestro estado menciono que casi cuatro de cada 10 niños tienen sobrepeso u obesidad en México.

Asimismo como antecedente nos permitimos citar que el año 2012 se comenzó a dar un diagnóstico sobre esta problemática, pues el entonces titular de la coordinación de vigilancia epidemiológica del  IMSS en el estado menciono que en los últimos 5 años ya se registraba un incremento del 32% en casos de obesidad infantil.

El Instituto de Nutrición Humana de la Universidad de Guadalajara indicó que la obesidad en la población infantil va en ascenso. Según la Encuesta Nacional de Salud del 2006, en Jalisco más del 27% de niños de primaria presenta obesidad y sobrepeso.[16]

Se espera que los niveles de obesidad sean particularmente altos en los Estados Unidos, México e Inglaterra, donde se proyecta que el 47%, 39% y 35% de la población, respectivamente, serán obesos en 2030.                                          

A largo plazo, la obesidad favorece la aparición de enfermedades tales como diabetes, infartos, altos niveles de colesterol o insuficiencia renal, entre otros. Actualmente, la diabetes es el mayor problema al que se enfrenta el sistema nacional de salud: es la principal causa de muerte en adultos, la primera causa de demanda de atención médica y la enfermedad que consume el mayor porcentaje de gastos en las instituciones públicas.

La diabetes tipo II, es una enfermedad metabólica que anteriormente se observaba únicamente en personas de la tercera edad y después en adultos, con el paso de los años llegó también a los adultos jóvenes y ahora también a los niños esto como resultado de la obesidad infantil.

PRESUPUESTO EN MATERIA DE SALUD INFANTIL EN MÉXICO

Desde la prospectiva del presupuesto público destinado específicamente a la salud infantil en México, solo se cuenta con el Programa Seguro Médico Siglo XXI, en el cual se articulan las políticas en materia de salud, que atienden la línea de acción relativa a la promoción del desarrollo integral de los niños y niñas menores de 5 años.

Desde que comenzó a operar Seguro Médico Siglo XXI en el 2008 hasta el presupuesto de Egresos para el ejerció fiscal 2018, se tiene una tendencia negativa en su evolución presupuestaria de pasar de 3 mil 387 millones de pesos a 2 mil 050 millones de pesos, tal y como se puede observar en la siguiente gráfica:

Fuente: Cuenta Pública Federal 2008-2016, SHCP; Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 y  2018, Cámara de Diputados.

Nota: Serie deflactada a precios constantes 2015.

Lo que también se puede observar es una tendencia al subejercicio, excepto en el 2012 cuando por el contrario, se ejercen casi 500 millones de pesos adicionales a los provistos en el presupuesto aprobado para el programa. Sin embargo en el resto de los años siempre se muestra un nivel importante de sub-ejecución en donde destacan el año 2008, 2013 y el 2016. Las razones de estos subejercicios no son detalladas en los documentos presupuestarios ni de política pública.

Se podría suponer que se incorporaron menos niños a este esquema de aseguramiento, sin embargo los datos del CONEVAL en el monitoreo 2016-2017 del programa en cuanto a población objetivo y atendida muestran lo contrario^[17].

Por otra parte y materia del ejercicio público relacionado con la salud infantil, tenemos que a principios de 2017 se ventilaron casos de funcionarios públicos estatales que administraron medicamentos falsos a niños con cáncer que requerían quimioterapias, vulnerándose su derecho humano de protección a la salud y poniéndose en riesgo su vida. Además se reportó el hallazgo de bodegas con medicamentos cuya caducidad había vencido, lo cual hace sospechar que se adquirieron medicamentos caducos o bien se dejó caducar deliberadamente. Se trata de hechos de corrupción y de un mal ejercicio de funciones públicas, lo cual merece castigos ejemplares. 

Para inhibir conductas delictivas por parte de funcionarios de gobierno se debe establecer como un agravante dentro de los delitos relacionados con el quehacer público, el de afectar de manera irreparable la salud infantil, en cualquiera de los supuestos que actualmente regula el Código Penal Federal, entendiendo por agravante aquella circunstancia de tiempo, lugar, modo, condición y estado que acompañan a algún hecho ilícito, ocasionando un aumento en la gravedad del delito, lo cual determina la extensión del castigo. 

En ese sentido proponemos que la afectación a la salud infantil por algún acto de corrupción ocasionará que la pena sea invariablemente de entre cuarenta y  ciento cuarenta años de prisión, lo cual implica modificaciones al articulo 144 del Código Penal del Estado de Jalisco, con la finalidad de establecer una sanción meramente privativa de la libertad, pues las penas que establece dicho Título del Código Penal no contemplan el delito de sancionar al funcionario público que por actos de corrupción  genere algún menoscabo a la salud infantil

Finalmente, y por la importancia de la salud de nuestros niños se propone reformar la Ley de salud del estado de Jalisco, para que la Secretaría de Salud estatal contemple servicios básicos la salud infantil.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS:

• Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para Reformar la fracción XII del artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para crear una Etiqueta Alimentaria Oficial Mexicana en todos los envases, embalaje y la publicidad de los productos, para dar información al consumidor sobre el carácter saludable de los alimentos a través de la codificación de colores y letras.

Se propone que los restaurantes de comida rápida muestren en el menú el contenido de nutrientes de sus platillos su contenido calórico y adviertan cuando éstos contengan un excesivo grado de sodio.

• Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para Crear un seguro médico universal gratuito y de afiliación automática al nacer para los niños y niñas, que abarque hasta sus 15 años de edad, y cubra la totalidad de sus gastos e incluya todos los servicios médicos del Catálogo Universal de Salud y de alta especialidad para enfermedades de alto costo.

Para ello es necesario elevar a rango de Ley el Programa del Seguro Médico Siglo XXI,  que incluya a los niños y las niñas de hasta 15 años de edad.

• Contemplar en el presupuesto una partida especial en la que se autorice un presupuesto mayor a la secretaria de salud con la finalidad de diseñar un programa enfocado en materia de salud infantil deberán de ser mayor en al menos un 3 por ciento mayor al asignado en el año anterior, actualizado por la inflación,para asegurar el incremento en el gasto público que corresponde a la atención en salubridad para los niños y las niñas.
• Adicionar un artículo 144 Bis al Título Séptimo de los Delitos por hechos de corrupción del Código Penal del estado cuyo texto propuesto dice:

Artículo 144 Bis.- Cuando derivado de la comisión de los delitos a que se refiere el presente título, se ocasione alguna afectación irreparable a la salud infantil, se impondrá una pena de cuarenta a ciento cuarenta años de prisión.

• Adicionar un artículo 144 Ter al Título Séptimo de los Delitos por hechos de corrupción del Código Penal estatal cuyo texto propuesto dice:

Artículo 144 Ter.- Cuando derivado de la comisión de los delitos a que se refiere el presente título, se ocasione alguna afectación irreparable a la salud de personas mayores de 18 años de edad, se impondrá una pena de treinta a sesenta años de prisión.

• Reformar el artículo 23 de la Ley de la Ley de Salud del Estado de Jalisco, para que la secretaria de salud contemple como servicio básico la salud infantil, teniendo esto como finalidad el generar un departamento de salud infantil.

[1]Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), Comportamiento Epideomiológico del Cáncer en menores de 18 Años. México 2008-2014 fecha de consulta 28 de octubre de 2017, disponible en: http://censia.salud.gob.mx/contenidos/descargas/cancer/20160601_Boletin-2014_SEDP12sep16_4.pdf

[2] Gobierno de Oaxaca. 14 de febrero, 2017, Detectar a tiempo el cáncer infantil está en ti: SSO, fecha de Consulta 26 de octubre de 2017, disponible en: http://www.salud.oaxaca.gob.mx/detectar-a-tiempo-el-cancer-infantil-esta-en-ti-sso/

[3]MARTÍNEZ ARELLANO, Irma Rosa, Se quiere combatir el cáncer y se recortan presupuestos, “Es discriminatorio, pues no cubre todos los tipos de cáncer ni a todas las edades”, sumedico.com/seguro-popular-presupuesto-cancer/, 10 Octubre 2017.

[4][4]MARTÍNEZ ARELLANO, Irma Rosa, Lucha contra el cáncer: se requieren mayores recursos, “Entrevista con Mayra Galindo Leal, presidenta de la Asociación Mexicana de Lucha contra el cáncer”, sumedico.com/seguro-popular-presupuesto-cancer/, 02 Octubre 2017.

[5]Ibídem.

[6]Ibídem.

[7] Perfil de los sistemas de salud. Colombia. Organización Panamericana de la Salud. 2009

[8] Perfil de los sistemas de salud de Cuba. Organización Panamericana de la Salud. 2001

[9] Perfil de los sistemas de salud. República Oriental del Uruguay. Organización Panamericana de la Salud. 2009

[10] Perfil de los sistemas de salud. Puerto Rico. Organización Panamericana de la Salud. 2007

[11] Perfil de los sistemas de salud. Estados Unidos de América. Organización Panamericana de la Salud. 2002

[12]http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-08-1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_Cancer_Infantil_08112016.pdf

[13] http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2016/12/asun_3461065_20161208_1481211650.pdf

[14] Estimación de ISSSTE con datos del Healthcare Cost and Utilization Project (EEUU).

[15] http://ensanut.insp.mx/informes/Jalisco-OCT.pdf

[16] http://cincopordia.com.mx/wpcinco/el-27-por-ciento-de-la-poblacion-infantil-de-jalisco-presenta-obesidad-y-sobrepeso/

[17]http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2016_2017/FMyE_12_S201.pdf

TÍTULO: UN DÍA POR NUESTROS HIJOS

VISIÓN: La participación social es un elemento fundamental para que una nación se consolide como democrática. En una sociedad organizada y comprometida, los individuos asumen su responsabilidad colaborando activamente en la consecución de objetivos y beneficios colectivos que mejoran la calidad de vida de la comunidad, constituyendo así, un espacio de ejercicio legítimo del deber y del derecho ciudadano.

La participación social en la educación, crea bases sólidas para construir una sociedad democrática, donde los miembros acuden, toman decisiones y desarrollan acciones en corresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas; pero sobre todo, es parte fundamental para generar capital social y confianza mutua.

En ese sentido, la participación de los padres de familia es en el ámbito educativo vital, puesto que son los primeros agentes socializadores, que al involucrarse de forma dinámica y colaborativa, refuerzan valores, hábitos y actitudes positivas para la sociedad.

RESUMEN EJECUTIVO:

El sistema educativo mexicano ha buscado múltiples maneras para que todos los actores involucrados en la escuela, tengan una participación efectiva. Sin embargo, el Reporte General de Resultados de la Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA, 2014) del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, muestra que los padres de familia son convocados en primer lugar, para actividades informativas; en segundo, para realizar aportaciones en dinero, materiales o trabajo (98% de las primarias); y en tercer lugar, para la organización de eventos sociales y culturales (96% de las primarias).Solo el 77% de las primarias, convocan a los padres de familia para que participen en el proyecto escolar; en menor grado, para la elaboración de normas escolares (75%); pero solo el 65% de las primarias, convocaron a los padres para que asistan a ver cómo se da una clase.

No obstante, los docentes afirman que la falta de tiempo para trabajar en colegiado^[1], así como la carencia de espacios físicos para realizar las reuniones, son los principales obstáculos para llevarlas a cabo.

Lo anterior se ve reflejado en la poca asistencia de padres de familia a reuniones e inclusive, el bajo número de padres como miembros de asociaciones de padres de familia. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP, 2012) realizada por la Secretaría de Gobernación, la participación de los padres de familia es casi inexistente, puesto que el 78% de los encuestados afirmó no ser miembro de la Asociación de padres de familia, así como el 74.61% afirmó que no asiste a reuniones de dichas asociaciones.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Los fuertes sismos que ha padecido nuestro país, fueron la fuente de una gran solidaridad en beneficio de los damnificados. La ciudadanía y organizaciones civiles, salieron a las calles a levantar escombros, ofrecieron comida y techo a los que lo perdieron todo, y un gran número de ciudadanos de todo el país donaron en especie o de forma económica, para la reconstrucción de los Estados afectados. Sin embargo, en diversas encuestas^[2] se tuvo la percepción general de que aquella movilidad social se originó únicamente por ayudar en ese específico momento, es decir, de forma pasajera; lo cual puede deberse a una falta de confianza existente en general y a la falta de participación activa de la ciudadanía en el quehacer social de forma cotidiana, es decir, a un bajo capital social.

Lamentablemente, dicha percepción no es sólo de ahora, ya que los mexicanos se han encasillado a ser ciudadanos pasivos y reactivos, que únicamente participan de manera coyuntural, y  generalmente por razones altruistas, que prefieren realizar acciones individuales antes que acciones colectivas.  Es por ello, que nos encontramos ante una sociedad de movimientos y de movimientos inmediatos, no ante una sociedad organizada.

Es preciso impulsar el capital social, y para ello es fundamental incrementar la participación ciudadana, la cual ayuda, no solo  a que las decisiones políticas sean mejor aceptadas y se doten de mayor legitimidad, sino que además, contribuyan a la construcción de capital social y éste, a su vez, induzca la corresponsabilidad colectiva y eleve la solidaridad como un estilo de vida.

El capital social reúne todas las formas de relacionarse entre los individuos y la sociedad, creando una red de relaciones sociales mutuas; sin embargo, su importancia recae no solo en la creación de asociaciones u organizaciones civiles, sino en la generación de confianza  individual y colectiva, lo que conlleva a la continua cooperación y solidaridad en la sociedad.

En ese sentido, la confianza resulta esencial, dado que de ella depende tanto el éxito económico como la calidad de la democracia. De esta forma, el capital social se vincula en mayor medida con los índices de confianza que con los de asociatividad.

Según el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, a julio de 2014 se contaba con 27 mil 18 actores sociales inscritos en todo el país; y para 2016, 32 mil organizaciones de la sociedad civil habían obtenido su clave de registro único, lo cual muestra un crecimiento del 18%; no obstante, de acuerdo con la última medición del Latinobarómetro, la confianza interpersonal bajó, del 16% en el 2015 a 14% en 2017.

El Latinobarómetro 2017, además mostró una baja confianza hacia diversas instituciones, ya que sólo el 58% afirmó confiar en la iglesia; el 51% en las fuerzas armadas; el 33% en el Tribunal Electoral; 23% en el Poder Judicial; 22% en el congreso; 21% en la policía; 15% en el gobierno y solo el 9% en los partidos políticos.

De este modo, se observa que el capital social se compone de confianza interpersonal (capital civil) y de confianza institucional (capital cívico), creando así un círculo virtuoso de confianza interpersonal, intergrupal e institucional.

Empero, si el capital civil se encuentra fragmentado, destruye la confianza en los demás, creando un clima de sospecha y desconfianza generalizada, lo cual lleva a los ciudadanos a encerrarse en grupos con intereses sectarios o sometidos a redes clientelares impidiendo la integración social efectiva. Si además se presenta poca confianza institucional, se desvincula la ciudadanía respecto de los asuntos públicos, imperando en consecuencia el autoritarismo burocrático, la apatía y la pasividad ciudadana, provocando un absentismo ciudadano.

En consecuencia, el capital social se construye a través de la confianza, aunada con la participación social, activa y continúa de cada ciudadano: siendo importante la participación temprana de los padres de familia en la formación educativa de sus hijos.

La participación activa de los padres de familia fomenta las asociaciones entre individuos, puesto que se ven comprometidos a convivir y a interactuar con todos los actores involucrados en la educación de sus hijos (otros padres de familia, maestros y docentes, y autoridades educativas), propiciando diversos niveles de confianza y tolerancia, creando de esa forma, nuevos vínculos profundos y duraderos, consolidando la solidaridad e inculcando la participación activa a sus hijos. Pero además de propiciar confianza interpersonal e intergrupal, que los padres de familia puedan ser partícipes en la toma de decisiones escolares, genera una relación con la institución educativa, creando confianza institucional al introducir la transparencia y rendición de cuentas como una función de los padres de familia. Este tipo de acciones individuales y colectivas son las que forjan la democracia efectiva en las instituciones públicas.

Tan importante es la participación activa de los padres de familia en la educación que la Ley General de Educación reconoce en su artículo segundo, que  la  educación  es un medio fundamental  para  adquirir,  transmitir  y  acrecentar  la  cultura;  un  proceso permanente  que  contribuye  al  desarrollo  del  individuo  y  a  la  transformación  de  la  sociedad,  y  que es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social. Asimismo, afirma que en el sistema educativo nacional deberá asegurarse la participación activa de todos los involucrados  en  el  proceso  educativo,  con  sentido  de  responsabilidad  social,  privilegiando  la  participación  de  los educandos, padres de familia y docentes; lo anterior, con la finalidad de  fortalecer actitudes solidarias y fomentar valores y principios del cooperativismo^[3] por mencionar algunos.

Sin embargo, es necesario estipular en la ley que la participación activa de los padres de familia no sea solo una proposición, sino que sea una práctica recurrente y efectiva. En otras palabras, que los padres de familia tengan la posibilidad de involucrarse y colaborar en el proyecto escolar, en la elaboración de normas escolares, así como apoyar la gestión escolar^[4]; no solo para actividades informativas o para la organización de eventos sociales y culturales; ni mucho menos, que su participación principal sea la de aportar dinero o materiales.

La Reforma Educativa que inició en 2012, produjo cambios estructurales en el modelo educativo debido a que se reconoció que el modelo anterior, exclusivamente de tipo jerárquico, no era favorable para la adquisición de capacidades que requiere el país en la actualidad. Por lo que en el nuevo modelo educativo, se establecen los principios y mecanismos que permitan una gobernanza efectiva y un funcionamiento adecuado del sistema educativo, reconociendo la importancia de los padres de familia en la educación; así como su activa y responsable participación social como clave para el buen funcionamiento del sistema educativo en su conjunto y, sobre todo, a nivel de cada plantel escolar.

En el modelo educativo, el principal papel de los padres de familia es el de cumplir la función de contraloría social de los recursos que reciben los planteles a través de diversos programas; y aunque sea importante dicha participación puesto que contribuyen a la transparencia y a la rendición de cuentas, no es suficiente para tener un impacto en la construcción de capital social, sigue ausente la rendición de cuentas en materia de calidad y desempeño educativo.

La Secretaría de Educación Pública ha reiterado que el propósito de la educación básica y media superior es contribuir a formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que participen activamente en la vida social, económica y política de México.

La participación de los padres de familia en la planeación académica, sigue siendo una acción muy lejana a ellos, relevándolos a una figura de apoyo, donde puedan contribuir con actividades extracurriculares que promuevan la lectura, la convivencia sana, el cuidado del medio ambiente o una alimentación saludable. Si bien, es factor necesario para  generar capital civil, no tienen injerencia en las decisiones académicas.

En su artículo 48 la Ley General de Educación, estipula que la Secretaría de Educación considerará las opiniones de las autoridades educativas locales, y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia, expresadas a través del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación para la determinación de los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria, y la educación normal. Si bien, existe la figura de los Consejos a nivel nacional, estatal, municipal y en cada plantel escolar, el involucramiento de los padres de familia queda a cargo de un representante, dejando afuera a la mayoría de los padres, quienes en muchas ocasiones no se enteran de los resultados de evaluaciones o de los temas abordados en las asambleas.

El Consejo Nacional de Participación Social realizó una encuesta nacional en el 2015 para conocer la operación, fortalezas y necesidades de los Consejos Escolares de Participación Social (CEPS)^[5]; y de forma particular, conocer la posición de los padres de familia o tutores frente al trabajo que desarrollan como miembros de dichos consejos. Sin embargo, entre los resultados destaca que la dirección de la escuela no designó a los padres de familia como consejeros (46% de los casos); asimismo, arrojo que el CEPS informa a la comunidad educativa sobre sus actividades principalmente por medio de informes verbales presentados en asambleas, y en segundo término, mediante informes escritos entregados en el plantel. Ante lo anterior, se concluyó que se debe  incentivar la participación con los otros padres del CEPS en la elaboración y entrega de informes a la comunidad sobre sus actividades y logros; así como, comentar con padres y maestros en el CEPS informes sobre el aprendizaje de los niños.

Debemos recordar que la ley establece que será responsabilidad de la autoridad educativa que en cada escuela pública de educación básica opere un consejo escolar de participación social, Sin embargo, no existe de manera continua y efectiva; no se informa a los demás padres de familia de forma escrita de lo acontecido en los Consejos de cada plantel.

Nos encontramos con múltiples obstáculos para que la participación de los padres de familia sea continua, efectiva y colaborativa; siendo necesario otorgar certeza que al acudir y al participar de forma activa y constante en la educación de sus hijos, no sea motivo de suspensión de prestaciones laborales.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS:

• Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para Modificar el artículo 7 de la Ley General de Educación, para incluir la participación activa de los padres de familia como una acción educativa que promueve la corresponsabilidad.
• Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para Reformar el artículo 65 de la Ley General de Educación, para incluir como un derecho de los padres de familia, la participación activa en la toma de decisiones académicas y en la elaboración de normas escolares.
• Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para Reformar el artículo 68 de la Ley General de Educación, para fortalecer la participación de los padres de familia en los Consejos de Participación Social.
• Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para Reformar el Capítulo II, De las Jornadas Laborales, de la Ley Federal del Trabajo para que los padres de familia puedan asistir a las reuniones escolares de forma mensual, sin que esto afecte sus jornadas laborales de forma económica, siempre que acrediten su puntual asistencia a las reuniones escolares.

TITULO: MISMO TRABAJO, MISMO SUELDO

VISIÓN: Alcanzar la equidad salarial y erradicar la brecha entre hombres y mujeres. Las diferencias de género se perciben no sólo en los puestos de trabajo sino que en ocasiones la discriminación salarial en las empresas se ve reflejado en el sueldo y prestaciones que perciben los trabajadores por el mismo puesto, ya sean hombres o mujeres, contraviniendo con el desarrollo integral humano.

RESUMEN EJECUTIVO:

En México, los derechos laborales, el derecho a la no discriminación y la igualdad laboral entre mujeres y hombres se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Sin embargo, las mujeres ganan entre 23% y hasta 30% menos que lo que ganan los hombres, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al cuarto trimestre de 2016; y la discriminación laboral sigue presente, tanto entre hombres como mujeres, ya que entre 2011 y 2017 se abrieron 2 mil 935 expedientes por presuntos actos de discriminación en el trabajo; de los cuales, 713 corresponden a despidos por embarazo, 562 por condición de salud; 358 por apariencia física, 317 por discapacidad; 282 por edad, y 334 otros.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

La fracción III del artículo 1 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, determina como discriminación “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia”.

No obstante, diversas instituciones y organismos internacionales han reiterado la discriminación laboral que se vive en el país. Desde el acceso a ciertos sectores laborales, como lo muestra la OCDE^[6] con sus indicadores de Igualdad de Género en el Empleo (Gender Equality in Employment) donde muestra una clara disparidad por sector, por ejemplo: en el sector terciario, en particular en el subsector servicios, el 80% de las mujeres económicamente activas, se encuentran en dicho sector.

Por otro lado, la publicación del Módulo de Movilidad Social Intergeneracional, una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)^[7] mostró la relación ente el color de piel con el grado de desigualdad y discriminación presentes en la sociedad mexicana, donde fungen como detonantes en la medición acerca de las diferencias de acceso a oportunidades y la perpetuación de las barreras sociales que condicionan el poder lograr o no movimientos ascendentes al nivel de riqueza y bienestar.

La escala cromática utilizada por el INEGI, incluyó 11 tonalidades de piel, ymostró que las personas que se auto-clasificaron en las tonalidades de piel más claras, solo 10% no cuenta con algún nivel de escolaridad, mientras que para las personas que se auto-clasificaron en las tonalidades de piel más oscuras, 20.2%, se encuentra sin instrucción.

Es por ello que no hay que perder de vista que de acuerdo a la OCDE, si para 2030 se redujera en 50 por ciento la brecha de género en sus países miembros, el PIB crecería 6 por ciento más; y si se lograra una convergencia plena, se crecería 12 por ciento más. Incluso, el McKinsey Global Institute calculó que de lograr la igualdad de participación para 2025, el PIB mundial crecería 26 por ciento (12 trillones de dólares); y el de América Latina crecería 14 por ciento.

Sin embargo, el recurso humano más subestimado son las mujeres. Solo 47% de las mexicanas en edad productiva participan en la fuerza de trabajo. Casi 60% de las que trabajan tienen empleos informales, con poca protección social y baja paga. En el país, la tasa de embarazo adolescente sigue siendo alta y la cifra de mujeres jóvenes sin empleo, ni educación, ni capacitación, cuadruplica la de los hombres. En todos los grupos de edad, las madres mexicanas tienen menor probabilidad de ser empleadas que las madres en casi todos los países de la OCDE.

De acuerdo con la OCDE, México se encuentra en el lugar 67 de inclusión de mujeres en puestos de alta dirección y Consejos de Administración, y según el Foro Económico Mundial, en el indicador del talento laboral femenino, nuestro país se ubica en el lugar 120 y en participación económica en el 122 de 144.

En México hay una baja participación de las mujeres en el liderazgo, en el ámbito empresarial y en la toma de decisiones. De acuerdo con datos del instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), mientras sólo 43 de cada 100 mujeres participa en actividades económicas, 78 de cada 100 son varones están involucrados en ello.

La magnitud de la pobreza y la alta concentración de los ingresos muestran otro de los problemas más agudos de discriminación social y hacia las mujeres. Varios estudios han señalado que las mujeres son las más pobres, al no recibir ingresos directos o al tener menores salarios, mientras que son quienes enfrentan las carencias para la manutención del hogar y para obtener otros satisfactores básicos para sus hijos, como las carencias habitacionales.

En ese sentido, la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación de la Mujer (CEDAW) afirma que las mujeres son agentes económicos clave que generan prosperidad, empleo, innovación y son un potente motor del desarrollo. Su inserción en el mercado laboral, además de avanzar en su autonomía económica, conduce a otras oportunidades, recursos y bienes que conllevan a una mayor movilidad social que beneficia a sus familias, la comunidad y la sociedad en su conjunto. Cuando el número de mujeres ocupadas aumenta, las economías crecen, ya que existe una correlación positiva entre la actividad empresarial femenina y el crecimiento del PIB, por ejemplo, se ha estimado que la productividad en América Latina y el Caribe, podría aumentar un 25%^[8] si se desbloquearan los obstáculos que impiden el potencial femenino al servicio del emprendimiento.

En la actualidad, y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al cuarto trimestre de 2016, los hombres ocupados reportaron un ingreso promedio de seis mil 204 pesos mensuales, mientras que el de las mujeres fue de cuatro mil 788 pesos al mes, lo que implica una diferencia de mil 416 pesos, es decir que los hombres ganan 30% más.

No obstante, la brecha salarial varía dependiendo del lugar de procedencia, ya que en estados con mayor presencia de industria y sectores productivos, donde los salarios son más altos que el promedio nacional.

En ese sentido, en Nuevo León los hombres ganan ocho mil 258 pesos al mes en promedio y las mujeres cinco mil 955 pesos en promedio; una diferencia de dos mil 303 pesos o 39%, y se coloca como la entidad con la mayor brecha salarial en el país al cierre del año pasado.

Sonora ocupa el segundo lugar con la mayor brecha salarial, pues los hombres ganan siete mil 365 pesos mensuales en promedio y las mujeres cinco mil 336 pesos, es decir una diferencia de dos mil 29 pesos o 38 por ciento.

En tercer lugar está la Ciudad de México, donde los hombres perciben ocho mil 394 pesos al mes en promedio y las mujeres seis mil 837 pesos, lo que significa una brecha de 23 por ciento y un diferencial en pesos de mil 557 pesos.

En contraste, Chiapas es el estado con el ingreso mensual más bajo en el país, lo que explica que es la única entidad donde no haya brecha salarial, pues los hombres ganan tres mil 703 pesos y las mujeres tres mil 794.

Al considerar sólo los datos del sector formal las mujeres tienen casi cuatro de cada 10 empleos registrados en el IMSS, mientras que el salario diario para ellas es 14% menor al de los hombres.

En enero de 2017, el empleo formal femenino alcanzó los seis millones 875 mil puestos de trabajo, lo cual representó 36.6 % de los trabajadores totales registrados en el instituto.

En tanto al cierre de 2016, el salario diario de una mujer asociado a un empleo formal fue de 292.88 pesos diarios y el de los hombres de 333.76 pesos. En 2009 la diferencia salarial era de 17%.

Actualmente, si una mujer aspira a ganar lo mismo que un hombre, las estadísticas disponibles muestran que no tiene muchas alternativas para lograrlo dentro de los países de la OCDE.

Sin embargo, existen mecanismos para disminuir la brecha salarial, uno de ellos recién lo implementó el Gobierno de Islandia, al aprobar una reforma legislativa que obligará a las empresas a demostrar que no discriminan a las mujeres con menores salarios en el mismo puesto de trabajo.

Islandia está a la cabeza en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Pero aun presenta diferencias salariales entre hombres y mujeres. Según el Foro Económico Mundial, las mujeres islandesas ganan entre un 14% y un 18% menos que los hombres ocupando el mismo puesto de trabajo. A pesar de la diferencia Islandia lidera en los últimos ocho años el ranking de menor desigualdad de género en materia de salarios.

Cabe recordar que la eliminación de las brechas de género se logra a través de la inclusión laboral, siempre y cuando se garantice la igualdad y justicia a grupos, colectivos y personas históricamente marginadas, por lo cual se llevó a cabo la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación la cual estipula que el estar socialmente incluido implica el pleno goce de derechos y obligaciones; ya que el propósito fundamental de la inclusión laboral es el acceso a un empleo digno, productivo y bien remunerado a favor de las personas en edad de trabajar sin importar su origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o conyugal, entre otros motivos.

Es por lo anterior, que el Partido Verde se encuentra comprometido en hacer que todos los centros de trabajo públicos, privados y sociales establecidos en la República Mexicana, de cualquier tamaño, sector o actividad cumplan con dicha norma.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS:

• Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para Reformar el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo para establecer el principio de equidad salarial, erradicando así la brecha de género e incluyendo la definición de discriminación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
• Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para Reformar el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para establecer como obligación de los patrones, pagar a los trabajadores los mismos salarios sin discriminación de género.
• Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para Reformar el título dieciséis, Responsabilidades y Sanciones, de la Ley Federal del Trabajo, para que los patrones que otorguen salarios diferenciados por género, obtengan una sanción administrativa y que además, retribuya el daño a la persona afectada mediante la regularización de las aportaciones de su seguridad social.

TÍTULO: LACTANCIA SIN DISCRIMINACIÓN

VISIÓN: Un Jalisco libre de discriminación, que permita el sano desarrollo materno-infantil durante el periodo de lactancia.

RESUMEN EJECUTIVO:

La afectación y limitación de derechos fundamentales como el de la salud, la alimentación y la no discriminación, implica el menoscabo a otro tipo de derechos como el del desarrollo integral de los niños en etapa lactaria, el cual sólo es posible alcanzar si sus madres los proveen del alimento único, capaz de fortalecer su salud y nutrición durante los primeros seis meses de su vida. Nos referimos a la leche materna o la práctica de la lactancia materna.

De acuerdo a UNICEF como a la OMS, amamantar tiene beneficios probados sobre la salud del infante, influyendo de manera positiva en su desarrollo integral. Se han probado un menor riesgo en bebés amamantados de padecer diabetes, obesidad, caries y síndrome de muerte súbita. Por otra parte, se señalan beneficios para la propia madre como incrementar el vínculo con el infante, disminución en riesgos cardiacos, menor propensión a cáncer de mama y ovarios, y una menor propensión a la obesidad. Tiene a su vez un beneficio económico, toda vez que los productos para alimentar al bebé son caros.[9]

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

No obstante hay que reconocer que algo que parece tan natural tiene aún resistencias generadas por la sociedad, pues existen personas que creen que este tipo de acciones no debe de realizarse en público,  pues hubo un caso  en el que la administración de una plaza comercial del Municipio de Zapopan  le pidió a una mujer que amamantaba  a su hijo que se retirara del lugar, por considerar el acto ofensivo. Esto generó que en redes sociales se realizará una manifestación masiva que convocó a decenas de mujeres lactantes junto con sus hijos,

La Asociación Pro Lactancia Materna (Aprolam) informo que de dos millones 300 niños que nacen al año en México sólo 30.4 por ciento se alimenta del seno materno de forma exclusiva los primeros seis meses de vida. por lo que la propuesta del Partido Verde Ecologista de México en el estado de Jalisco es  empoderar a la mujer para favorecer la lactancia materna sin actos de discriminación.

Uno de los principales factores que genera un decremento cada vez mayor para que las mujeres dejen de lactar a sus infantes, es la discriminación que sufren en los lugares públicos.

La lactancia materna en público ha sido tema de debate a nivel nacional y mundial, donde se han visto a muchas mujeres en estado de lactancia ser agredidas y discriminadas, por alimentar a sus hijos en espacios públicos como el caso que mencionamos en uno de los párrafos que anteceden mientras que por otro lado gran parte de este problema se debe a factores como la falta de lugares públicos seguros, cómodos y adecuados en donde pueda facilitárseles a las madres alimentar a sus infantes.

Ahora bien, la importancia de amamantar a un infante durante sus primeros seis meses de vida contribuye no sólo al fortalecimiento del desarrollo del sistema inmunológico y en la prevención de ciertos padecimientos tales como, la diabetes, la obesidad, infecciones respiratorias o gastrointestinales, mismas que suelen ser causa de la muerte entre neonatos; sino también a la buena salud de la madre, ya que reduce en ella la probabilidad de desarrollar cáncer de mama o de ovarios y contribuye a la pérdida de peso después del parto.

Ante tal situación de actos de discriminación, es necesario reforzar los derechos fundamentales, a fin de garantizar la dignidad de las mujeres que tienen la necesidad de alimentar a sus hijos en vías y espacios públicos, asimismo, garantizar el derecho a una alimentación adecuada para el desarrollo integral de los niños.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS:

• Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para Reformar el artículo 149 ter del Código Penal Federal para hacer más severas las sanciones a quien insulte o intimide a la mujer, que alimente a través de la lactancia a infantes en espacios públicos.
• La generación de una política pública en la que se pretenda concientizar a la población sobre la importancia de la lactancia materna, misma que deberá de tener como objetivo principal  el erradicar cualquier acto de discriminación hacia las madres que lactan a sus  bebes en espacios públicos

TÍTULO: VIVE SIN VIOLENCIA

VISIÓN: En el Partido Verde en Jalisco estamos convencidos que la base para la integración de una democracia, es el disfrute de los derechos humanos en igualdad de circunstancias, así como la implementación de acciones afirmativas para alcanzar la paridad de género y la sana convivencia entre hombres, mujeres, niños, jóvenes y adultos. Por ello, se deben garantizar los derechos civiles, familiares, económicos, sociales y políticos de todos y de cada uno, pero sobretodo, eliminar todo tipo de violencia y discriminación.

RESUMEN EJECUTIVO:

La desigualdad entre mujeres y hombres, así como la discriminación y violencia, se expresan y se reproducen de manera tácita o explícita en diversos ámbitos de la vida cotidiana, que no solo afecta a las mujeres, sino a la sociedad en su conjunto.

Miles de niños, niñas y adolescentes en el Estado de Jalisco, crecen en un contexto de violencia cotidiana que deja secuelas profundas e incluso termina cada año con la vida de centenares de ellos, ya que de acuerdo con el Informe Nacional sobre Violencia y Salud^[10] de la Secretaría de Salud, de 2000 a  2006, Jalisco ocupa el lugar 7  de niños de  5 a 14 años que fallecieron a causa por la violencia en nuestra entidad; datos que preocupan y que requieren de acciones inmediatas por parte de administración pública estatal.

Gran parte de la violencia que se vive hoy en día, la cual incluye la violencia física, sexual, psicológica, discriminación y abandono, permanece oculta y en ocasiones, es aprobada socialmente. Por ello, el Partido Verde Ecologista de México, en Jalisco está comprometido en promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de hombres, mujeres, niños y adolescentes, con una mirada integral de lo humano, ya que desde la infancia se inculca el respeto y la tolerancia, fomentando a su vez una cultura de respeto para así evitar todo tipo de violencia, incluyendo la violencia interfamiliar.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

La violencia no conoce de género, edad o nivel socioeconómico, por lo que es necesario darle al problema de la violencia la relevancia que tiene y buscar, en conjunto, soluciones que permitan no sólo en el corto y mediano plazo, la reducción de su prevalencia y atención integral de las consecuencias que produce en las distintas esferas de la vida de las personas afectadas y, en el largo plazo eliminarla como forma de relación social entre los integrantes de la ciudadanía mexicana.

La Organización Mundial de la Salud define a la violencia como: “el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.

En los distintos ámbitos de la actividad humana, como trabajo, hogar, escuela, vida social y pública, el impacto de la violencia genera costos. Sólo en el ámbito laboral, la Organización de la Salud distingue costos directos, indirectos e intangibles de la violencia que incluyen desde los años de vida saludables perdidos por discapacidad, ausentismo laboral y escolar, hasta accidentes, enfermedades, disminución de la creatividad y la productividad de las personas que viven en situaciones de violencia.

Las repercusiones en la salud de la población por hechos violentos, ocasionan estrés postraumático o crónico, por lo que personas que viven en hogares donde se dan relaciones de violencia interfamiliar, sufren de trastornos cardiovasculares, digestivos así como, depresión, ansiedad o insomnio, entre otros.

La violencia interfamiliar o doméstica es entendida como aquella que se produce en el ámbito doméstico entre cualquiera de los miembros de la familia e incluye la violencia entre iguales, el maltrato infantil o el generado a personas mayores, discapacitadas o dependientes^[11].

En Jalisco, se ocupa el quinto lugar de violencia doméstica, los porcentajes de personas que sufren de violencia intrafamiliar son los siguientes^[12]:

Lesiones por violencia intrafamiliar registradas por médicos de la Secretaría de Salud de Jalisco

     Año     Lesiones

2010    2652

2011    3360

2012    4010

2013    4129

2014    4090

2015    4825

Asimismo, conforme a datos oficiales de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, el incremento de denuncias en materia de Denuncia Intrafamiliar  ha experimentado considerables incrementos de 2010 a 2015^[13]:

Denuncias reportadas por la Fiscalía General de Jalisco

         Año      Denuncias

2010    3,622

2011    4,280

2012    5,958

2013    4,594

2014    4,576

2015    7,382

Las mujeres, los niños, los discapacitados y los adultos mayores son reconocidos como las víctimas más frecuentes de la violencia doméstica. Cada uno de estos grupos de población presenta características y condiciones que los hacen en particular, vulnerables.^[14]

La violencia física contra los menores existe debido a una aprobación social generalizada respecto al control y castigo de los niños, en un modelo educativo jerárquico que ha otorgado a los adultos el derecho de corregir y disciplinarlos mediante el castigo corporal^[15].

De acuerdo a la UNICEF México, 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes, de entre 1 y 14 años han experimentado algún método violento de disciplina infantil en sus hogares; sin embargo, lo alarmante es que durante el 2015 se registraron 1, 057 homicidios de niñas, niños y adolescentes, es decir 2.8 homicidios cada día.

Asimismo, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco simplemente durante 2016, atendió, 176 casos de maltrato en los que se involucran 309 menores de edad. Se informa por parte de la dependencia de 108 casos de maltrato emocional, 84 de maltrato físico y más de 17 de abuso sexual.   

Por otro lado, la agresividad contra enfermos y discapacitados, mental o físicamente, con frecuencia, es llamada violencia invisible; los individuos con discapacidades y/o enfermos, que dependen del cuidado de otras personas, presentan riesgos de abuso y violencia muy elevados por parte de sus cuidadores quienes, con frecuencia, son miembros de la propia familia. Esto se explica por la alta dependencia que tienen con sus cuidadores^[16].

También la violencia contra los adultos mayores por parte de miembros de la familia es un tema frecuente, pero silenciado. La violencia sea emocional, física, sexual o económica, conlleva sufrimiento y dolor de ese grupo.

Aunado con lo anterior, la violencia que se ejerce contra las mujeres, forma parte de la discriminación de género que existe en todos los ámbitos (desde el hogar y la familia, la escuela, la comunidad en general, en los lugares de trabajo, en las calles, espacios públicos y transporte, en las manifestaciones culturales y en los medios de comunicación); sus manifestaciones son desde la omisión o menosprecio, las burlas y la humillación y amenazas, hasta la agresión física que causa la muerte; que ocurre en cualquier tipo de relación (padres, madre, amigo, pareja, desconocido, jefe, compañero de trabajo, de escuela, etc.), situación que  causa miedo e inseguridad en las mujeres y evita su libre movimiento, actuación y empoderamiento.

Las cifras respecto a la violencia de género en nuestra entidad son alarmantes: En los últimos cinco años, la violencia de género ha pasado de 67.42% a 74.32% en el estado de Jalisco, cifra con la cual se colocó entre las cinco entidades con más violencia contra las mujeres, según las cifras reveladas en noviembre de 2017 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Por rubros, Jalisco se encuentra entre las seis entidades con mayor registro de mujeres víctimas en violencia de pareja: 27.3% de ellas ha sido víctima de algún tipo de agresión por parte de su esposo o novio, lo que representó un aumento desde el 2011. Mientras que en violencia dentro del ámbito familiar Jalisco ocupa el primer lugar con 12.8%, pese a que desde el 2011 se ha registrado un descenso de 10 por ciento.

Respecto a feminicidios en el país, Jalisco es el tercer lugar con 834 homicidios de mujeres cometidos en el 2015. El Estado de México y la Ciudad de México están en primer y segundo lugar, con mil 612 y 935 víctimas registradas.[17]

Según las estadísticas del instituto, 36 de cada 100 mujeres fueron estranguladas, ahorcadas, quemadas o golpeadas con algún objeto o herida con arma punzocortante.

Por ello, el Partido Verde busca incluir en el sistema educativo una materia para combatir todo tipo de violencia; una materia que promueva e inculque conocimientos, capacidades, actitudes y los valores necesarios para producir cambios de comportamiento que permitan a los niños, jóvenes y adultos, prevenir los conflictos y la violencia, tanto la violencia evidente como la estructural; desde preescolar hasta secundaria, incluida la educación para adultos, para que los mexicanos aprendamos a resolver conflictos de manera pacífica; y así, poder crear condiciones que conduzcan a la armonía, tanto a escala interpersonal, como intergrupal y nacional.

EN EL PARTIDO VERDE PROPONEMOS:

• Impulsar desde la legislatura estatal a través de iniciativas de acuerdo legislativo la reforma al artículo 7 de la Ley General de Educación para incorporar como  materia, el combate a todo tipo de violencia; inculcando valores éticos y sociales para erradicar la violencia interfamiliar, de género y discriminación.
• Creación de la campaña “Vivir sin Violencia” que vaya acompañada de acciones concretas que garanticen la protección de los derechos humanos, el respeto y la tolerancia.
• Reformas a la Ley de Educación del Estado de Jalisco, a los reglamentos estatales y a los planes de estudio estatales respectivos, para incorporar materias para combatir y erradicar la violencia, y la discriminación.
•  la generación de políticas públicas preventivas, además de campañas permanentes de cultura y de concientización a la no violencia en coordinación con las dependencias metropolitanas y municipales con funciones en tareas sociales y educativas.

[1] De manera colegiada hace referencia a que, todos los involucrados con los procesos educativos que en ella se generan, participan simultáneamente dentro de un espacio caracterizado por el análisis de asuntos académicos y por las propuestas que puedan surgir entre ellos, lo cual demanda casi siempre la horizontalidad en la interacciones.

[2] El Financiero, 43% de los encuestados afirmó que la solidaridad vista tras sismos de septiembre no va a durar. Grupo Reforma, el 42% de los encuestados no confía que la ayuda llegue a los damnificados.

[3] Los fines de la educación se encuentran estipulados en el artículo 7 de la Ley Federal de la Educación.

[4] La gestión escolar es el conjunto de acciones que se realizan en la escuela para organizar y administrar su funcionamiento, lo cual incluye la manera como se toman las decisiones y se resuelven los conflictos.

[5] La Encuesta Nacional, por su parte, se aplicó en toda la República y se tuvieron respuestas de los estados de Baja California, Colima, Distrito Federal, Aguascalientes, Guanajuato, Puebla, Sinaloa y Zacatecas. Se sistematizaron 172 respuestas de 91 escuelas. CONAPASE, 2015.

[6] http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/data/gender-equality/gender-equality-in-employment_data-00725-en?isPartOf=/content/datacollection/gender-equality-data-en

[7] http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/mmsi/mmsi2017_06.pdf

[8] Principios Para El Empoderamiento De Las Mujeres En Las Empresas, ONU Mujeres. http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2016/empoderamientoweb.pdf?la=es&vs=1405

[9] http://www.cronica.com.mx/notas/2016/976343.html

[10] Secretaría de Salud. Informe Nacional sobre Violencia y Salud. México, DF: SSA; 2006.

[11] Vargas, Horacio. Violencia contra la mujer infligida por su pareja y su relación con la salud mental de los hijos adolescentes. Revista Médica Herediana. 2017.

[12]http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=26212

[13]http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=26212 Nota: Jalisco quinto lugar en violencia doméstica.

[14]Casique, Irene. Vulnerabilidad a la violencia doméstica. Una propuesta de indicadores para su medición. Realidad, datos y espacio revista internacional de estadística y geografía. 2012. Información Disponible en:

http://www.inegi.org.mx/rde/RDE_06/Doctos/RDE_06_Art4.pdf

[15]Ibidem.

[16]Ibidem.

[17]https://www.informador.mx/jalisco/Aumenta-violencia-contra-las-mujeres-en-Jalisco–20171123-0090.html Jalisco en primeros lugares de violencia contra las mujeres.

TÍTULO: POR UN PODER LEGISLATIVO DE TRABAJE MÁS Y DE MEJORES RESULTADOS PARA JALISCO

VISIÓN: El buen ejercicio de la representación política a cargo de los legisladores es un aspecto fundamental para hacer posible el ejercicio pleno de nuestros derechos. Los representantes populares son la voz de los ciudadanos en donde se toman las decisiones más importantes para el país: el Congreso del Estado de Jalisco.

Contar con un poder legislativo vigorizado y con operación eficiente, permitirá hacer leyes conforme a las problemáticas y necesidades vigentes, elaborar presupuestos acordes a la realidad y vigilar el ejercicio de gobierno, acompañando en todo momento las decisiones públicas, además le será posible cumplir con sus funciones de análisis, discusión y deliberación, en torno a los grandes problemas que afectan a la población y de proposición de soluciones a los mismos, que regule las facultades del Ejecutivo y controle su actuación, y en la medida que aglutine a las fuerzas políticas, avanzar en la democracia.

RESUMEN EJECUTIVO:

La creciente pluralidad, competencia y participación política, demandan un equilibrio efectivo de poderes, para también una colaboración democrática e institucional acorde a las demandas poblaciones en nuestra entidad, por ello resulta indispensable una transformación del diseño institucional que permita una coordinación y comunicación que propicie resultados satisfactorios entre los poderes públicos.  Esta visión generara esquemas de gobernanza efectivos y vanguardistas que nos permitirán transitar a un estado moderno y efectivo.

Múltiples análisis, demuestran el deterioro que el poder legislativo jalisciense presenta ante la sociedad y opinión pública, al no cumplir conforme a la percepción ciudadana la tarea fundamental de la representación popular y que está se refleje en los actos de cada uno de los integrantes de dicha representación social, por lo que se requiere una reflexión y planteamiento firme de su conformación  y alcances.

Somos de la firme visión y convicción de contribuir a su mejoramiento y su acercamiento con todos los sectores de la sociedad, dotándolo de las facultades necesarias para que su papel de contrapeso a los demás poderes, la posibilidad de participar activamente en la designación de los funcionarios del gobierno, titulares e integrantes de los organismos públicos autónomos  así como su función representativa, le posibiliten un mayor involucramiento en las acciones dirigidas a la sociedad jalisciense.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

De acuerdo con el informe legislativo del Instituto Mexicano de la Competitividad de 2016, sólo el 17 % de los ciudadanos se siente representados por su Congreso; en Jalisco un Diputado Local representa a 205,609 habitantes, lo que lo convierte en la segunda entidad cuyo legislador representa a mayor número de habitantes; ante ello ha registrado un incremento del 5.2 % real en su presupuesto, y teniendo un costo real por habitante de $ 126.3 al mes por habitante.

Y Aunque se han consolidado importantes temas de la agenda pública y ha existido un satisfactorio esquema de cooperación entre los integrantes de los grupos parlamentarios para definir temas torales como el Sistema Estatal Anticorrupción, la implementación de los mecanismos de participación social, la reforma electoral la cual rige el proceso que ya inició, entre otros temas trascendentes se requiere una modernización en el  marco legal orgánico de este poder para innovar en su funcionamiento y diseño institucional y con ello generar una productividad legislativa que se vea reflejada en acciones de gobierno, beneficios a la población y un desarrollo integral para nuestro estado.

Respecto a la evaluación de transparencia en las finanzas legislativas Jalisco ocupa el séptimo lugar, con un 49% lo que aunque refleja un compromiso demuestra la necesidad de avanzar a través de la modificación de esquemas y sistemas de rendición de cuentas, con la finalidad de generar confianza y legitimidad ante los ciudadanos.

Otro factor a considerar es la productividad en comisiones legislativas, mejorar los procesos de estudio y dictaminación, y valoración de iniciativas con contenido y rentabilidad social para mejorar el desempeño de la función pública y resultados para el bienestar colectivo.

Persisten  en algunos rubros y aspectos la opacidad legislativa, en temas relacionados a la administración de las finanzas y de recursos humanos y materiales de este poder, resulta necesario una plena implementación de sistemas que transparenten dichos recursos y permitan medir los resultados de  cada una de las acciones y decisiones de los legisladores.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS:

• Modificar la Constitución Política del Estado, así como el marco jurídico del Congreso del Estado para ratificar a los Secretarios de Gabinete del Ejecutivo Estatal y promover su remoción, bajo ciertas causales.
• Modificar la Ley Orgánica del Poder legislativo del Estado y su Reglamento para modernizar los procesos de dictaminación de iniciativas de ley y decreto.
• Impulsar la creación e implementación de esquemas institucionales para la rendición de cuentas y transparencia de las finanzas legislativas y rendimiento de los recursos.

TITULO: GOBIERNO DE COALICIÓN

VISIÓN: Generar y fortalecer mayores condiciones de gobernabilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo, mediante el establecimiento del Gobierno de Coalición dentro del sistema político mexicano, donde se tracen y generen las reglas para el seguimiento de un gobierno legitimado por la sociedad.

RESUMEN EJECUTIVO:

Actualmente, las coaliciones electorales son suscritas por los partidos políticos a través de un Convenio de Coalición que es utilizado únicamente como vía para llegar al poder, sin que tenga ningún efecto sobre un programa de gobierno o una agenda legislativa común para lograr consensos en materia de gobierno.

A diferencia de lo que ocurre actualmente donde el gabinete está conformado en su mayoría por integrantes del partido, en un gobierno de coalición las distintas fuerzas podrán contar con representación.

La finalidad del Gobierno de Coalición es que el Ejecutivo, su partido y quienes lo acompañen tengan la obligación de definir de manera conjunta un convenio, un programa de gobierno, la titularidad de las Dependencias de la Administración Pública y una agenda legislativa común.

Existirá una corresponsabilidad en el ejercicio gubernamental y una mayor capacidad para lograr acuerdos entre el Poder Ejecutivo y los partidos políticos representados en el Congreso con los que se suscriba el Convenio de Gobierno de Coalición respectivo.

En resumen, se generarán mayores condiciones de gobernabilidad, logrando que el ejercicio del poder vaya acompañado de eficacia y estabilidad, a consecuencia de una mayor legitimidad ciudadana.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Es innegable que la pluralidad política ha contribuido a generar sociedades cuya polarización se ve reflejada en la integración de sus órganos de gobierno, los cuales, a pesar de ser electos por mayoría de votos, no cuentan con el respaldo de la mayoría ciudadana.

Para el caso de Jalisco en la elección de Gobernador en 2012, nos encontramos que el actual titular del ejecutivo no ha logrado superar el 50% de los  votos, lo que va en detrimento de un ejercicio de legitimidad y confianza de los jaliscienses.

Gobernador

En el mismo caso, nos encontramos las elecciones del titular del Poder Ejecutivo en la Entidad en los años 2006 y 2000:

Gobernador 2006

Gobernador  año 2000

Esto refleja que el ejercicio del Gobierno en Jalisco, ha carecido de una mayoría del 50% de los jaliscienses que han ejercido su derecho al sufragio, lo que nos invita a una reflexión para consolidar un estado basado en la gobernabilidad democrática y la representación autentica.

Ello ha impactado significativamente sobre la fuerza del Poder Ejecutivo Estatal y su interacción e interdependencia con los demás poderes públicos y órdenes de gobierno:

1. Los tres Gobernadores Constitucionales de Jalisco más recientes, han sido electos a pesar de que la mayoría ciudadana no votó por ellos, con el rechazo social que ello supone,

Lo descrito en los párrafos que anteceden demuestra que la democracia mexicana debe dar un paso más hacia su consolidación, pues “en una democracia consolidada se cuenta con un buen número de recursos institucionales para prevenir y, en su caso, enfrentar los problemas de gobernabilidad.”^[1]

Una de las modalidades más viables consideradas para la coordinación permanente entre el Ejecutivo Estatal  y el Congreso de Jalisco, es un gobierno de coalición, donde se trazan y generan las reglas para el seguimiento de un gobierno legitimado por la sociedad.

Parte de las características de los gobiernos de coalición es que se cumpla con la meta común o un conjunto de metas. Para ello, un gobierno de coalición requiere de:

• Comunicación entre gobernantes y gobernados;
• Establecer con esquemas jurídicos los protocolos de comunicación de las políticas públicas;
• Tener un diseño o protocolos pactados para el seguimiento de las políticas públicas;
• Establecimiento de órganos plurales de coordinación para las acciones gubernamentales;
• Especificar la acción entre el gobierno y los grupos parlamentarios que lo apoyan, y
• Compatibilidad entre el impulso de la acción gubernamental y la identidad partidista de los miembros de la coalición.

Es de destacar que la implementación de un gobierno de coalición en el Estado de Jalisco podría generar los siguientes beneficios:

• Doble legitimidad del Gobierno, al existir una configuración institucional entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, de tal suerte que la legitimidad ciudadana plasmada en las urnas se traduce en una legitimidad política entre ambos poderes;
• Apoyo de los grupos parlamentarios y expresiones políticas representados en el Poder Legislativo hacia el Poder Ejecutivo, generando mayores condiciones de gobernabilidad;
• Mayor visibilidad y reconocimiento del gabinete estatal, generando mayores consensos y avances en las políticas públicas, y
• Participación del Legislativo en el nombramiento y cese de los miembros del gabinete, provocando mayor confianza en las instituciones de Jalisco. En resumen, un gobierno de coalición genera un canal de interacción entre el Ejecutivo Estatal y el Congreso de Jalisco, para el bien común y beneficio social, al contar con una mayor gobernabilidad.

Como ejemplo cabe mencionar que el sistema jurídico mexicano vigente contempla la posibilidad de que el Presidente de la República opte por un gobierno de coalición, en los términos siguientes:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

…

XVII. En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición”.

En conclusión, estamos ciertos que en Jaliscodebemos armonizar, conforme a los preceptos de la constitución política de los estados unidos mexicanos para generar un sistema de gobierno de coalición en plena concordancia con la pluralidad política, las necesidades políticas y sociales en la entidad y las demandas poblacionales de los jaliscienses.

EN EL PARTIDO VERDE PROPONEMOS:

• Presentar ante el Congreso del Estado, una Iniciativa que crea la Ley Estatal de Gobierno de Coalición, así como la Iniciativa de  reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, para fomentar una correlación y co-gobierno entre los poderes ejecutivo y legislativo cuando las expresiones políticas representadas tengan a bien integrarlo.
• Que el Gobernador del Estado en cualquier momento pueda optar por un Gobierno de Coalición, cuyo fin principal será el reforzar las instituciones, garantizar mayorías en las decisiones de gobierno, dar  cumplimiento al Programa de Gobierno de Coalición, y promover la gobernabilidad democrática de nuestra entidad federativa, a través de la cooperación política entre las expresiones políticas
• Que el Gobierno de Coalición se regule por un Convenio, un Programa de Gobierno, un Acuerdo de Distribución, Titularidad e integración de las Dependencias de la Administración Pública Estatal,  el cual será suscrito por las expresiones políticas participantes

TITULO: MENOS DIPUTADOS, MÁS PRESUPUESTO PARA TI

VISIÓN: Hacer más eficiente la labor política y legislativa, mejorar la representatividad ciudadana y generar ahorros significativos de recursos públicos, a partir de un replanteamiento del modelo Constitucional para la elección e integración del Congreso de la Unión.

RESUMEN EJECUTIVO:

Se atenderá el reclamo ciudadano de reducir la integración y en consecuencia, los costos del Congreso de la Unión.

Para ello se propone una Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para reducir el número de legisladores de la Cámara de Diputados pasando de 500 a 300 diputados y con ello disminuir en un 40% sus integrantes y la disminución de los legisladores del Senado de la República, pasando de 128 a 96 senadores, reduciendo un 25% de sus integrantes.

La Cámara de Diputados se integrará por 200 diputados por el Principio de Mayoría Relativa y 100 diputados por el Principio de Representación Proporcional.

La Cámara de Senadores, se integrará por 96 senadores, de los cuales, en cada entidad federativa, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos por entidad.

Los 32 senadores restantes serán elegidos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción electoral nacional.

Con esta propuesta, se mejorará la eficiencia del Congreso de la Unión, toda vez que los acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas representadas en él podrán ser asumidos con mayor facilidad.

Ahorros proporcionales a la propuesta de reducción para el presupuestos de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión (40% en la Cámara de Diputados, y 25% en el Senado de la República, derivados de la reducción de sus integrantes en dichas proporciones), el costo anual del Poder Legislativo Federal pasaría de $12,171,404,772 a $7,984,138,751, es decir, un 34.4% menos que el costo de este año, equivalente a $4,187,266,021.

Los ahorros por legislatura podrían ser utilizados para cubrir las asignaciones hechas en el PEF 2017 para la Educación, Medio Ambiente y Salud.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Desde hace tiempo se ha planteado en el ánimo social la exigencia de reducir la cantidad de diputados y senadores que integran el Poder Legislativo Federal, no sólo como medida para el ahorro de recursos públicos sino también para hacer más eficiente la labor política y legislativa.

Si bien la eficiencia de un parlamento no necesariamente depende del número de sus integrantes, es innegable que la clase política mexicana adolece una crisis de desconfianza ciudadana, toda vez que, de conformidad con la Encuesta Telefónica sobre Confianza en las Instituciones, emprendida en 2014 por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, los legisladores y los partidos políticos registran el menor índice de confianza^[2]. Dicho panorama es confirmado por la encuesta nacional en viviendas “México: confianza en instituciones 2015”, realizada por Consulta Mitofsky, en la cual los partidos políticos y los legisladores ocuparon los lugares más bajos de confianza^[3].

Se debe aprovechar la coyuntura económica que atraviesa nuestro país, para dar un paso más en la consolidación de la democracia en nuestro país, haciendo de la Cámara de Diputados, un órgano más eficiente y ponerlo al servicio de los mexicanos, mediante una estructura austera pero suficiente para el digno desempeño de sus actividades legislativas y de control político, a la altura de cualquier parlamento de primer mundo.

La relevancia de la Cámara de Diputados y el Senado de la Republica radica en su papel de representación popular, pues sus integrantes son electos por la ciudadanía para llevar su voz al Poder Legislativo Federal.

En tal sentido, cabe resaltar la integración de ambas Cámaras Legislativas y su representatividad ciudadana, a la luz de una población de 119.53 millones de habitantes, de conformidad con la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía^[4]. Si se toma en consideración que la Cámara de Diputados se encuentra integrada por 500 legisladores y el Senado de la República cuenta con 128 Senadores, es posible inferir que cada legislador representa a 239 mil 06 mil mexicanos.

Comparando a los integrantes del Congreso de la Unión con los parlamentos de otros países, Estados Unidos, Brasil e India cuentan con legisladores que representan a un mayor número de habitantes, mientras que en Francia, España, Alemania y Sudáfrica sus parlamentarios representan a una menor población, tal como se aprecia en la siguiente tabla:

Fuente: Elaboración propia con información de los sitios web de los congresos nacionales de cada país.

No se debe ignorar el hecho de que las nuevas tecnologías de la información han cambiado la manera en que la población interactúa con sus representantes populares, de tal suerte que el diálogo entre legisladores y ciudadanos no se encuentra determinado por la cantidad de diputados y senadores, sino por la eficiencia de medios de comunicación como las redes sociales.

En resumen, está claro que los ciudadanos no se sienten representados por sus diputados y senadores, de tal suerte que se deben realizar las propuestas legislativas necesarias, a fin de reducir el número de legisladores federales, mitigando en la misma proporción el costo para los mexicanos, además de mejorar el funcionamiento del Poder Legislativo Federal.

EN EL PARTIDO VERDE PROPONEMOS:

• Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para reducir el número de legisladores a partir del proceso electoral 2018, replanteando el modelo constitucional para la integración del Congreso de la Unión, con la finalidad de:

1. Reducir su costo operativo, así como los inherentes a su elección;
2. Incrementar la eficiencia de sus trabajos, y
3. Mejorar la representatividad de la ciudadanía.

• Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para reduciría la integración de la Cámara de Diputados, pasando de 500 a 300 legisladores, así como el Senado de la República, pasando de 128 a 96 senadores, de esta forma, quedaría integrada de la siguiente manera:

INTEGRACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

• Redistribuir la integración del Senado de la Republica y la Cámara de Diputados conforme a los principios de mayoría relativa y por circunscripciones electorales, quedando de la siguiente manera:

Para el caso de la Cámara de Senadores, el artículo 56 constitucional establece su integración actual en 128 legisladores, de los cuales 64 son electos por el principio de “mayoría relativa” (dos en cada entidad federativa), 32 son asignados a la primera minoría (uno en cada entidad federativa) y 32 son electos por el principio de “representación proporcional”, a partir de una lista nacional única. En este sentido, queda claro que la composición del Senado de la República busca una representación equitativa del federalismo mexicano, al contemplar tres senadores por cada entidad federativa, además de garantizar la pluralidad en su integración, al distribuir 32 senadores entre los diferentes partidos políticos, con base en la votación obtenida en la elección correspondiente.

A la luz de lo anterior, y bajo la premisa de buscar una reducción en los costos del Poder Legislativo Federal y mejorar su eficiencia, sin que ello suponga sacrificar la representatividad en su integración, el Partido Verde propone eliminar la asignación de senadores a la primera minoría de cada entidad federativa, pues se estima que de esta forma se garantizará, por un lado, el respeto de la voluntad ciudadana expresada en las preferencias por los candidatos electos por el principio de “mayoría relativa”, y por otro lado, la pluralidad en la integración del Senado de la República mediante los senadores electos por el sistema de lista nacional, lo cual ha sido reconocido por la SCJN como función primordial del principio de “representación proporcional”.

Comparada con la integración actual, se propone la siguiente integración de la Cámara de Senadores:

Beneficios:

• Se atenderá el reclamo ciudadano de reducir la integración y, en consecuencia, los costos del Congreso de la Unión.

• Mejorar la eficiencia del Congreso de la Unión, toda vez que los acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas representadas en él podrán ser asumidos con mayor facilidad.
• Ahorros proporcionales a la propuesta de reducción para la Cámara de Diputados (40%) y un (25%) para el Senado de la República.

PRESUPUESTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

• Los ahorros por Legislatura podrían ser utilizados para cubrir las asignaciones hechas en el PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) 2017 para los siguientes conceptos:
• El presupuesto del Programa Nacional de Becas para Educación Media Superior ($4,085,022,553);
• Duplicar los presupuestos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ($1,098,379,965) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ($988,918,921 pesos), o
• Triplicar el presupuesto del Hospital Infantil de México Federico Gómez: ($1, 380, 741,978).

TÍTULO: FIN DEL PRESIDENCIALISMO

VISIÓN: Un México con un sistema semipresidencial donde el Ejecutivo y el Legislativo estén al mismo tiempo separados y unidos.

RESUMEN EJECUTIVO:

En el Sistema Semipresidencial el presidente es autónomo, pero comparte el poder con un primer ministro. Asimismo, el primer ministro procede del Parlamento y debe conseguir su apoyo continuamente. El Poder Ejecutivo se divide entre un jefe de Estado (el presidente de la República) y un jefe de gobierno o primer ministro. Cada uno tiene un origen distinto mientras que el presidente de la República surge directamente del voto popular y el jefe de gobierno es designado por la mayoría parlamentaria.

El presidente de la República nombra al jefe de gobierno, pero siempre atendiendo al partido o a la coalición mayoritaria en el Parlamento. De este modo, en el jefe de gobierno se encuentra la confianza simultánea del jefe de Estado y de la mayoría parlamentaria, en la práctica su permanencia depende casi exclusivamente de esa mayoría.

El primer ministro está comprometido en la lucha política cotidiana, de la cual está exento el presidente. El jefe de Estado mantiene una relación no conflictiva con los dirigentes de los partidos contrarios y favorece el compromiso, la negociación y la moderación de las fuerzas en pugna. Por ello, desempeña una función de árbitro.

La función principal del jefe de Estado es garantizar el funcionamiento regular de las instituciones, y dirige la política exterior, la diplomacia y las fuerzas armadas. Por otro lado, existe el Parlamento organizado en dos cámaras. Ambos surgen del sufragio universal: el Parlamento no depende del jefe de Estado en términos de su elección, ni el jefe de Estado depende del Parlamento. El gobierno surge de la Asamblea Nacional, que puede ser disuelta por el presidente de la República. En términos de Sartori, “[…] un sistema político es semipresidencial si se aplican conjuntamente las siguientes características:

1. El jefe de Estado (el presidente) es electo por el voto popular ya sea directa o indirectamente por un periodo predeterminado en el cargo;
2. El jefe de Estado comparte el Poder Ejecutivo con un primer ministro, con lo que se establece una estructura de autoridad dual cuyos tres criterios definitorios son:

1) El presidente es independiente del Parlamento, pero no se le permite gobernar solo o directamente, y en consecuencia su voluntad debe ser canalizada y procesada por medio de su gobierno;

2) El primer ministro y su gabinete son independientes del presidente porque dependen del Parlamento; están sujetos al voto de confianza y al voto de censura, y en ambos casos requieren del apoyo de una mayoría parlamentaria, y

3) la estructura de autoridad dual del semipresidencialismo permite diferentes balances de poder, así como predominios de poder variables dentro del Ejecutivo, bajo la rigurosa condición de que el potencial de autonomía de cada unidad componente del Ejecutivo subsista.

En este sistema, la disolución del Parlamento es un arma en manos del presidente porque se busca que éste disponga, en la medida de lo posible, de una mayoría parlamentaria afín. El presidente disuelve el Parlamento con base en cálculos políticos, de acuerdo con los cuales esta acción no se puede instrumentar en cualquier momento ni bajo cualquier circunstancia. En otras palabras, aunque no hay límites ni condiciones para disolver el Parlamento, sólo se hace cuando hay circunstancias políticas para conducir a una mayoría propia al Parlamento o cuando, aunque esto no se logre, se trata de disminuir costos políticos a mediano plazo^[5].

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Actualmente, la sociedad no confía en los mecanismos institucionales ni en las personas que los dirigen, tenemos en su mayoría instituciones que no permiten ejercer el gobierno de manera adecuada marginando muchas de las ocasiones las propuestas, acciones y pensamientos de los individuos. Hace falta un cambio que dé un giro completo a la forma de gobierno, una que permita la unión pero el respeto, a fin de recuperar la confianza del ciudadano hacia el gobernante.

Asimismo, es necesario recuperar la confianza de los ciudadanos hacia los partidos políticos, pues hoy en día han perdido capacidad de representación, la cual es cuestionada y no hay credibilidad; los individuos ya no confían en nadie y no quieren saber de nadie, ya que no se sienten representados, hace falta un trabajo diferente que garantice la confianza y la seguridad de acudir a las instancias políticas, legislativas, judiciales y del gabinete del poder ejecutivo.

Ejemplo de un sistema semipresidencial es la Quinta República de Francia, que logró dotar a la estructura institucional de un Poder Ejecutivo fuerte, ya que el presidente de la República es electo por votación universal y directa, el Parlamento no tiene la posibilidad de obstruir la función presidencial ni puede destituirlo. Sin embargo, el presidente sí puede disolver el Parlamento. Aquí la disolución es el mecanismo a través del cual se pretende evitar el imperio de los partidos, así como dar paso a la construcción de mayorías coherentes^[6].

Este sistema tiene dos principios combinados: El Parlamento puede nombrar gobiernos, aunque no tiene nada que ver con el jefe de Estado. Dado que nombra al gobierno (al primer ministro y a su gabinete) tiene también la facultad de destituirlo, es decir, puede censurarlo. De ésta y otras maneras existen mecanismos de control entre Parlamento y gobierno; éste último está sujeto a la vigilancia y al control permanente de la mayoría parlamentaria de la que surge. Esa mayoría puede surgir de un solo partido o de una coalición de partidos. En general, las mayorías legislativas francesas surgen de coaliciones de partidos, de derecha o de izquierda^[7].

Un gobierno semipresidencial es una posible alternativa para solucionar las problemáticas de los gobiernos sin mayoría, como se visualiza con el tránsito del gobierno presidencial que actualmente impera en México.

Acontecimiento que surge desde 1997 cuando el partido hegemónico que por décadas había detentado el poder, pierde su mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, trayendo esta alternancia un resultado sin mayoría.

Después, en las elecciones del 2000, cuando se renuevan ambas Cámaras del Congreso de la Unión, el partido hegemónico que por décadas había detentado el poder tanto del Ejecutivo como del Legislativo, pierde la presidencia de la República y nuevamente la mayoría en el Congreso. Sin embargo, el partido de alternancia obtiene el triunfo del Poder Ejecutivo pero no alcanza la mayoría. Es así como México se ha encontrado con los denominados gobiernos sin mayoría. Y una buena opción es un sistema semipresidencial^[8].

Las diferencias de un sistema presidencial y de un semipresidencial:

Toda vez que los Estados de la Republica son libres y soberanos, es necesario especificar en esta propuesta de cambio de sistema presidencial a un sistema semipresidencialismo que las entidades federativas, adopten la mejor forma de gobierno acorde a sus circunstancias.

EN EL PARTIDO VERDE, PROPONEMOS:

• Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para modificar la forma de gobierno que nos rige como República representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos pero unidos en una Federación, por un Sistema Presidencial, figura que da estabilidad para la celebración de acuerdos, y funciones de un sistema de corte parlamentario. A fin de obtener las siguientes características:
• Que el Presidente se convierta en “Jefe de Estado”, que sea electo por voto popular, ya sea directa o indirectamente por un periodo predeterminado para su cargo.
• Que el “Jefe de Gobierno” será el primer Ministro, propuesto por el Ejecutivo y ratificado por el Legislativo, compartirá el poder ejecutivo con el Jefe de Estado. siendo así una autoridad dual. Es decir, El Jefe de Estado será independiente del Parlamento, no se le permitirá gobernar solo directamente, su voluntad debe ser canalizada y procesada por medio de su Gobierno.
• El primer Ministro y su gabinete son independientes del Jefe de Estado, porque dependerán del Parlamento.
• El primer Ministro y su gabinete están sujetos al voto de confianza y al voto de censura, y en ambos casos requieren del apoyo de una mayoría parlamentaria.
• Iniciativa de Acuerdo Legislativo enviado al Congreso de la Unión para Reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las entidades federativas, adopten la mejor forma de gobierno acorde a sus circunstancias.

[1]Camou, Antonio. Gobernabilidad y democracia. Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, Instituto Federal Electoral, México.

[2] Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Encuesta Telefónica sobre Confianza en las Instituciones, México 2014. Disponible en: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion

[3] Consulta Mitofsky, México, 2015. Disponible en: http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/mexicoopina/item/575-confianza-en-instituciones

[4] INEGI, 2015.

[5] ESPINOZA TOLEDO, Ricardo, Sistemas parlamentario, presidencial y semipresidencial, “Cuadernos de divulgación de la cultura democrática, INE, 2016. Pp. 61-63

[6]Ibídem

[7]Ibídem

[8]VALDÉS ROBLEDO, Sandra, La forma de gobierno semipresidencial como una posible alternativa ante un gobierno sin mayorías, UNAM. Pp. 263-264. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3181/14.pdf